Publicado: febrero 12, 2025, 3:01 am
El ajustado resultado electoral con apenas una diferencia de 24.000 votos (96% del escrutinio) entre Daniel Noboa, actual presidente y candidato de Acción Democrática Nacional (ADN), y Luisa González, líder del izquierdista Movimiento Revolución Ciudadana (MRC), va a obligar a luchar por cada voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales previstas para el 13 de abril.
En los dos próximos meses, los dos candidatos tendrán que tejer una serie de alianzas con los 14 partidos minoritarios que han quedado fuera de la liza política y que suman entre todos casi un millón doscientos mil votos, un 11,5 del 83,4% de los votantes que acudieron a las urnas.
Además, se contabilizó un 2,16% de votos blancos y un altísimo 6,8% de votos nulos, posiblemente por la complejidad de un proceso electoral en el que había que rellenar cuatro papeletas para elegir al presidente de la República, los parlamentarios estatales, los locales y los que formarán parte del Parlamento Andino.
En definitiva, dos millones de electores, un 20% de los que votaron de un censo electoral de 13,7 millones, se decantaron por los partidos minoritarios, votaron en blanco o su voto quedó anulado.
Pachakutik, movimiento de unidad plurinacional y político ecuatoriano de tendencia indigenista nacido en noviembre de 1995, liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), es clave para decantar el resultado final gracias a sus 525.000 votantes (5,3%). Pero el lunes, Leónidas Iza, su candidato presidencial, anunció que exigiría a los dos candidatos «paciencia para escucharnos y entendernos» y sus votos no se los iba a regalar a nadie.
La izquierdista Luisa González se presenta como apadrinada y bajo el liderazgo del ex presidente Rafael Correa, que gobernó el país durante una década (2007-2017), y que se encuentra exiliado en Bélgica por una condena de ocho años por corrupción y sobornos que involucraron a empresas nacionales e internacionales como la brasileña Odebrecht. Una trama de corrupción que golpeó a presidentes, ex presidentes y funcionarios de 14 países, la inmensa mayoría de Latinoamérica.
Algunos analistas que simpatizan con Luisa González, incluida una persona que trabajó estrechamente con Rafael Correa en sus primeros gobiernos y acabó rompiendo con él, comentaban este martes a este diario con ironía que lo mejor que podría hacer la candidata izquierdista «es ponerle un bozal a Correa durante los dos próximos meses» para evitar que “su influencia maligna” pueda desarbolar su estrategia electoral. Una especie de «¿Por qué no te callas, Correa»? a la ecuatoriana.
Su única opción de ganar es buscar un acuerdo con Pachakutik y con otras fuerzas minoritarias de izquierda que suman más de la mitad de ese electorado que decidió apoyar a otras fuerzas minoritarias.
El movimiento indígena estrechó lazos con Correa en sus primeros gobiernos hasta que las críticas a su gestión se intensificaron y la alianza se rompió. En la última década la desconfianza se ha acrecentado y, ahora en una etapa política muy polarizada, Luisa González tiene que reanudar el diálogo con los indígenas y demostrarles que no es un simple títere del ex gobernante.
Durante el gobierno de Correa se cerraron radios indígenas, escuelas comunales, se perjudicó la educación bilingüe, se les acusó de “terroristas” por colapsar las carreteras en las protestas y “se les intentó modernizar sin tener en cuenta la complejidad de un mundo ancestral con sus propios liderazgos y relaciones humanas entres sus miembros muy distintas a las nuestras”, tal como lo recuerda el ex asesor de Correa.
Luisa González tendrá que demostrarles que puede ser la presidenta de un gobierno amplio de izquierdas sin el tutelaje permanente de Correa y que la consistencia ideológica no puede estar fiscalizada por el autoritarismo y el personalismo excéntrico demostrado por su predecesor.
En las últimas tres décadas todos los presidentes han tenido que enfrentarse a paros indígenas vinculados a los conflictos en sus tierras ancestrales, el derecho a la educación intercultural bilingüe, la liberalización de los precios de los carburantes o como rechazo a la economía de mercado y las políticas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Algunos de ellos renunciaron por las protestas indígenas, a veces refrendadas por los sectores populares, otras por los militares.
Daniel Noboa, por su parte, tendrán que demostrar que puede desarrollar una legislatura de cuatro años que ponga fin a la gran tragedia actual de Ecuador: la violencia protagonizada por bandas criminales vinculadas a los carteles del narcotráfico mexicanos, colombianos y albaneses que ha convertido al país en el más violento de América Latina.
El presidente ha protagonizado una campaña electoral muy folclórica con grupos musicales formados por jóvenes muy ligeras de ropa, mucha red social, especialmente Tiktok en busca del voto juvenil, y apenas una relación directa con su electorado. El cierre de campaña en Quito de la pasada semana duró tres horas y Noboa apenas dedicó unos minutos a la más pura retórica superficial.
Una segunda oportunidad
La violencia ha obligado a los candidatos a ser cuidadosos en sus desplazamientos. Las amenazas de muerte han cancelado los mítines en algunas zonas del país. Nadie olvida el asesinato del periodista y político Fernando Villavicencio ocurrido el 9 de agosto de 2023, a tan solo once días de las elecciones presidenciales. Su asesino iba vestido con la camiseta, el gorro y el pañuelo de la campaña para camuflarse entre los simpatizantes.
Muchos ciudadanos admiten que Noboa sólo lleva catorce meses en el cargo y se encontró con una situación de violencia inédita en el país. Necesita una nueva oportunidad. Es el candidato del oficialismo frente al “correismo” y va a usar el poder del Estado para hacer campaña, como ya hizo en la primera vuelta, según denuncias de partidos opositores.
Los resultados de su gestión no han sido inmaculados. La declaración oficial de «conflicto armado interno» y del estado de excepción, renovado cada dos meses y que todavía afecta a algunas provincias y ciudades, no consiguió mejorar la seguridad. Es cierto que el número de homicidios descendió un 15% en 2024, pero ha vuelto a subir a partir del inicio de este año con cifras de un crimen por hora. Los cuerpos de seguridad han sido acusados por prestigiosas organizaciones internacionales de continuas violaciones de los derechos humanos.
