El Gobierno de España ha aprobado en Consejo de ministros este martes 3 de diciembre un plan, elaborado desde hace casi un año por un comité de 50 expertos , en el que se recogen hasta 107 medidas para proteger a los menores en internet. El estudio remarca, entre otras cosas, la necesidad de imponer s istemas de verificación de edad sólidos a todos los actores del entorno digital que ofrezcan «contenido que pudiera ser nocivo para colectivos vulnerables» -es el caso, por ejemplo, de redes sociales o páginas de apuestas o pornografía- y se aconseja evitar que los menores tengan acceso a cualquier tipo de dispositivo tecnológico -y en cualquier circunstancia- antes de tener, como mínimo, 3 años. El informe aspira a completar el anteproyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales , compartido por el Gobierno el pasado mes de junio. En su interior destaca, efectivamente, que los sistemas de verificación que, evidentemente, deberían ser empleados por cualquier internauta independientemente de su edad para acceder a contenido problemático, tendrán que «respetar la protección de datos de todas las personas usuarias de la red, garantizando que no es posible su identificación, seguimiento o localización a través de internet y asegurando que la acreditación para el acceso a contenidos inadecuados sea anónima para los proveedores de servicios de Internet y terceras entidades». Esta recomendación va de la mano con el desarrollo, por parte del Ministerio de Transformación Digital, de la herramienta de verificación de edad Cartera Digital Beta , que, según ha podido saber este periódico, ya está completamente terminada, pero sigue en fase de pruebas antes de su lanzamiento para todos los usuarios. Para que los grandes gigantes de la pornografía y las apuestas ubicados en el extranjero -es decir, los que cuentan con más usuarios con diferencia – tengan que emplear algún sistema de verificación como el desarrollado por el Gobierno, u otro similar, en el plan se apunta la necesidad de implementar «un mecanismo de bloqueo, mediante órdenes de cese de actividad, que permita, previa autorización judicial, bloquear el contenido nocivo accesible en una plataforma de intercambio de videos establecida en terceros países cuando haya sido sancionada por incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de personas menores de edad». Los expertos también recomiendan evitar la exposición de los niños de entre 0 a 3 años a cualquier dispositivo digital . Más tarde, entre los 3 y los 6 años, solo deberían acceder a las pantallas de «forma puntual y bajo la supervisión de un adulto» para «mantener un contacto social, familiar o cuando se determine por resolución judicial». Además, se recomienda retrasar la entrega de un móvil al menor «lo máximo posible», y que que si tiene uno en su poder entre los 12 y los 16 este debe ser analógico, sin conexión a internet . En caso contrario, los terminales inteligentes y demás dispositivos de los menores tendrían que contar siempre con control parental instalado, para, así, «evitar el acceso (del niño) a contenidos inadecuados, así como gestionar el tiempo de exposición y acceso a través de los contratos familiares de uso de dispositivos para limitar espacios, tiempos de usos (…) garantizando la adopción de medidas de seguridad y de configuración de la privacidad que todo dispositivo digital tiene». Con el fin de proteger a los niños, se recomienda que los padres y demás adultos del entorno del menor intenten evitar el uso de dispositivos en su presencia. Al menos, hasta que el niño cumpla los seis años. El plan apunta que es importante poner coto al uso de tecnología en los centros educativos. De este modo, se destaca que en Educación Infantil «no se utilizarán dispositivos digitales individuales, aunque se permitirá el uso de herramientas didácticas colectivas bajo la supervisión adecuada del profesorado». Eso sí, siempre y cuando el menor tenga al menos 3 años. En Educación Primaria «se priorizará la enseñanza de manera analógica» y en Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica sólo se recurrirá a los dispositivos como «herramienta didáctica, debidamente justificada y supervisada, y atendiendo a la edad del alumnado». Los menores de Infantil y Primaria tendrían, además, prohibido el «uso de dispositivos electrónicos privados» en el centro escolar con fines pedagógicos, solo se permitiría su empleo por «razones excepcionales debidamente justificadas, situaciones especiales de salud o personales». En el caso de los de Secundaria, sí que se recoge el recurso a la tecnología como «herramienta pedagógica y debidamente supervisada» en caso de que sea necesario. Con el fin de evitar riesgos para el menor, también sería recomendable «incluir un etiquetado advirtiendo de los principales riesgos para la salud que conlleva su uso, así como del acceso a contenidos no apropiados para el desarrollo de la infancia y adolescencia». Estas etiquetas deberían aparecer en las pantallas al acceder a una determinada aplicación o dispositivo, «indicando los riesgos para la salud y el tiempo máximo de uso recomendado«. Además, »en los dispositivos en los que el control parental esté activado, la aplicación se cerrará cuando haya pasado este tiempo». El plan aborda, además, la necesidad de prohibir las herramientas basadas en inteligencia artificial capaces de generar imágenes falsas de desnudos. «El problema se agrava cuando las víctimas son menores de edad y las imágenes son realistas, porque en tal caso estaríamos hablando de material de pornografía infantil (virtual)», se expresa en el informe. Durante los últimos meses ha habido varios casos sonados, como el que tuvo lugar en la localidad de Almendralejo en septiembre del año pasado , en los que adolescentes han recurrido a ‘apps’ de esta clase para crear imágenes explícitas de compañeras de escuela. El pasado febrero la UE aprobó una propuesta de regulación para que todas las imágenes y vídeos sexuales en los que aparezcan menores, y que hayan sido creados mediante el empleo de tecnología, pasen a ser considerados como pornografía de menores convencional El grupo de expertos del Gobierno consideran, a su vez, que las cajas de botín o ‘loot boxes’, con las que algunos videojuegos ofrecen bonificaciones a los usuarios a cambio de un pago, también deberían estar prohibidas para los menores de edad. Esta es una vieja aspiración del Ministerio de Consumo, que estuvo cerca de prohibirlas para todos los usuarios, independientemente de su edad, hace dos años .