Publicado: abril 11, 2025, 6:03 pm
Luego de su renuncia a la Corte Suprema tras el rechazo de su pliego, el catedrático Manuel García-Mansilla envió una dura carta al Senado en la que crítica los dictámenes de la comisión de Acuerdos, los cuales incluyen, según dejó plasmado en el escrito, “errores, tergiversaciones, falsedades y omisiones”.
“Los firmantes pretendieron instalar la idea de que engañe o mentí al Senado en la audiencia pública que tuvo lugar seis meses antes, el pasado 28 de agosto”, dice, en alusión al dictamen de Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, por un lado, y al que firmaron los senadores de Unión por la Patria, José Mayans, Juliana Di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Anabel Fernández Sagasti, Máximo Kirchner y Claudia Ledesma Abdala.
Según explica en su carta, García-Mansilla afirmó que los nombramientos por comisión son constitucionales, que hay que analizar el contextos de esas designaciones y que “solo después de eso”, dijo que él no hubiera asumido en comisión en 2015.
“Aclaré inmediatamente después que esa respuesta era a partir de una mirada retrospectiva, esto es, a partir de información posterior que me había permitido reflexionar sobre el impacto e un hecho concreto en el pasado”, siguió.
El 27 de febrero la Corte le tomó juramento al catedrático que, pese a sus dichos, se convirtió en cortesano. Fue uno de los motivos por los que fue duramente cuestionado.
En la misiva, dirigida a la titular del cuerpo, la vicepresidenta Victoria Villarruel, García-Mansilla busca contextualizar sus dichos y sostiene que hubo un “recorte intencionalmente tergiversado” de aquel momento, y que ambos dictámenes tenían la intención de perjudicarlo, porque omitían “toda referencia y análisis” del contexto.
“Lo que hice en aquel momento fue dar una respuesta hipotética a una pregunta que también lo era”, justificó el abogado, en relación a una pregunta que le hizo la senadora Fernández Sagasti.
Entre los justificativos, enlistó los más de 90 mil expedientes pendientes en la Corte, y las dos vacantes dentro del tribunal.
“El nombramiento en comisión constituye una herramienta legítima que evita prolongar artificialmente el funcionamiento incompleto de la Corte Suprema, que tiene una de las vacantes hace tres años y medio”, sumó en otro tramo.
“Entiendo también que el contexto político es muy diferente hoy al que en 2015. Creo que en el momento en que se emitió el decreto 83/2015 estaban dadas las condiciones para que los candidatos nominados a la Corte Suprema pudieran obtener el acuerdo del Senado -siguió-. En 2015 la representación en el Senado no estaba tan fragmentada como hoy”.
“Finalmente, tampoco puedo dejar de señalar que muchos de estos senadores, que buscaron todo tipo de artilugios para incumplir con el Reglamento para que el pliego fuese tratado por el pleno, fueron los mismos que días más tarde realizaron exposiciones grandilocuentes ufanándose de ser quienes comparecían ante la ciudadanía como los paladines que defendían a las instituciones, la Constitución y la República”, concluyó.
