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Un crimen por hora

Publicado: febrero 3, 2025, 3:16 am

Ecuador ha empezado el año con la violencia desatada y una media de 25 homicidios diarios que baten todos los récords establecidos en los años 2023 y 2024. El clima de inseguridad reinante coincide con las elecciones presidenciales que se van a celebrar el domingo 9 de febrero.

En los últimos años, criminales ecuatorianos con nexos con los carteles de Colombia y México y la mafia albanesa, se enfrentan violentamente por el control de las rutas y el mercado de la droga. Las luchas territoriales entre las bandas armadas como Chone Killer y Latin Kings y otra veintena también han influido en el incremento de asesinatos. El país se ha convertido en el más violento de América Latina en los dos últimos años con 8.004 homicidios en 2023 y 6.964 en 2024.

Nunca había habido tantos homicidios en un mes de enero. En 2018 hubo 73 casos de muerte violenta. Los homicidios subieron progresivamente en los siguientes años. La escalada mortífera se produjo entre 2022 y 2024 con 318, 535 y 504 crímenes. Este mes de enero se ha superado los 750 casos, diez veces más que en 2018.

El presidente Daniel Noboa anunció hace un año que el país vivía un «conflicto armado interno» y decretó el estado de excepción en todo el país que renovó en siete ocasiones durante 2024 y que sigue en vigor en la actualidad en algunas provincias y localidades del país hasta principios de marzo.

La luz verde dada a las Fuerzas Armadas para intervenir en los conflictos urbanos en el llamado Plan Fénix no ha frenado la violencia del crimen organizado y las organizaciones humanitarias más prestigiosas, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han denunciado graves violaciones de los derechos humanos.

Noboa, de 37 años, el presidente elegido en las urnas más joven de la historia de Ecuador y que se vuelve a presentar para un nuevo mandato de cuatro años, asumió la presidencia del país el 23 de noviembre de 2023 para un plazo de un año y medio conocido por «gobierno exprés» tras la disolución del parlamento de su antecesor Guillermo Lasso. Con esta decisión, Lasso quiso eludir el juicio político en su contra por supuestamente haber tolerado un presunto desfalco en una empresa estatal y graves acusaciones de malversación de fondos públicos.

Noboa, hijo de Álvaro Noboa, uno de los hombres más ricos de Ecuador que intentó llegar a la presidencia en cinco ocasiones sin éxito, ganó las elecciones prometiendo mejorar la situación económica del país que sufría un gran déficit fiscal y luchar con mano dura contra la violencia que había llegado a cifras insólitas en uno de los países más tranquilos de América Latina hasta hace apenas una década.

Los homicidios habían aumentado un 430% entre 2019 y 2024. En los primeros nueve meses de 2024, la policía ecuatoriana recibió más de 2.000 denuncias por secuestro y más de 10.700 por extorsión. Uno de cada tres ecuatorianos afirma haber sido víctima de la delincuencia.

La decisión de Noboa de renovar el estado de excepción en varias ocasiones no ha sido aceptada por la Corte Constitucional que acusa al gobierno de no proporcionar «información suficiente para justificar la existencia de un conflicto armado interno».

Según Human Rights Watch, «la militarización de las calles y las cárceles, iniciada en enero de 2024, ha provocado graves violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y malos tratos».

Muchas personas han sido privadas de libertad, han sufrido abusos como palizas e incomunicadas durante largos periodos sin asistencia letrada ni médica y se han multiplicados las denuncias de abusos por el uso indebido de gases lacrimógenos, descargas eléctricas, violencia sexual y muertes bajo custodia policial.

Los homicidios de adolescentes entre 15 y 19 años aumentaron un 17% en el primer semestre de 2024 en relación con el mismo periodo de 2023, el año más letal de la historia de Ecuador. Además, se ha incrementado el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de las bandas criminales.

Jueces ecuatorianos han investigado algunas de las violaciones de los derechos humanos y el Comité contra la Tortura de la ONU ha denunciado las condiciones inhumanas de las cárceles. Pero las organizaciones humanitarias también han denunciado la fragilidad del sistema judicial donde existen muchos casos de corrupción y «una escasa capacidad para combatir la impunidad y el crimen organizado».

La Fiscalía General del Estado ha abierto varias investigaciones contra jueces, fiscales y autoridades del Consejo de la Judicatura «por presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, soborno, lavado de dinero, tráfico de influencias y obstrucción de la justicia». Al menos, 15 jueces y fiscales han sido asesinados desde 2022.

En 2024 se documentaron 274 casos de feminicidio y sólo en enero de 2025 ya se han sumado más de 40 casos nuevos, según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo. 129 feminicidios del año pasado estuvieron vinculados a bandas delictivas, «reflejando el vínculo entre el crimen organizado y la violencia de género». Catorce de las víctimas eran mujeres transgénero, once estaban embarazadas y otras cinco habían sido denunciadas como desaparecidas en 2023 y aparecieron sin vida.

La situación económica sigue siendo muy grave. Uno de cada cuatro ecuatorianos vive en la pobreza y este número se dispara en mundo rural donde más de 4 de cada 10 campesinos viven en condiciones lamentables. Más de un 10% de los ecuatorianos viven en la llamada «pobreza extrema» con ingresos familiares inferiores a 50 euros al mes, una cifra que se duplica en las zonas rurales.

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