Publicado: marzo 31, 2025, 11:32 am
En un nuevo golpe contra la economía de Venezuela, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha notificado a los socios de la petrolera estatal venezolana PDVSA —entre ellos la española Repsol— que sus permisos para exportar crudo y derivados del país latinoamericano, otorgados durante la Administración de Joe Biden, quedan cancelados.
Aunque la mayoría de estas petroleras (la estadounidense Global Oil Terminals, la italiana Eni, la francesa Maurel & Prom o la india Reliance Industries) ya habían suspendido las importaciones de petróleo venezolano después de que Trump impusiera un arancel del 25% a los compradores de crudo y gas venezolano, Repsol y Reliance, con gran presencia en Estados Unidos, habían solicitado la autorización para operar en Venezuela y evitar incurrir en sanciones.
Ahora, las empresas tienen hasta finales de mayo para liquidar las operaciones en el país tras una decisión pensada para sancionar y presionar al gobierno Venezolano, en un momento en el que, además, la batalla contra la migración ha avivado las tensiones entre ambas potencias. Pero, ¿por qué Estados Unidos tiene la autoridad para revocar estas licencias?
Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela
Empecemos por el principio. Repsol y otras compañías petroleras necesitan permiso del Gobierno estadounidense para exportar crudo de Venezuela debido a las sanciones impuestas en 2019 desde Washington al régimen de Nicolás Maduro. Estas prohíben la mayoría de transacciones con la empresa estatal venezolana PDVSA, incluyendo la exportación de su petróleo, salvo que se cuente con una licencia específica del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Sin embargo, en octubre de 2023, el Gobierno de Joe Biden flexibilizó de manera temporal estas sanciones, permitiendo que empresas extranjeras como Repsol, Eni (Italia) y Chevron (EE.UU.) operaran en Venezuela bajo ciertas condiciones y compromisos democráticos por parte de Maduro. Pero, ¿tiene Estados Unidos tiene poder para sancionar a las compañías extranjeras que incumplan sus límites?
Efectivamente, Estados Unidos tiene la capacidad de imponer sanciones y restricciones a empresas extranjeras que operen en Venezuela, sobre todo si estas están involucradas en actividades que considera contrarias a sus intereses o en violación de sus leyes. Esto es posible debido a su poder financiero y la influencia del dólar en el comercio global.
¿Por qué puede EEUU imponer sanciones a terceros por operar en Venezuela?
El poder económico de Estados Unidos es el principal motivo por el que el país puede prohibir a empresas de terceros operar en Venezuela. Así podríamos resumir su influencia:
Las sanciones que Estados Unidos impone a empresas extranjeras que hagan negocios con entidades sancionadas como PDVSA en Venezuela se conocen como sanciones secundarias. Así, si una empresa no estadounidense usa el sistema financiero de EE. UU. puede ser penalizada.
Además, hay que tener en cuenta que la mayoría del comercio mundial de petróleo se realiza en dólares y pasa por bancos que tienen conexiones con el sistema financiero estadounidense. Por eso, si una empresa como Repsol usa dólares o tiene bancos en EE.UU. para operaciones con Venezuela, Washington puede bloquear la transacción o sancionarla.
Por tanto, aunque Estados Unidos no puede prohibir directamente a una empresa extranjera operar en Venezuela, sí puede influir en su capacidad de hacerlo mediante sanciones y restricciones.
La herramienta clave de EEUU: la Ley de Sanciones Internacionales
Todas estas sanciones se pueden lograr a través de leyes como la Ley de Sanciones Internacionales (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) o leyes específicas como la Ley de Sanciones contra Venezuela(Venezuela Sanctions Act), que permiten a EE. UU. imponer sanciones a individuos, empresas o gobiernos extranjeros que estén involucrados en actividades que apoyen el régimen de Nicolás Maduro, por ejemplo.
Por su parte, hace apenas unos meses Venezuela aprobaba una ley que persigue por traición a la patria a quienes apoyen las sanciones internacionales. Se trata de la Ley Simón Bolívar, un instrumento que prevé penas de hasta 25 años de cárcel, inhabilitación política vitalicia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, o invocado o respaldado, la aplicación de sanciones internacionales en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
