Publicado: diciembre 31, 2024, 9:00 am
La construcción del nuevo Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz –al lado del que ya funciona–, proyectado como parte de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires en 2018, se convirtió en un punto de tensión política y en un emblema latente de las dificultades para resolver las competencias conjuntas de estas dos jurisdicciones. La obra, destinada a descomprimir la situación penitenciaria y permitir el cierre definitivo de la cárcel de Devoto, se encuentra paralizada desde marzo de 2020, por el quiebre de la armonía entre el exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el entonces presidente, Alberto Fernández.
A pesar del largo derrotero por el que ha transitado esta falta en la gestión, el parate del penal se ha convertido en la última semana en la chispa que detonó el vínculo entre los exaliados: Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. El exalcalde porteño y la actual ministra de Seguridad de Javier Milei se acusan mutuamente de ser responsables de haber dejado inconclusa la obra. Los fuertes contrapuntos públicos entre los dirigentes de Pro comenzaron después de la fuga de 17 presos de una comisaría en el barrio porteño de Liniers. Es que el proyecto carcelario buscaba, además, desagotar las alcaidías porteñas, desbordadas de presos.
Lo curioso de esta sucesión de hechos es que referentes del exgabinete de Fernández defienden el argumento de Bullrich y señalan que la ministra “jurídicamente tiene razón”. Un giro impensado tan solo unos meses atrás. También, un argumento que los libera de culpas.
Los detalles
En 2018, durante los gobiernos de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, se firmó un convenio en el que se estableció un esquema de financiamiento para construir el Complejo Penitenciario Federal V en Marcos Paz, con un costo total de 130 millones de dólares. La Nación, a través del Ministerio de Justicia, comprometió 60 millones de dólares, divididos en dos cuotas: la primera de 30 millones, al inicio de la obra, y la segunda, de igual monto, al alcanzar un 15% de avance, sujeto a la presentación de informes parciales. Estos fondos fueron desembolsados entre 2018 y 2019.
Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires debía aportar los 70 millones de dólares restantes, con la expectativa de financiar parte de este monto mediante la venta del terreno del penal de Devoto, una vez desocupado y rezonificado. Además, la Ciudad asumía la responsabilidad de ejecutar y supervisar los contratos, asegurando el uso adecuado de los fondos y reportando avances periódicos.
Este acuerdo tenía como objetivo crear 2240 plazas de alojamiento para trasladar a los aproximadamente 1800 internos de Devoto, la última cárcel en funcionamiento dentro de la Capital Federal, para avanzar con su cierre, una demanda histórica de los vecinos del barrio.
El terreno liberado en Devoto sería destinado, según el proyecto original, a generar más espacios públicos en la Ciudad. El 65% del terreno liberado sería usado para la creación de espacios públicos, mientras que el 35% restante será utilizado para la construcción de viviendas.
Sin embargo, la construcción en Marcos Paz –avanzada en un 75% aproximadamente– fue suspendida en marzo de 2020 por el gobierno de la Ciudad por sucesivos roces con la administración de Alberto Fernández. Es que si bien durante los primeros meses de gestión el vínculo entre Rodríguez Larreta y el Presidente atravesó una luna de miel, la armonía fue breve. Un motín de la policía bonaerense llevó a Fernández a aumentar los fondos destinados a la provincia para atender las demandas salariales. Para financiar esta medida, se recortó la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires, reduciéndola del 3,5% al 1,4%. La decisión, argumentada como una redistribución para corregir desigualdades, fue cuestionada por Rodríguez Larreta, quien la calificó de unilateral y perjudicial para la autonomía porteña. El jefe de gobierno porteño presentó una demanda ante la Corte Suprema, donde avalaron su reclamo.
“Incumplieron los convenios”, resumió un referente del exgabinete porteño sobre el recorte en la coparticipación. “Por eso, pedimos al gobierno nacional una ratificación del acuerdo para la construcción del nuevo penal”, sumaron. Un funcionario de Fernández confirmó a LA NACIÓN esta exigencia de la Ciudad, a la que se negaron. “No íbamos a ratificar algo que estaba vigente, era un disparate”, consideró. La convicción de Rodríguez Larreta de que Fernández no cumpliría sus compromisos paralizó definitivamente la construcción, que hoy vuelve a ser foco de conflictos.
Esta puja, basada en desconfianzas mutuas, se dio durante la pandemia de Covid-19, que exacerbó la crisis carcelaria en la Argentina. El hacinamiento en los penales y las comisarías alcanzó niveles críticos, lo que llevó a la Justicia a otorgar prisiones domiciliarias a cientos de detenidos para reducir el riesgo de contagio. Esta decisión generó controversias y temor en la sociedad, ya que algunos de los beneficiados eran delincuentes reincidentes o condenados por delitos graves.
En ese contexto, el Servicio Penitenciario Federal decidió no aceptar más presos en Devoto, debido al riesgo sanitario. En paralelo, el Gobierno de Fernández sostuvo que la Capital Federal, y no la Nación, debía hacerse cargo de alojar a los detenidos en la Ciudad. Esta situación tensionó aún más el vínculo entre las administraciones, cuyo conflicto se repite en la actualidad incluso con gobiernos de colores políticos más afines, como Pro y La Libertad Avanza.
“Definimos un plan para recibir 100 detenidos por semana en cárceles federales”, precisó un exfuncionario del gobierno de Fernández a LA NACION. Y agregó: “La Ciudad tendría que haber tomado la decisión de crear un servicio penitenciario propio, como en el resto de las jurisdicciones”.
Lo cierto es que el retraso en la construcción del penal de Marcos Paz impactó en la capacidad del sistema penitenciario para afrontar la emergencia. Mientras las cárceles federales luchaban por manejar la sobrepoblación, las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires se vieron desbordadas, aumentando las fugas y los conflictos internos.
Pases de factura
Fue justamente un hecho reciente de estas características lo que detonó la bomba entre los dirigentes de Pro. “Larreta en 2022 dejó de construir la cárcel que tenía que construir. Entonces, hoy hay dispersos presos por todas las comisarías, lo que saca policías de la calle, resta seguridad a la ciudadanía y suma problemas”, había dicho la ministra en una entrevista radial para despegarse de la fuga de 17 detenidos el 24 de diciembre.
Bullrich asegura que la Nación cumplió con su parte al aportar 60 millones de dólares entre 2018 y 2019, y señala que la Ciudad tenía fondos garantizados por la venta del terreno de Devoto, pero paralizó la obra en 2020 y no cumplió con el plazo de entrega previsto para diciembre de ese año. Por su parte, Rodríguez Larreta argumenta que la construcción del penal es una obra nacional que debía ser financiada con fondos federales, y que entre 2019 y 2023 no recibió transferencias para avanzar, ni tampoco la titularidad de los terrenos de Devoto para solventar los trabajos.
“Por esa cárcel te dieron nada más ni nada menos que el terreno de la cárcel de Devoto. ¿Y qué hiciste? Nada. Te quedaba terminar la mitad ¿y qué hiciste? Nada”, acusó Bullrich a Rodríguez Larreta. “Acumulaste presos en las comisarías que hoy desbordan las calles porteñas. Ya está. Ahora nosotros ya lo arreglamos. La cárcel se termina el año que viene, y la termina la Ciudad, tal como era el pacto, y transferimos los presos tal como la autonomía reclamaba”, concluyó la ministra a través de X.
De hecho, en la resolución 254/2024 del 17 de abril, firmada por Bullrich, la ministra prorrogó la emergencia penitenciaria que rige desde la pandemia del Covid-19, y aseguró que la obra del nuevo penal de Marcos Paz “fue suspendida de manera unilateral por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, incumpliendo los compromisos asumidos en el convenio mencionado”.
Por su parte, el exalcalde negó parte de las afirmaciones de la funcionaria nacional y desmintió la transferencia a la Ciudad de la titularidad de los terrenos de la cárcel en territorio porteño. “Si los fondos estaban, ¿entonces por qué se perdió un año sin poner un solo ladrillo? No discutamos más. ¡Terminen la obra!”, razonó Larreta sobre el primer año de gestión libertaria.
