Publicado: septiembre 14, 2025, 6:02 am
A poco de anunciar de que presentará por cadena nacional el proyecto de presupuesto 2026, un coro unívoco de gobernadores, opositores e incluso legisladores afines lanzaron una misma advertencia al presidente Javier Milei: este año no se tolerará una prórroga más y habrá ley, aunque ésta no sea del todo del agrado del Gobierno.
Después de dos años sin ley de presupuesto, una anomalía institucional que le permitió a la Casa Rosada administrar las partidas a discreción, los mandatarios provinciales y los bloques opositores en el Congreso quieren garantizarse que esta vez el Congreso sancione la norma. Para ello emplazarán al libertario José Luis Espert, el mandamás de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, con un cronograma estricto de tratamiento del proyecto con citaciones a funcionarios del Ministerio de Economía y fecha final para la firma del dictamen.
El objetivo es llegar a fin de año con la ley sancionada y evitar caer en la trampa que les tendió el oficialismo el año pasado cuando, en vísperas del cierre del período de sesiones ordinarias del Congreso, clausuró de manera intempestiva el debate y prorrogó por segunda vez consecutiva el presupuesto 2023.
El oficialismo, a sabiendas de la ofensiva que se viene, no descarta redoblar la apuesta y convocar al debate ni bien Milei presente la iniciativa en el Congreso para contrarrestar, así, los emplazamientos.
Para neutralizar el riesgo de que la oposición estreche filas y le dé vuelta su presupuesto, buscará congraciarse con los gobernadores que supieron ser afines con dos señuelos: una contrapropuesta a la ley que coparticipa los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) –que el Gobierno vetó el jueves pasado- y un nuevo esquema de distribución entre las provincias de lo recaudado por el impuesto a los combustibles, dos iniciativas claves para las provincias.
De todo esto conversaron Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) con el designado ministro del Interior, Lisandro Catalán; el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo. Los tres mandatarios provinciales, que pactaron acuerdos electorales con los libertarios en sus provincias, no pudieron rehuir la convocatoria a la mesa federal que lanzó el Gobierno tras su derrota en las urnas bonaerenses, pero tampoco se privaron de hacerle algunos llamados de atención al Gobierno y plantearle la necesidad de recomponer relaciones con provincias que en su momento estuvieron cercanas a la Casa Rosada.
El trío coincide en que este año el presupuesto debe ser ley y no hay margen para una nueva prórroga. “Aunque algunas estimaciones queden en letra muerta, no deja de ser una hoja de ruta importante para las provincias”, sostienen.
En la reunión, los ministros les advirtieron a los gobernadores sobre los “peligros de abandonar el déficit fiscal”, a través de la aprobación de leyes que “perjudiquen el equilibrio presupuestario”. Los mandatarios coincidieron, aunque sugirieron establecer prioridades. “Motosierra tres años seguidos es insostenible”, graficó un diputado integrante de la Comisión de Presupuesto cercano a uno de los mandatarios dialoguistas.
Los gobernadores reclaman buena fe del equipo económico y una primera señal, sostienen, es tener vocación para negociar de manera seria. “De todas las actitudes dialoguistas que se pueden tener, la primera es sobre el presupuesto. No es muy conveniente que un Ejecutivo actúe con discrecionalidad”, advirtió el senador catamarqueño Guillermo Andrada, quien responde al gobernador Raúl Jalil.
Desconfianza
El problema es que el Gobierno ha demostrado ser poco confiable y mal pagador de sus promesas, acicatea un legislador que supo participar de las negociaciones presupuestarias que quedaron truncas el año pasado. Observa, no sin desconfianza, que mientras el flamante ministro Catalán promete diálogo, el Gobierno veta dos leyes sensibles para las provincias –la de coparticipación de los ATN y el financiamiento de las universidades- y, para colmo, continúa rebanando partidas que van a sus distritos.
Por caso, el jueves pasado dictó la decisión administrativa 23/2025 por la cual les podó $17.477 millones en concepto de transferencias corrientes.
“Redujo la partida de los ATN, que son recursos de las provincias, en unos $7000 millones. También disminuyó en casi $40.000 millones las transferencias a las universidades”, advirtió.
Todo indica que la discusión del presupuesto 2026 arrancará en un clima de fuerte desconfianza. Cada gobernador mirará con lupa las partidas que son de su interés directo –obras públicas y las transferencias a las 13 cajas jubilatorias no transferidas-, además de otros puntos que hacen al debate general: el futuro de las retenciones agropecuarias; las partidas destinadas a educación y salud y los gastos tributarios que incluye, por caso, el régimen especial de Tierra del Fuego.
El quid de la cuestión es si el presidente Milei estaría dispuesto a aceptar eventuales modificaciones a su preciada hoja de ruta en materia económica y fiscal. El año pasado, cuando su figura alcanzaba la cresta en todas las encuestas de imagen pública, no aceptó las propuestas que le acercaron los legisladores dialoguistas y clausuró el debate.
La derrota en Buenos Aires del domingo pasado, sin embargo, trastocó el escenario. Los opositores más críticos temen que, forzado por las circunstancias, el Gobierno acepte hacer concesiones para después vetarlas una vez que la ley esté sancionada y el Congreso cierre sus puertas el 30 de noviembre, cuando finalice el período ordinario de sesiones.
