Publicado: junio 2, 2025, 6:08 pm
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) implementó un registro en respuesta a una orden del presidente Donald Trump. A su vez, el mandato del presidente sigue una ley poco conocida que se aplica a los inmigrantes en Estados Unidos y dispone de acciones penales en caso de no cumplirla.
La ley poco conocida que aplica al registro de inmigrantes en EE.UU.
En enero de 2025, el presidente de EE.UU. ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) garantizar que los extranjeros cumplan con un registro ante el gobierno, según la sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).
Esta orden hace referencia a Ley de Registro de Extranjeros de 1940, también conocida como Ley Smith, en la que se determinó que todos los extranjeros en Estados Unidos mayores de 14 años debían registrarse y tomarse las huellas dactilares.
El primer grupo de inmigrantes obligado a registrarse y llevar consigo documentación de su registro fue el de los chinos, señala la Enciclopedia Densho. El propósito inmediato de la legislación era fortalecer la seguridad del país en un momento de conflicto en Europa y Asia.
“El registro se realizó en oficinas de correos en lugar de comisarías para evitar la implicación de que se trataba de un proceso penal y para aliviar los temores de que el registro pudiera ser una estrategia para atraer a los extranjeros a registrarse para que pudieran ser deportados”, señala.
El registro de Uscis y sus posibles sanciones
El Uscis habilitó el formulario G-325R para hacer el registro que, de acuerdo con la ley, debe realizar todo extranjero que permanezca por más de treinta días en Estados Unidos, siempre que tenga 14 años o más y no haya proporcionado huellas dactilares previamente.
Si el extranjero es menor de 14 años, la responsabilidad del registro recae en sus padres o tutores legales. La legislación también señala que el Procurador General tiene la facultad de eximir a ciertos inmigrantes del requisito de toma de huellas, bajo condiciones de reciprocidad y conforme a reglamentos establecidos.
Matthew Tragesser, portavoz del Uscis, indicó que la iniciativa de la administración Trump es un éxito, y que más de 57.000 inmigrantes se anotaron, según consigna The Washington Post. “Por primera vez en años, la Ley de Inmigración y Nacionalidad se está aplicando, y finalmente hay un amplio reconocimiento de que su incumplimiento es un delito”, dijo.
La orden de Trump también establece garantizar que “el incumplimiento del requisito de registro se trate como una prioridad de ejecución civil y penal”, por lo que se determinó que la persona será culpable de un delito menor y, en caso de ser condenado, una multa de no más de 5000 dólares o prisión por no más de seis meses, o ambas cosas.
Migrantes acusados penalmente por no registrarse
El medio citado realizó un análisis de datos judiciales. Los hallazgos revelaron que, aunque la mayoría se encuentra en las primeras etapas del juicio, al menos seis de los acusados impugnaron los cargos y sus casos fueron desestimados por los jueces o retirados por los fiscales. Mientras que en más diez ya fueron declarados culpables.
Sin embargo, advierten que en algunos casos los jueces criticaron a los fiscales por basarse en una ley que no se aplicó ampliamente en más de medio siglo, con la finalidad de atacar a personas que hasta hace unas semanas no tenían forma de cumplirla.
En una orden del 19 de mayo que desestimaron los cargos contra cinco inmigrantes en Luisiana, el magistrado estadounidense Michael B. North escribió que “no había evidencia de que alguno de estos acusados supiera que estaba obligado a registrarse… e incluso si lo hubieran sabido, hasta hace muy poco, no había ningún mecanismo para que [ellos] lo hicieran”.
Al análisis de The Washington Post encontró que al menos 13 acusados fueron declarados culpables y expulsados del país o se encuentran en proceso de deportación. Mientras que algunos de los que lucharon con éxito contra los cargos, sus casos fueron removidos después de que los tribunales de inmigración los declararan en situación irregular.
“Los defensores de los inmigrantes afirman que la amenaza de nuevas sanciones penales dejó a estos migrantes ante una decisión arriesgada: registrarse y arriesgarse a la deportación o negarse y enfrentar posibles cargos, y eventualmente la expulsión”, refirió el medio.
