Publicado: octubre 7, 2025, 8:13 pm
Un anteproyecto de ley para regular el uso de suelos en la provincia de Buenos Aires, impulsado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales bonaerense (Ciafba), despierta polémica entre entidades rurales.
En las últimas horas, la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) sumó su preocupación por la iniciativa que ya había sido duramente cuestionada por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).
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El texto, presentado en el Senado bonaerense, propone un “cuidado integral del suelo y del agua de uso agropecuario o forestal”.
Entre otros puntos, busca establecer prácticas obligatorias, planes de uso y manejo aprobados por el Estado, y la creación de distritos de cuidado y consorcios.
Desde el sector agropecuario alertan que estas medidas podrían habilitar un fuerte avance del Estado sobre las actividades rurales y la propiedad privada.
Crece la resistencia al anteproyecto en el Senado bonaerense
En un comunicado, la CAIR manifestó “un amplio llamado a todas las instituciones afines al mercado rural con el fin de no generar situaciones que atenten contra el desarrollo y crecimiento de nuestro país”.
La entidad remarcó que “nadie se puede subrogar el derecho a legislar sobre el buen uso del suelo, subestimando a las fuerzas del campo y de los productores”, y pidió a los legisladores bonaerenses que desestimen el proyecto.
Además, la Cámara reafirmó su posición sobre el rol del sector privado en el desarrollo económico: “El crecimiento de la República Argentina solo será posible con las fuerzas individuales de los trabajadores que apuestan a la producción basados en el conocimiento, la creatividad y la inversión permanente. Solo se necesitan reglas claras y seguridad jurídica que perduren en el tiempo”.
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CARBAP fue una de las primeras entidades en expresar su rechazo a la propuesta. Sostuvo que el texto “avanza sobre la propiedad privada de los productores imponiendo controles, sanciones y burocracia que nada aportan al cuidado real del recurso”.
Entre los diez puntos críticos que enumeró CARBAP se destacan la obligatoriedad de aplicar prácticas definidas por el Estado, la posibilidad de que se definan “suelos aptos” con criterios oficiales que dejen tierras improductivas, y la obligación de elaborar planes de uso cada cuatro años con firma profesional. También cuestionaron la creación de nuevos fondos, sanciones severas y la expansión de estructuras burocráticas que podrían aumentar la injerencia política sobre las decisiones productivas.
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Mientras tanto, en la Legislatura bonaerense el debate recién comienza, y se espera que en las próximas semanas se intensifiquen las reuniones y pronunciamientos en torno a un proyecto que divide aguas en la provincia más productiva del país.
