Publicado: mayo 5, 2025, 6:00 pm
CORRIENTES.– El fiscal federal de primera instancia de Resistencia, Patricio Sabadini, anunció este lunes el inicio de una investigación formal por presuntas maniobras de financiamiento irregular en las oficinas chaqueñas del PAMI y la Anses, en una causa que impacta en la interna de La Libertad Avanza.
La Justicia Federal busca esclarecer presuntas maniobras de “extorsión” que habrían tenido lugar en ambas delegaciones nacionales, a cargo de referentes de La Libertad Avanza.
La medida fue impulsada por el fiscal federal, quien solicitó la instrucción formal del caso tras la difusión de denuncias periodísticas que apuntaban a prácticas irregulares dentro de estos organismos del Estado Nacional.
Según el documento al que tuvo acceso LA NACION, el fiscal Sabadini considera que los hechos podrían encuadrarse en el delito de extorsión, tipificado en el artículo 168 del Código Penal Argentino, al entender que una larga lista de empleados habrían sido intimidados para entregar dinero bajo amenaza de perder su empleo. El expediente judicial fue caratulado como “Investigación preliminar s/ posible delito de acción pública” (FF N° 97/2025).
Según el requerimiento fiscal, confirmado por el propio Sabadini, empleados y funcionarios de PAMI y Anses habrían sido presionados a entregar un porcentaje de sus haberes como condición para conservar sus puestos de trabajo. Además, se menciona que la contratación de personal habría estado definida en relación a la afinidad política de los postulantes, por lo que se habría dejado en un segundo plano sus competencias profesionales.
Silvia Arolfo es la responsable de PAMI y Alfredo “Capi” Rodríguez de Anses en la provincia. Sin embargo, el escrito destaca que la responsabilidad última se determinará en el proceso de investigación.
Para el fiscal, la extorsión empleada ataca simultáneamente dos bienes jurídicos fundamentales: la libertad y la propiedad. “Se advierte que el medio comisivo empleado para finalmente obligar a las víctimas a entregar o ceder un porcentaje de sus haberes fue a través de claros actos intimidatorios”, asegura, e insiste en que los responsables presionan a las víctimas a pagar estas contribuciones para conservar su puesto laboral.
“Las contrataciones de personal, de funcionarios y de médicos en ambos organismos tenían que efectuarse respecto de aquellas personas que de alguna manera aseguren que iban a responder al partido, siendo determinante tal condición, incluso más allá del currículum o condiciones de la persona en cuestión”, destaca también el escrito de Sabadini en relación a las contrataciones.
Las sospechas surgieron a raíz de informes emitidos el pasado 1° de mayo por los canales de televisión TN y A24 en los programas “La Ves” y “Wifi 24”, respectivamente. En ambos casos se expusieron planillas que reflejarían transferencias bancarias efectuadas por los trabajadores hacia sus superiores, supuestamente como parte del mecanismo de recaudación informal.
Durante la emisión de uno de los informes televisivos, se exhibieron planillas con el título “LLA RENDICIÓN DESDE DICIEMBRE 2023 HASTA 13/12/2024”, lo que deja entrever la existencia de un sistema articulado de recaudación a través de transferencias bancarias.
“Cada uno de los pagos habrían sido efectuados vía transferencia bancaria a cada uno de los jefes de las delegaciones del interior de ambos organismos”, indicó Sabadini.
Ambas reparticiones, y sus responsables, están ahora implicados en un escándalo que podría llegar hasta las altas esferas de La Libertad Avanza.
Fuentes consultadas oportunamente por LA NACION, no negaron la maniobra, pero dejaron en claro que se trató siempre de aportes voluntarios solicitados a los empleados para el sostenimiento del espacio político liberado por el presidente Javier Milei. Fue lo que dijo incluso el titular de La Libertad Avanza Chaco, “Capi” Rodríguez.
Sabadini confirmó a LA NACION asimismo que solicitó al tribunal competente una serie de medidas probatorias para verificar la autenticidad de la documentación y avanzar en la identificación de los responsables.
En el trasfondo, se revela un mecanismo que comprometería fondos públicos y confirmaría la utilización de estructuras estatales como herramientas de poder político y recaudación partidaria.
Fuentes con acceso a la cocina interna del partido presidencial en la provincia, dijeron que el conflicto en Chaco refleja lo que sucede a nivel nacional: una disputa interna por el poder y recursos territoriales entre sectores vinculados por un lado a Karina Miliei y por otro a Santiago Caputo. Y que la disputa política en el distrito también se relaciona con la estrategia para las elecciones legislativas locales, que se realizarán este domingo, y las candidaturas nacionales para octubre, generando tensiones entre los miembros de la alianza y las aspiraciones personales de los armadores.
“En el Chaco lo que se ve claramente es el conflicto interno entre armadores territoriales y estrategas que responden a Karina Miliei y a Santiago Caputo, porque más allá de las denuncias públicas de funcionarios vinculados al PAMI y la Anses, no se ven pruebas de un delito. A lo sumo, un delito fiscal”, dijo a LA NACION uno de los voceros libertarios. Sabadini no lo ve de esa manera.
No obstante el camino judicial, hay que decir además que la cuestión en el Chaco tiene varias aristas de interés político: es el primer distrito en el que el oficialismo radical acordó con La Libertad Avanza. La primera parada de ese acuerdo es la elección legislativa de este domingo 11 de mayo. Pero tiene un segundo paso: la elección nacional de octubre, oportunidad en que saldría a la cancha como candidato a senador nacional Alfredo “Capi” Rodríguez, el titular de La Libertad Avanza y de la Anses Regional Chaco. Aquí es donde entra en escena la interna libertaria.
“Capi” Rodriguez es Karina Milei, pero al parecer Santiago Caputo quiere su propio candidato. Rodríguez ahora tendrá que dar explicaciones en la justicia y ver si llega en condiciones de postulación para octubre.
