Publicado: octubre 26, 2026, 5:43 pm
El Gobierno de Países Bajos ha anunciado que prevé reducir en 25.000 los empleos públicos del país de cara al año 2035. Esto supondría suprimir un un 16% de los alrededor de 160.000 puestos que existen actualmente. Un recorte que el Ejecutivo no aclara si se producirá mediante despidos, prejubilaciones o la no renovación de los puestos que queden vacantes. Así se recoge en una carta al parlamento neerlandés que el Ejecutivo remitió recientemente.
La iniciativa forma parte de un plan de optimización del gasto público con el que el Gobierno pretende reducir el presupuesto público en 3.500 millones de euros para el año 2035. Un programa en el que también se recortaría regulación y se potenciaría la inversión en inteligencia artificial (IA). Sin embargo, ha aclarado que no todos los empleos públicos se verán afectados, ya que blindarán a la policía y al sector de la defensa.
«No podemos seguir haciendo lo mismo. (…) debemos reducir significativamente los gastos de la administración. Por eso, vamos a tomar decisiones difíciles para lograr un gobierno central que funcione de verdad: más sencillo, más eficiente y más pequeño», ha indicado Eric van den Burg, secretario de Estado para una Administración Eficaz.
De esta manera, el Gobierno liderado por Rob Jetten aplicará la tecnología y la IA para gestionar recursos de manera más eficiente, entre ellos los espacios de trabajo, lo que ya ha permitido cerrar edificios «innecesarios». En esta línea, presentarán en el primer trimestre de 2027 objetivos y planes de ahorro para la implementación de la IA con el fin de aumentar la productividad.
Otra de las patas de esta reducción del gasto público se centra en reducir y eliminar parte de la regulación para residentes, profesionales y empresas a través de una Ley de Simplificación, que también limitará la capacidad de imponer nuevas reglas y normas.
«El gabinete quiere que los residentes y las empresas dediquen menos esfuerzo, tiempo y dinero a trámites regulatorios innecesarios. Ya se ha anunciado que el Gobierno central eliminará o simplificará al menos 500 regulaciones al año», reza el comunicado emitido.
El recorte también afectará al número de órganos consultivos y comités asesores, así como reducir el número de evaluaciones políticas. «En las últimas décadas se han creado numerosos organismos encargados de auditar, supervisar y asesorar. Esto genera una gran cantidad de trabajo innecesario y dificulta la resolución de problemas sociales complejos», han explicado.
