Publicado: abril 21, 2026, 3:00 am
El sistema fiscal español está concebido bajo la idea de ‘quitar’ a quienes más tienen para dárselo a los que menos ganan. Este diseño hace que haya una parte de los contribuyentes que obtiene más de lo público, en forma de transferencias, ayudas o servicios de lo que aporta. Lo mismo sucede en sentido contrario: hay otra porción de hogares que paga más en impuestos de lo que luego obtiene de lo público.
Según un estudio de Fedea publicado el lunes, esas dos Españas tienen un tamaño prácticamente idéntico. Mientras que un 50,6% de los hogares del país era lo que se podría denominar «beneficiario neto» de la intervención pública en el año 2023 (recibe más de lo que da), otro 49,4% sería «contribuyente neto» (aporta más de lo que obtiene). Un equilibrio que enmascara realidades muy diferentes.
Los hogares que menos ingresan por sus propios medios son los más beneficiados de este reparto público de la renta. En concreto, el 83% de las familias que están en el escalafón de ingresos más bajo (el 20% que menos gana del país) recibe más de lo que aporta, una cifra que se va reduciendo a medida que vamos avanzando peldaños en la escalera de la renta hasta llegar a la élite de familias más acaudaladas. Dentro del 1% que más ingresa, solo el 5% recibe más en servicios y prestaciones de lo que aporta a través de sus impuestos.
El estudio de Fedea es una radiografía bastante precisa de cómo la intervención pública actúa para repartir la renta. Retrata lo que sucede desde que las familias obtienen sus ingresos, reciben prestaciones del Estado en forma de dinero como las pensiones, el paro, las becas y ayudas de todo tipo. Pasando por su contribución en forma de impuestos y cotizaciones para después analizar otras prestaciones «en especie» como es el valor de los servicios sanitarios y educativos de que disfrutan.
Los investigadores del organismo han cuantificado el volumen de esas transferencias. Así, la renta media de ese 20% de hogares con menos ingresos (quintil 1), pasa de 4.678 euros de media antes de la intervención de pública a 15.284 euros una vez se contabilizan todas las prestaciones y servicios disfrutados. Es decir, 10.607 euros más de media.
El segundo quintil (el 20% siguiente en esa escalera) recibe, de media, 9.828 euros más en prestaciones y servicios de lo que abona el impuesto, mientras que el tercer quintil es beneficiario neto por 6.656 euros. La balanza se invierte en los escalafones superiores de esa escalera de la renta. En promedio, los hogares del cuarto quintil pagan en impuestos 3.056 euros más de lo que reciben de la intervención pública. Si se pone la vista en la cúspide de la pirámide de la renta (el top 1% de la distribución) la contribución neta es de 93.831 euros de media.
La intervención pública reduce la desigualdad un 41%
Una de las conclusiones más llamativas del estudio es que la intervención pública -es decir todo el aparato de pensiones, ayudas y servicios que presta la administración- reduce un 41% la desigualdad de renta de las familias españolas frente a un escenario en el que no existiera todo ese mecanismo público de redistribución.
Sin embargo, no todos los engranajes del sector público ayudan de la misma manera. Por ejemplo, el sistema tributario por sí solo apenas reduce la desigualdad un 1,2%. La razón es que, mientras que los impuestos directos (IRPF y Sociedades) redistribuyen la renta, ese efecto se ve neutralizado por el impacto negativo del IVA y las cotizaciones sociales (que los investigadores tratan como un impuesto, aunque actúan más bien como un seguro social obligatorio).
La principal fuerza de reducción de la desigualdad en España son las prestaciones monetarias y, más concretamente, las pensiones públicas de jubilación. Solo este tipo de pensiones recortan la desigualdad en España (reflejada en el índice de GINI) en un 15,3%. El valor de los servicios públicos que recibimos en especie (como la sanidad y educación) merma la desigualdad de renta en un 7,6%. El resto de la caída en la inequidad se explica por otras partidas de gasto público como la defensa, la seguridad, el orden público o el medio ambiente.
El resultado de esta intervención pública hace que la renta esté menos concentrada en los hogares más acaudalados. Si no fuera por esta redistribución, el 20% de las familias más acaudaladas concentraría el 54,5% de toda la renta que se genera en España. Gracias a la redistribución, ese porcentaje se reduce al 43,3%.
