Publicado: agosto 19, 2025, 10:00 am
La polémica por la decisión del gobierno porteño de demoler el puente de Ciudad de La Paz-Soler, que une los barrios de Colegiales y Palermo, iba a tener otro capítulo hoy, cuando estaba previsto que se reuniera el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) para analizar si levanta o no la protección patrimonial del viaducto. Sin embargo, anoche se informó una nueva postergación del debate, que ya es la cuarta. Más temprano, una larga lista de vecinos, ONG y especialistas en patrimonio habían presentado una carta para solicitar a los consejeros “que cumplan con su función primordial de defender el patrimonio urbano“. En total, la carta fue firmada por 50 especialistas en arquitectura y preservación patrimonial, y por 637 vecinos. Entre ellos, los líderes del reclamo: Felipe Aguirre, Paula Gómez Ortega, Luciano Monza, Esteban Caram y Patricio Ortega.
El conflicto se remonta a mediados de julio, cuando los vecinos se pusieron en alerta tras detectar una licitación de Autopistas Urbanas SA (AUSA) para demoler el puente centenario y erigir una estructura nueva en su lugar. Para esto, la empresa del gobierno de la ciudad encargada de los trabajos solicitó que se lo descatalogara, eliminando de esa manera la protección que, hasta ahora, todavía rige sobre el viaducto.
El pedido fue presentado ante el CAAP, que está integrado por 13 instituciones y dependencias oficiales, bajo la presidencia de Cristina Giraud, titular de la Dirección General de Interpretación Urbanística (Dgiur) porteña, y es el órgano con competencia para decidir si mantiene o no la protección como bien patrimonial. AUSA alega que es necesario removerlo por una cuestión de seguridad, porque debajo pasa el ferrocarril, y porque el estado en el que se encuentra hoy no habilita el paso de ambulancias o bomberos.
En las últimas semanas, hubo varias movilizaciones de vecinos para defender al centenario puente, que fue reinaugurado hace cuatro meses tras haber permanecido cerrado al tránsito durante dos años. Las organizaciones vecinales defienden su valor patrimonial y la identidad del barrio, y denuncian que se aceleraron los tiempos para intentar eliminar la protección que impide su remoción, al remarcar que hoy el viaducto está habilitado para tránsito liviano y paso ocasional de ambulancias y autobombas.
Para hoy se había fijado una nueva cita tendiente a que el CAAP definiera si levanta o no la protección patrimonial que recibió el puente en 2016, a cien años de su construcción. La primera fecha para hacerlo fue el martes 29 de julio, cuando pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 5 de agosto, luego de que los representantes de las instituciones manifestaran su oposición a la propuesta del gobierno de Jorge Macri. Ese día se postergó nuevamente para el 12, cuando por tercera vez volvió a posponerse para hoy. Y anoche, la convocatoria sufrió otra dilatación, según pudo confirmar LA NACION.
“Por la presente Carta Abierta, les solicitamos que cumplan con su función primordial de defender el patrimonio urbano, y no cedan a las presiones del gobierno porteño, que ha logrado varias postergaciones de la reunión del Consejo mientras busca ‘convencer’ a sus miembros que voten la descatalogación del puente”, inicia el documento que organizaciones y vecinos presentaron más temprano ayer.
Los firmantes recurren, también, a un informe de julio de 2024, realizado por Claudio Cané, director general de Ingeniería y Arquitectura de la Ciudad, en el que informaba al jefe de la Comuna 14 que los resultados de los estudios en curso arrojaban que “la estructura es susceptible de ser rehabilitada”.
Y continúa detallando: “Sin embargo, en la reciente reunión en la que se trató la situación del puente, AUSA evitó mostrarle al CAAP el citado informe del director general de Ingeniería y Arquitectura, y lo sustituyó engañosamente por un PowerPoint con unas pocas fotos viejas de la estructura, tomadas con anterioridad a su restauración y rehabilitación, con el propósito de convencer a los miembros que votaran su descatalogación”.
Ana Bas, presidenta de la agrupación Basta de Demoler (BDD), dijo en diálogo con LA NACION: “Ante la inminente reunión para revisar lo que el CAAP ya decidió proteger el 25 de octubre de 2016, queremos recordarle a los integrantes del Consejo que fue creado en 1997 para difundir y promover aspectos relacionados con la protección del patrimonio urbano, y para opinar en la elaboración de pliegos para las privatizaciones, concesiones y obras que encare el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de asegurar la protección del patrimonio edificado”.
Tras la reunión fallida del martes pasado, el miércoles entró en escena la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que se sumó a la solicitud de que el puente sea reemplazado. Pero los firmantes aseguran: “[En realidad] fue AUSA que en su oportunidad le informó a la CNRT que demolería la estructura por cuestiones de seguridad, sin presentarle opciones de rehabilitación, por lo que ahora el organismo nacional del transporte le recuerda que debe cumplir con ese compromiso”.
Por último, remarcan que el puente de Ciudad de La Paz tiene valores históricos, paisajísticos, económicos, sociales e identitarios. Por todo esto, solicitan al CAAP que actúe con “prudencia”, que ratifique la protección patrimonial, y al gobierno y AUSA que “implementen buenas prácticas tendientes a su rehabilitación”.
“Al demolerlo, el puente histórico se pierde para siempre y, con él, la memoria, el recuerdo y la identidad del barrio de Palermo, el que se verá afectado además por la habilitación de la circulación de vehículos de gran porte en una zona tranquila de la ciudad, cuyo trazado no lo soporta”, suman.
Por su parte, Bas remarcó que en 2020 el gobierno porteño realizó un pedido de informes que proponía una solución para rehabilitar el puente: “Dado su gran valor patrimonial y lo que significa como parte del paisaje urbano en la vecindad, el puente no puede ser retirado ni reemplazado. El CAAP debería concentrar sus esfuerzos en ratificar su protección, solicitar a AUSA y al gobierno de la ciudad que implementen las buenas prácticas para su rehabilitación y las recomendaciones internacionales para este tipo de operaciones, como se hace en otras partes del mundo con los puentes centenarios que funcionan y son el orgullo de las ciudades”.
En la misma línea, Marcelo Magadán, arquitecto especialista en patrimonio, hizo énfasis en que la “misión” del CAAP es “garantizar la salvaguarda de un bien cuyos valores históricos, paisajísticos, tecnológicos, simbólicos, etc., ya habían sido considerados al incluirlo en el catálogo de bienes protegidos”. Dado que las reuniones de este consejo son cerradas, el especialista y los demás firmantes consideraron esencial presentar la carta como una “vía” para hacer llegar su posición: “Aunque en medio de este proceso han recibido a representantes de AUSA, quienes presentaron documentación sesgada para impulsar la descatalogación. Esta se basa en un informe que da cuenta de la situación estructural del puente a la par que deja en claro que el mismo tiene valor histórico, planteando una solución creativa que compatibiliza la seguridad con la preservación. No sabemos por qué razón se descartó esa solución y –después de haber invertido fondos en reforzar el puente y reabrirlo a la circulación– hoy el GCABA insiste en que la única solución es demolerlo”, concluyó.
Ahora, tras la postergación informada anoche, la respuesta del CAAP sobre el polémico pedido del gobierno porteño vuelve a quedar demorada.
Además de Bas y Magadán, entre los principales firmantes especialistas se encuentran:
• Andreína de Luca de Caraballo, presidenta de la Fundación Ciudad;
• Ramón Gutiérrez, arquitecto (UBA), investigador Conicet y profesor universitario especializado en patrimonio cultural;
• Graciela Viñuales, arquitecta (UBA), investigadora Conicet y profesora universitaria especializada en patrimonio cultural;
• Daniel Schavelzon, doctor en arquitectura, investigador, exdirector del Centro de Arqueología Urbana (FADU-UBA) y exinvestigador superior Conicet;
• Sonia Berjman, doctora en Filosofía y Letras y doctora en historia del arte, historiadora de la Ciudad (declarada por la Legislatura), especialista en patrimonio y paisaje;
• Natalia Karbabian, arquitecta, artista y creadora de “Ilustro para no Olvidar”;
• Fabio César Márquez, licenciado en diseño del paisaje; director de proyectos de la Asociación Cultura Abasto;
• Ernesto Falzone, ingeniero, profesor de la Tecnicatura Material Rodante Ferroviario (UTN) y miembro de la Asociación Amigos del Tranvía;
• Mónica Lacarrieu, doctora en antropología social Conicet-UBA;
• Franca González, cineasta documental;
• Agustín Mendilaharzu, diseñador de imagen y sonido (FADU-UBA), autor y director de teatro y cine, docente de la Universidad del Cine;
• Verónica A. Benedet, arquitecta (FADU-UBA) y doctora en patrimonio construido (Universidad del País Vasco); investigadora posdoctoral Cátedra Unesco Paisajes Culturales y Patrimonio (UPV/EHU); miembro del Grupo de Investigación en Patrimonio Construido (GPAC-UPV/EHU);
• Susana Malnis, arquitecta, cátedra Unesco de Turismo Cultural;
• Enrique Madia, arquitecto, miembro del Comité Patrimonio Siglo XX Icomos y del Comité Internacional de críticos de arquitectura;
• Francisco Girelli, doctor en arquitectura, Centro de Arqueología Urbana (FADU-UBA);
• Magdalena Eggers, arquitecta y especialista en normativa de construcción.
