Publicado: mayo 26, 2025, 3:03 am
El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en la oficialidad del catalán (y del gallego y el euskera, pero estos ya en un segundo plano) en la Unión Europea y España vuelve a poner sobre la mesa el asunto el martes en el Consejo de Asuntos Generales que se celebra en Bruselas. En general, España no tiene los apoyos suficientes para que la iniciativa salga adelante y además en Bruselas consideran que acelerar el tema no es un buen plan si se quiere llegar a buen puerto: los nórdicos son los países que más freno ponen -por cuestiones económicas sobre todo-, pero también otros como Francia o Italia, los cuales pueden encontrarse con reclamos regionales similares a los que se dan ahora en territorio español.
En el tema hay dos claves. La primera son las prisas de Junts. El partido que lidera Carles Puigdemont puso este reclamo sobre la mesa para apoyar la investidura de Sánchez y lleva todos estos meses considerando que no hay cooficialidad del catalán en la UE porque el Gobierno no da el paso: los independentistas consideran que si Sánchez quiere, puede, y por eso parecen cerca de darle un ultimátum. Los cálculos puede ser a cortísimo plazo. Es decir, si el tema no sale adelante para después del verano, el Ejecutivo podría encarar el nuevo curso ya sin contar con el apoyo de los posconvergentes. Esos ‘plazos acortados’ tampoco gustan en los socios europeos, todos ellos adaptados a tiempos más pausados, sobre todo en temas que necesitan cálculos y matices a muchos niveles.
La segunda, la presión que se pone sobre un tema que ya parecía encaminado, aunque avanzaba de manera lenta. Las lenguas cooficiales ya son de uso en las comunicaciones diarias del Parlamento Europeo y el grupo de Lenguas de la Eurocámara, en el que se encuentran Esteban González Pons (PP) y Javi López (PSOE), tiene sobre la mesa esta situación para tratar de convencer, poco a poco, al resto de países. La urgencia del Gobierno por aprobar esta medida contrasta con la dinámica normal en la institución: las cosas llevan su tiempo, y esas presiones que llegan desde Moncloa desvirtúan un debate ya de por sí complejo, además de generar desconfianzas.
¿Dónde está realmente el problema a nivel europeo? En el efecto dominó que pueda causar: varias fuentes confirman que hay un total de 50 lenguas en la UE en una situación similar a la de las cooficiales españolas, y algunas dentro de ese medio centenar tienen cierta ‘trampa’ dadas las circunstancias actuales. Es el caso del turco o del ruso. El primero es un idioma oficial en Chipre mientras que el segundo se emplea en algunos países Bálticos, con minorías. Además, en Bruselas inciden en que las ‘oficialidades’ siempre llegan de manera más o menos lenta, como pasó con el gaélico (que fue el último idioma en incorporarse).
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la Comisión Europea estima que el coste de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea sería de 132 millones de euros, según un informe preliminar. Para llegar a ese cálculo, Bruselas ha multiplicado por tres los 44 millones que cuesta actualmente al año a traducción y la interpretación al gaélico, pero deja claro que debe «llegar a un cálculo más preciso» que todavía no está en condiciones de elaborar, hasta que los Veintisiete acepten la oficialidad de las tres lenguas.
También frena las opciones de acuerdo el temor entre varias delegaciones al encaje legal en los Tratados, aunque España defiende que la oficialidad de estas lenguas está reconocido por su Constitución y expone su introducción en el Congreso de los Diputados; así como el posible «efecto dominó» que podría generar en otros Estados miembro que se abriera la puerta a lenguas regionales. Así las cosas, los socios europeos solicitan el aval jurídico del Consejo y evaluaciones de impacto detalladas sobre los aspectos financieros y administrativos si se cambiara el reglamento, lo que hace casi imposible que el martes se tome una decisión.
De todos modos, ya hay precedentes en el uso de las lenguas cooficiales de España. «Independientemente del estatus legal de las lenguas oficiales de la UE, el Parlamento Europeo, en una resolución en diciembre de 1990, pidió que el catalán fuera una lengua de comunicación entre los ciudadanos y las instituciones europeas (no una lengua oficial)», recuerdan desde la Eurocámara. Siguiendo esta resolución, el Parlamento Europeo, a través de su oficina en Barcelona, utiliza el catalán como lengua de comunicación con los ciudadanos. La oficina utiliza el catalán en sus campañas informativas, publicaciones, comunicados de prensa, página web y redes sociales.
En el pasado se han dado pasos en este sentido, pero no tan ambiciosos como el que se pretende dar ahora. En el 2022 ya el Gobierno español remitió al Parlamento Europeo una petición para que el catalán, euskera y gallego pudieran usarse en los plenos, y la situación se encuentra en un punto muerto hasta ver cómo avanza el asunto en otras esferas; eso sí, al menos el catalán ya se ha empezado a usar en los plenos del Comité de las Regiones y pueden utilizarse también tanto el gallego como el euskera. Al similar sucedió en 2005 durante el Ejecutivo de Zapatero con una petición parecida para la firma de convenios. Entonces el Parlamento se quedó fuera por desacuerdo entre grupos. Sánchez ahora sigue insistiendo, pero el tema parece lejos todavía de desatascarse… y Puigdemont tiene prisa.
