Publicado: agosto 30, 2025, 6:02 pm
WASHINGTON.- “Estados Unidos ha sido invadido por criminales y depredadores. Te necesitamos para sacarlos. El país te necesita”. El anuncio con la imagen del Tío Sam del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una de las agencias federales más empoderadas en la segunda administración de Donald Trump, para reclutar hasta 10.000 nuevos agentes a sus filas generó un boom inusitado en solo un mes.
Atraídos por un generoso bono inicial de hasta 50.0000 dólares, opciones para pagar o condonar préstamos estudiantiles y otros beneficios, más de 120.000 personas aplicaron en el sitio web del ICE para sumarse a la amplia ofensiva de la Casa Blanca contra los migrantes ilegales, una bandera de campaña de Trump que sigue a toda marcha y promete acelerarse en los próximos meses.
El ICE, con una monumental inyección de fondos y más flexibilidad para sus redadas, registró unas 200.000 deportaciones desde que Trump asumió el cargo, el 20 de enero, y se encamina en 2025 a superar cifras que no se veían desde hacía una década en Estados Unidos; los vuelos de repatriación de compañías privadas a diversos países, sobre todo de América Latina, están en pleno auge; el plan de autodeportaciones recibió un fuerte impulso, y la capacidad del sistema de detención de inmigrantes fue ampliada con el objetivo de acelerar las expulsiones.
El combo entusiasma a la administración republicana, aunque las cifras de deportaciones totales para este año –ya hubo 350.000 entre todas las agencias federales, sumadas a las auto-expulsiones, según estimaciones de expertos- aún quedarían lejos del objetivo que se trazó la Casa Blanca para este año: un millón de expulsados de Estados Unidos, a un ritmo de 3000 por día.
“Esto no implica que no lo lograrán en el segundo o tercer año de gestión, teniendo en cuenta que la ley presupuestaria promulgada por Trump incluye un aumento de 76.000 millones de dólares para el ICE [durante los próximos cuatro años] con el objetivo de aumentar su capacidad de reclutar agentes, comprar aviones, expandir los centros de detenciones y poder dar fondos a otros países para que ayuden en las deportaciones”, señaló a LA NACION Ariel Ruiz Soto, experto del Migration Policy Institute (MPI). “Todo eso puede cambiar el sistema completamente”, añadió.
Se trata de una montaña de fondos sin precedente para una agencia federal que históricamente ha estado subfinanciada, y los funcionarios de la administración Trump se preparan para aprovecharla al máximo. Unos 45.000 millones de dólares serán destinados a aumentar la capacidad de los centros de detención migratoria y contratar agentes, y el resto se destinará a aumentar los operativos de primera línea para arrestar migrantes ilegales y a las deportaciones.
Para el 30 de septiembre, cuando finalice el año fiscal 2025, el ICE podría superar las 300.000 deportaciones. La última vez que la agencia registró un número semejante fue durante la presidencia de Barack Obama, cuando 316.000 personas fueron expulsadas en el año fiscal 2014. En el año fiscal 2024, el último de la administración de Joe Biden, el ICE deportó a 271.000 personas.
“Históricamente, al estar limitado por la disponibilidad de recursos, tales como la cantidad de agentes, camas y vuelos, el ICE priorizó la deportación de criminales. Eso claramente está por cambiar. La nueva asignación presupuestaria a esta agencia representa un punto de inflexión”, dijo a LA NACION Blas Nuñez-Neto, exsubsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional en el gobierno de Biden.
“No me sorprende que hasta hoy no se hayan logrado las metas arbitrarias de deportaciones diarias que demandó Trump, que son irrealistas dado los recursos con los que cuenta hoy el ICE. En un año o dos todo puede cambiar, pero lograr esas metas demandará implementar de forma indiscriminada y a escala medidas que históricamente han sido rechazadas por la mayoría de los norteamericanos, como deportar a personas que no cometieron delitos. Ya estamos viendo indicios de esto y las encuestas muestran el rechazo de la mayoría a esas medidas”, amplió el exfuncionario, de origen argentino.
Reveses
Una reciente encuesta del Pew Research Center reveló que el enfoque general de la administración Trump hacia la inmigración se percibe más negativa que positivamente, con un 47% de los norteamericanos en contra frente al 42% a favor. Y el 54% desaprueba el aumento de las redadas del ICE en lugares de trabajo donde los agentes buscan migrantes ilegales (45% lo aprueba).
La estrategia del gobierno, además, ha enfrentado diversos reveses judiciales. El último fue en la noche del viernes, cuando una jueza federal bloqueó la capacidad de la administración Trump para llevar a cabo deportaciones aceleradas de personas detenidas lejos de la frontera sur, lo que frena, por ahora, uno de los pilares de la campaña del presidente para expulsar migrantes ilegales en forma masiva.
El caso se centró en un cambio de política anunciado durante la primera semana del segundo mandato de Trump, que autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a iniciar deportaciones rápidas, en todo el país y sin procedimientos judiciales, de inmigrantes indocumentados que no puedan demostrar que han vivido en Estados Unidos durante más de dos años.
Estas deportaciones rápidas se han llevado a cabo durante décadas, pero se concentraban en personas arrestadas en la frontera sur o cerca. El gobierno de Trump buscó expandir esta práctica a nivel nacional para acelerar la expulsión de personas arrestadas en zonas más alejadas.
En una opinión de 48 páginas, la jueza Jia Cobb, del Tribunal de Distrito de Columbia, escribió que la administración Trump había actuado en forma imprudente en un esfuerzo frenético por expulsar rápidamente a la mayor cantidad posible de personas, con la probabilidad de violar los derechos del debido proceso y arriesgándose a detenciones injustas.
Un vocero del DHS afirmó que el fallo “ignora las claras autoridades del presidente” y que el organismo estaba “ejerciendo toda su autoridad bajo la ley federal al colocar a los extranjeros ilegales que han estado en el país por menos de dos años en deportación acelerada”.
El ICE, a la ofensiva
El ICE ha sido criticado durante mucho tiempo por algunas de sus prácticas, y los señalamientos se intensificaron este año ante el aumento de los arrestos, algo que incluso enrareció el clima entre los agentes encargados de ejecutar la agenda migratoria del presidente. Actuales y antiguos funcionarios declararon a Reuters que la agencia está lidiando con el agotamiento y la frustración de parte del personal, mientras los agentes luchan por seguir el ritmo de la agresiva estrategia de la Casa Blanca.
En ese marco, el ICE se lanzó a un ambicioso plan de contratación de 10.000 agentes que ya ha generado señales de alarma en activistas, agrupaciones defensores de los migrantes en Estados Unidos y los propios demócratas. Temen que en el corto plazo la estrategia migratoria del gobierno quede en manos de personal no calificado, ante la velocidad con la que el ICE busca aumentar sus filas, de 20.000 a 30.000 empleados, distribuidos en 400 agencias en todo el país. En la actualidad, los oficiales de deportación llegan a 6500.
“Lo último que quieres es alguien sin ninguna experiencia en las fuerzas del orden y entusiasmado por trabajar para el ICE bajo el gobierno de Trump”, expresó Scott Shuchart, un ex alto funcionario de esa agencia durante la administración Biden. “Eso es lo peor de todo”, añadió.
Los oficiales de deportación, quienes tendrían la tarea de ayudar a detener y procesar a inmigrantes indocumentados para su expulsión Estados Unidos, reciben salarios de entre 50.000 y 90.000 dólares por año, dependiendo de la experiencia y el nivel educativo.
“Es difícil contratar a un número tan alto de personas en tan poco tiempo, a menos que se flexibilicen los reglamentos para contratar personas y administrar su entrenamiento para poder llevar a cabo su mandato”, advirtió Ruiz Soto. “Es preocupante si para agilizar contrataciones reducen el entrenamiento que, al final, es lo necesario para desarrollar las operaciones en el terreno”, agregó.
“Todo eso puede llevar a que ocurran más violaciones de derechos humanos de migrantes en Estados Unidos, y que las operaciones sean más peligrosas aún para los mismos agentes”, alertó el especialista. Según datos del Pew Research Center, en 2023 Estados Unidos alcanzó un pico de 14 millones de migrantes indocumentados viviendo en el país.
Solo en la primera semana de la campaña de reclutamiento, el DHS informó haber recibido más de 80.000 solicitudes. Sin embargo, hubo indicios de que la mayoría no cumplía con los requisitos que el ICE buscaba. En cuestión de días, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, funcionaria clave en la estrategia migratoria, anunció la eliminación de los límites de edad, al aceptar solicitantes desde los 18 años y mayores de 40. Anteriormente, las personas que solicitaban empleo en la agencia no podían ser menores de 21 ni mayores de 37 o 40 años, según el puesto.
Tom Homan, el “zar de la frontera” al que Trump encargó “la mayor deportación de migrantes de la historia” en Estados Unidos, afirmó que el ICE no tenía problemas para reclutar nuevos agentes y defendió la decisión de eliminar los límites de edad. “Hay muchos puestos para personas mayores de 40 años. Solo porque alguien llega y tiene 55 años, quizás no pueda portar una placa ni un arma, sin duda puede realizar tareas administrativas y puede identificar objetivos en el equipo de inteligencia”, explicó.
Los nuevos reclutas del ICE se capacitan en el Centro Federal de Capacitación para las Fuerzas del Orden en Brunswick, Georgia, mientras las autoridades buscan duplicar el número de instructores que entrenan a los agentes de deportación y crear centros de menor tamaño en ciudades de todo el país.
Caleb Vitello, que dirige la capacitación del ICE, afirmó a la agencia AP que se redujeron los requisitos de español para acortar la duración de la capacitación en cinco semanas, a la vez que buscó maneras de optimizar las prácticas y que los reclutas las amplíen en las oficinas locales donde estarán asignados. “Todos están entrenados para cumplir órdenes judiciales de alto riesgo”, aseguró.
A fines de julio, el ICE envió un correo electrónico a miles de agentes federales retirados con el asunto “regresen a la misión”. El mensaje prometía que podrían seguir recibiendo sus pensiones incluso cuando comenzaran a recibir un nuevo salario de la agencia.
“El ICE necesita urgentemente refuerzos y sus habilidades, aplicables a otros ámbitos, serán fundamentales para lograr nuestros objetivos”, decía el correo electrónico.
“Es claro que el gobierno hará todo lo que esté a su alcance para cumplir los objetivos de expulsiones que prometió Trump, y en ese camino tememos que aumenten los abusos de los agentes de deportación“, advirtió a LA NACION un activista salvadoreño en Washington, que prefirió resguardar su identidad.
“Lo que creo que estamos viendo ahora mismo es que Trump intenta construir su propia ‘fuerza paramilitar’. Quieren personas cuya primera y máxima lealtad en este puesto sea hacia el presidente”, alertó en The New York Times el periodista Ezra Klein.
Campaña antimigratoria
El gigantesco reto de reclutamiento de la agencia va más allá de la capacitación. La geografía también es un obstáculo. Bajo la administración Trump, el ICE busca arrestar a más inmigrantes para deportarlos en ciudades gobernadas por demócratas, como Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Washington.
En ese marco, el gobierno de Trump está elaborando planes para una campaña antimigratoria en Chicago en los próximos días, que implicaría a 200 agentes de seguridad nacional y el uso de una base naval a las afueras de la ciudad como zona de operaciones, según documentos obtenidos por The New York Times.
Chicago lleva mucho tiempo en el punto de mira del gobierno, y los funcionarios de migración se enfrentaron a las autoridades locales por el estatus como una de las denominadas “ciudades santuario”, que se refieren a lugares que limitan la cooperación con los agentes que buscan deportar a migrantes indocumentados.
Sistema desbordado
Con los nuevos fondos multimillonarios, el ICE se prepara para abordar cada uno de los cuellos de botella de su estrategia. Tricia McLaughlin, vocera del DHS, afirmó que además de la contratación de 10.000 agentes, se crearán 80.000 nuevas camas en centros de detención y 14.000 millones de dólares serán destinados a la expulsión de personas del país. La agencia también pretende ampliar las colaboraciones con los gobiernos estatales y locales en materia de detención.
Con 61.200 extranjeros ilegales actualmente bajo arresto, la administración Trump sobrepasó la capacidad del sistema de detención de inmigrantes, al detener a más personas y liberar a muchas menos bajo fianza, libertad condicional o supervisada, indican los expertos.
Esta es una táctica deliberada para impulsar las deportaciones, afirmó Aaron Reichlin-Melnick, miembro senior del Consejo Americano de Inmigración, porque las personas detenidas tienen más probabilidades de que sus casos concluyan con una orden de deportación.
Detrás del aumento en el ritmo de las deportaciones los expertos detectaron otro fenómeno: el del boom que atraviesan las compañías aéreas que son contratadas para llevar a los expulsados a sus países de origen u otros destinos.
La creciente demanda de transporte aéreo del ICE está resultando lucrativa para aerolíneas chárter privadas, como GlobalX, con sede central en Miami; Eastern Air Express, en Kansas, y la aerolínea de bajo costo Avelo, en Houston, que obtienen millones de dólares con los vuelos, reveló una investigación del Financial Times.
En un memorándum a empleados obtenido por el diario británico, Avelo consideró los vuelos de ICE “demasiado valiosos como para no considerarlos”.
Además, la inyección récord de dinero para el próximo año fiscal podría generar ganancias aún mayores para esas empresas. La división de Operaciones de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del ICE actualmente cuenta con un presupuesto anual de 721 millones de dólares para transporte y deportaciones. Con el nuevo presupuesto de Trump, la agencia planea invertir 3600 millones de dólares adicionales al año en transporte para expulsiones, cuatro veces la cantidad solicitada por el propio ICE en su propuesta de financiación.
Dan Weiner, director del programa de elecciones y gobierno del Centro Brennan, señaló que la “bonanza del gasto” aumenta el riesgo de conflictos éticos. “Aquí habrá muchísimos contratistas privados compitiendo para obtener ventajas. Existen enormes incentivos para usar todas las herramientas posibles para congraciarse con quienes ostentan el poder”, dijo al Financial Times.
El ICE usó por lo menos 110 aviones para transportar migrantes detenidos en más de 5100 vuelos desde que Trump asumió. Estos aviones han recorrido Estados Unidos y varios puntos del planeta -entre ellos, Buenos Aires, para trasladar deportados argentinos-, transportando arrestados entre centros de detención y hacia destinos extranjeros. Hasta ahora no hay datos oficiales sobre cuántos argentinos fueron deportados este año por Estados Unidos.
Tom Cartwright, exejecutivo de JPMorgan devenido en activista migratorio, empezó a rastrear las operaciones aéreas del ICE en 2019. Sus datos, que recopilan información de más de 40.000 vuelos, muestran que la frecuencia aumentó desde la segunda administración Trump, al pasar de un promedio de 600 vuelos mensuales antes de este año a más de 1000 en los últimos meses.
Las cifras de Cartwright incluyen 68 vuelos de deportación militar desde enero, 18 de ellos solo en julio. La mayoría han tenido como destino la prisión norteamericana en la Bahía de Guantánamo, Cuba.
