Publicado: marzo 6, 2025, 2:20 pm
No en todo el territorio nacional se pagan los mismos impuestos ni en la misma cuantía. Prueba de ello es el IRPF, un impuesto que, pese a ser estatal, está cedido parcialmente a las comunidades, por lo que cada región lo ha ajustado según su criterio. En consecuencia, los ciudadanos con rentas medias de hasta 45.000 euros pagan de IRPF una diferencia que puede llegar a los 1.000 euros en función de la comunidad en la que se residan. Son cálculos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas de España (CGE), que este jueves ha presentado el estudio Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2025.
De este análisis se deduce que País Vasco es la comunidad más barata en el pago del IRPF para las rentas medias, mientras que Cataluña es la que más las grava. En concreto, el REAF cuantifica esas diferencias tomando como ejemplo el caso de un contribuyente soltero, sin hijos, menor de 65 años y cuyos ingresos procedan íntegramente de su trabajo. Si la renta anual de esta persona tipo fuera de 30.000 euros, en País Vasco tendría que pagar unos 4.547 euros de IRPF, mientras que en Cataluña llegaría a los 5.039 euros, lo que supone una brecha de 492 euros al año. Esa diferencia se duplicaría hasta los 957 euros si la renta anual fuera de 45.000 euros, teniendo que abonar 9.687 euros en Cataluña y 8.729 euros en País Vasco.
En el caso de las rentas altas, Madrid es la comunidad con una tributación más favorable en el IRPF, mientras que la Comunidad Valenciana se sitúa en el extremo opuesto. Siguiendo con el mismo ejemplo, un contribuyente con las características antes mencionadas y unos ingresos anuales de 160.000 euros pagaría de IRPF en la capital 56.536 euros al año, frente a los 63.613 que tendría que abonar si residiera en la comunidad levantina. La diferencia es de 7.077 euros.
El estudio del REAF señala que estas desigualdades son resultado de que las comunidades autónomas han utilizado mucho su capacidad normativa en este impuesto. Por ejemplo, entre las decisiones autonómicas tomadas más recientemente destacan los beneficios fiscales activados en la Comunidad Valenciana para los afectados por la DANA, las bonificaciones a los caseros que alquilen viviendas vacías adoptadas en varias regiones o las deducciones para nuevos contribuyentes procedentes del extranjero puestas en marcha en la Comunidad de Madrid con la conocida como ‘ley Mbappé’.
Estas y otras maniobras han provocado, según el análisis presentado este jueves, que las comunidades se aparten de la tarifa estatal del IRPF, que va del 9,5% al 24,5%. En concreto, de las quince comunidades del régimen común —todas menos País Vasco y Navarra, que tienen un régimen de financiación especial—, cuatro aplican el mismo tipo mínimo que el estatal (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Murcia), ocho han adoptado uno inferior —los más bajos son los de Extremadura y La Rioja, al 8%— y tres lo han subido —el más alto es el de Cataluña, donde se sitúa en el 10,5%—. En el caso del tipo máximo, seis comunidades lo han fijado por debajo de la referencia estatal —Madrid es la que más lo ha bajado, hasta el 10,5%— y nueve por encima —en la Comunidad Valencia llega al 29,5%—.
Ajustar el IRPF a la inflación
Más allá del margen de acción de las comunidades, desde el REAF lamentan que el Estado no haya aprovechado su capacidad sobre este impuesto estatal para deflactar la tarifa estatal con el objetivo de ajustarla a la escalada de la inflación en los últimos tres años, como sí hicieron hasta el año pasado muchas comunidades autónomas. Esta maniobra consiste en adecuar los tramos del IRPF a la subida de los precios, con el objetivo de que si el sueldo de una persona crece sin que aumente su poder adquisitivo no tenga que pagar más impuestos.
Los expertos en fiscalidad calculan que si se ajustara la tarifa estatal a la subida del 12,5% acumulada por el IPC entre 2022 y 2024, una persona con un sueldo de 30.000 euros se podría ahorrar hasta 255 euros al año en el IRPF, aunque la cuantía exacta depende nuevamente de la comunidad en la que tribute. Ese ahorro máximo sería en el caso de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Para un ciudadano con una renta media de 25.000 euros, el ahorro podría ascender a 207 euros en Andalucía, frente a los 200 euros de la Comunidad Valenciana. En el caso de rentas altas de 350.000 euros, el ahorro fiscal se situaría en una media de 1.500 euros anuales.
«No deflactar las tarifas también ha provocado un incremento en frío de los impuestos», ha añadido en la presentación del estudio el presidente del CGE, Valentín Pich, que ha explicado que «si no se deflactan los impuestos, las personas formalmente ganan más dinero, pero tienen menos capacidad de pago por la inflación». El economista ha recordado que, según datos de la Agencia Tributaria, en 2023 el Estado ingresó 120.280 millones de euros por IRPF, un 9,86% más que en 2022. A falta de conocer las cifras con las que cerró 2024, la recaudación por este impuesto hasta noviembre ya superaba la lograda en todo 2023, por lo que los economistas prevén una nueva subida anual de entorno al 10%.
Reformar el sistema
En cuanto a la manera de regular la fiscalidad autonómica, el REAF denuncia que cada vez es más frecuente que las comunidades aprueben a lo largo del año cambios legislativos para aplicar en ese mismo ejercicio, modificaciones que pese a ser habitualmente de «poco calado» generan cierta «incertidumbre» y complican el sistema. «La normativa fiscal autonómica es deficiente, porque muchos beneficios fiscales son complejos de verificar, poco relevantes para los contribuyentes y de baja recaudación, además de generar un alto coste administrativo y dudas sobre su eficacia», ha expresado el presidente del REAF, Agustín Fernández, al mismo tiempo que ha reclamado unificar las plataformas de gestión de los tributos cedidos.
En esa misma línea, Pich ha instado a acometer una reforma urgente del sistema de financiación autonómica, que a su juicio «está agotado» y «solo provoca tensiones institucionales innecesarias». «Aunque por cuestiones presupuestarias puede parecer difícil llevar cabo esta reforma, la obligación del Gobierno es hacer una propuesta, y supongo que la de la oposición también», ha señalado, al mismo tiempo que ha apuntado a que la figura del consorcio podría ser una fórmula adecuada para avanzar hacia la colaboración y el intercambio de información entre administraciones en materia tributaria.
