Publicado: abril 23, 2025, 6:08 pm
Una jueza de Manhattan frenó, al menos por ahora, el intento del alcalde Eric Adams de reabrir las puertas de la cárcel de Rikers Island a los agentes federales de inmigración. La resolución —escueta, pero contundente— paralizó los planes municipales para instalar oficinas de ICE dentro del emblemático complejo penitenciario y dejó expuesto un desacuerdo político que escaló hasta los tribunales.
De qué se trata el fallo que paralizó la iniciativa de Adams
La magistrada Mary Rosado del Tribunal Supremo estatal dictó, el 21 de abril de 2025, una orden de restricción temporal que prohibió al Ayuntamiento “tomar cualquier medida” para negociar o firmar un memorándum de entendimiento con el gobierno federal sobre la presencia de agentes en dependencias del Departamento de Corrección. La jueza marcó el 25 de abril como fecha de audiencia para revisar si mantenía, modificaba o anulaba el bloqueo.
Rosado fundamentó su decisión en la necesidad de escuchar a ambas partes: el Consejo Municipal, que demandó al alcalde, y la administración Adams. En un escrito remitido al expediente digital, el abogado municipal Thomas J. Rizzuti aseguró que la ciudad no firmaría ningún acuerdo antes de la vista judicial, un compromiso que la magistrada transformó en orden judicial.
La ruta política: cuál es el trasfondo del fallo y qué tiene que ver Adams en el asunto
El choque entre el alcalde y el Poder Legislativo local se gestó tras una reunión de Adams con Tom Homan, consejero fronterizo del presidente Donald Trump, según explicaron desde The New York Times. Al término de ese encuentro, el mandatario capitalino sostuvo que permitiría a ICE reabrir despachos en Rikers para “investigaciones criminales”, no para deportaciones rutinarias.
- 8 de abril de 2025: Randy Mastro, primer vicealcalde, firmó la Orden Ejecutiva 50, que autorizó la presencia de agencias federales en la cárcel.
- Desde 2014: las leyes de “ciudad santuario” prohibieron a ICE operar en los penales neoyorquinos y dificultaron el traslado de personas sin estatus migratorio a custodia federal.
- Reacción inmediata: agrupaciones defensoras de migrantes, legisladores demócratas y organizaciones de derechos civiles denunciaron que la medida quebraba el espíritu de refugio de la ciudad.
El Consejo Municipal, presidido por Adrienne Adams (sin parentesco con el alcalde), demandó a la Alcaldía y calificó la orden ejecutiva como un “trueque corrupto” con el gobierno federal. Sostuvo que Eric Adams buscó un gesto para que el Departamento de Justicia retirara una investigación penal que lo salpicaba.
Por su parte, el alcalde rechazó la acusación y delegó la negociación en Mastro para, según dijo, “evitar cualquier apariencia de conflicto”.
Entre los puntos centrales de la demanda se destacaron:
- Violación de competencias: el Consejo alegó que firmar un acuerdo con ICE requería su aprobación porque implicaba cambios en la política de seguridad y derechos humanos.
- Potenciales daños: los ediles advirtieron que habilitar oficinas federales facilitaría la deportación de personas detenidas por delitos menores o en prisión preventiva.
- Transparencia: reclamaron acceso a los borradores del memorándum y a la correspondencia con el Ejecutivo nacional.
La jueza consideró que esos reclamos merecían un análisis detallado y concedió la medida cautelar “en interés de la justicia”. De esta manera, el fallo interrumpió el esfuerzo del alcalde por ayudar al presidente Trump con su ofensiva migratoria y recordó que las oficinas de ICE no funcionaban en Rikers desde hace más de una década.
¿Qué se debatirá en la audiencia del 25 de abril que impuso la jueza?
La audiencia del próximo viernes en la sala 442 del juzgado de Centre Street definirá:
- Vigencia de la cautelar: si Rosado extiende, modifica o levanta la restricción.
- Competencia institucional: si la Alcaldía puede firmar el memorándum sin aval legislativo.
- Alcance del acuerdo: los términos exactos sobre acceso, horario y uso de oficinas por ICE.
- Impacto sobre los detenidos: garantías de que los agentes no ejecutarán detenciones civiles.
La defensa municipal deberá convencer a la magistrada de que la cooperación federal no vulnerará las protecciones migratorias vigentes y que el Consejo carece de fundamento legal para bloquear la orden ejecutiva. El Legislativo, por su parte, intentará demostrar que la medida encubre una concesión que abriría la puerta a deportaciones masivas y violaría la autonomía local.
