Publicado: noviembre 23, 2025, 6:14 am
Desde lejos la UE se ve como un mamotreto que solo legisla, legisla y legisla. Desde cerca ahora también se ve la Unión a sí misma como algo parecido a eso. Pero quiere corregirlo. Por eso ha entrado en la legislatura de la «simplificación», usando palabras que salen de Bruselas; o en la época de la «desregulación», como lo califican quienes ven esta nueva deriva como un riesgo para el futuro del bloque. Lo cierto es que la batería de medidas (ómnibus varios) para simplificar la burocracia se ha convertido en el eje de los próximos cinco años y es un elemento divisivo a nivel ideológico y político.
Con ese contexto, en esta legislatura Bruselas ha empezado a utilizar paquetes legislativos omnibus para reformar y simplificar grandes áreas normativas sin tener que tramitar decenas de propuestas por separado. Estos paquetes reúnen iniciativas relacionadas bajo un mismo marco, lo que permite acelerar negociaciones, reducir duplicidades y ofrecer a las empresas un entorno regulatorio más claro. En este contexto, la UE busca mantener altos estándares -en derechos fundamentales, sostenibilidad o seguridad digital- pero con menos carga burocrática y mayor previsibilidad para los actores económicos.
Entre las características principales de estos paquetes destaca su alcance integral, ya que unifican múltiples normas en una sola propuesta amplia; su objetivo de simplificación, especialmente beneficioso para las pymes; y su vocación de impulsar la competitividad y el crecimiento, fomentando la innovación y la creación de empleo. Además, suelen adoptar un enfoque proporcional: se racionalizan las obligaciones para las grandes empresas y, cuando es posible, se reduce o elimina la carga regulatoria para las más pequeñas, asegurando que las reglas sean coherentes con el impacto real de cada compañía.
Ejemplos recientes ilustran este enfoque. El paquete Omnibus I, presentado en febrero de 2025, simplificó normas clave de sostenibilidad (incluyendo partes de la CSRD y la debida diligencia) con el objetivo de reducir los costes de cumplimiento. En el ámbito digital, un paquete omnibus tecnológico busca armonizar y simplificar reglas sobre inteligencia artificial, ciberseguridad y protección de datos. Por último, el paquete sobre la defensa europea introduce procedimientos más ágiles para autorizar infraestructuras de defensa, reflejando la creciente atención de la UE a la seguridad y la autonomía estratégica.
El que tiene que ver con el mundo digital y el de la defensa son elementos clave para el futuro del bloque, pero surge una pregunta viendo el todo: ¿ha pasado la Unión de legislar demasiado a desregularizar mucho? Hay opiniones para todos los gustos. Vale como ejemplo lo que se quiere hacer desde la Comisión Europea con la IA: se ha pasado de ser pionera en la legislación para regularla a ahora abrir la mano con ciertos datos sensibles, aceptando que se usen en algunos contextos y despertando los recelos de los expertos. Ese paso atrás deja a la Unión con una situación delicada después de lo que se avanzó la pasada legislatura, comentan fuentes comunitarias por 20minutos. Otras, en cambio, consideran que es una buena noticia porque no se ahoga, dicen, a las empresas en un proceso de cambio tan exigente.
De la Unión Europea sus detractores siempre han dicho que era (o es) un monstruo regulador, y en su afán por ser más ágil ahora quiere cambiar por completo la tendencia. Pero eso tiene ciertas trampas. Esa flexibilidad, reconocen las fuentes consultadas por este medio, puede terminar chocando a medio plazo con la protección del mercado único, y se cuestionan si tener normas tan firmes de competencia o de regulación del mundo digital (como la DSA y la DMA) puede convivir bien con una reducción de la burocracia que si no se mide bien puede dar mucho campo a actos dudosos. Los menos convencidos de la nueva dinámica insisten en que no se puede sorber y soplar a la vez, sobre todo mirando a las grandes tecnológicas -estadounidenses en su mayoría- que siguen en el foco de Bruselas.
Además, las votaciones en el Parlamento Europeo ya dan pistas de cómo de divisivo es el asunto de la simplificación o desregulación, con mayoría completamente cambiadas respecto a eventos pasados. Hace solo unos días la Eurocámara votó el parte del Omnibus I, sobre la simplificación de las exigencias de sostenibilidad a las empresas europeas, y el sí a las medidas salió adelante con la llamada «mayoría Venezuela» formada por el Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de derecha radical, descolgándose de la misma los socialdemócratas, los liberales y los verdes. Así, esa simplificación se ha convertido en el ejemplo perfecto de la partida de ajedrez que se va a jugar norma a norma durante los próximos años.
En la pasada legislatura (entre 2019 y 2024), según cifras oficiales, en la UE se aprobaron en torno a 14.000 textos legales, en un contexto marcado eso sí por la pandemia o por la crisis energética. Un volumen demasiado alto a ojos de un bloque comunitario que quiere ser más ágil en la toma de decisiones. Pero tiene que ir con cuidado: simplificación y reducción de cargas no puede ser lo mismo que desregulación excesiva. Y de ese brete tendrán que salir en Bruselas y en Estrasburgo durante los próximos meses y años.
