Publicado: enero 25, 2025, 5:04 pm
En una carta donde le deseó “éxito” al Gobierno “en esta etapa especial” de la historia argentina, Rodolfo Barra renunció a la Procuración del Tesoro. El texto, dirigido al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, remarcó su “gran experiencia” y el “honor de haber colaborado con la gestión”. El funcionario fue despedido este viernes luego de que desde la Casa Rosada afirmaran que no defendió al Poder Ejecutivo debidamente en una demanda de una empleada pública.
“Por la presente hago llegar a Ud. en su carácter de responsable del ejercicio de la administración general del país, mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha al cargo de Procurador del Tesoro de la Nación, con el que fuera honrado por el Sr. Presidente de la Nación”, comenzó el exfuncionario en su mensaje.
“Ruego a Ud. haga llegar al Sr. Presidente esta presentación a la vez que mis votos por el éxito del Gobierno en esta tan especial etapa en la historia de nuestro país. Igualmente deseo señalar que ha sido para mí una gran experiencia y honor haber colaborado con su gestión. Mis respetuosos saludos”, indicó después.
Tal como adelantó LA NACION, la decisión de su salida se tomó luego de que no defendiera la gestión de la forma esperada frente a la demanda por una rebaja salarial en la administración pública. Aun así, las rispideces eran previas y también por otros motivos: el funcionario había pasado gran parte de 2024 en Punta del Este, Uruguay. Fuentes cercanas al Presidente afirmaron que estuvo “casi el 40% el año fuera del país”.
La salida de Barra se terminó de gestar ayer por la tarde, pasadas las 17.30. Inicialmente desde el Gobierno habían dejado trascender que esperarían a que el exprocurador se reuniera este lunes con el asesor todoterreno Santiago Caputo, quien tiene bajo su órbita el manejo judicial. Sin embargo, la decisión se precipitó y el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que Milei terminó por perdirle la renuncia al ex Procurador del Tesoro.
Al inicio de la gestión libertaria Milei lo había elegido para ser el gran cerebro jurídico del Estado. Con 77 años, ya había sido juez de la Corte Suprema y ministro de Justicia durante el menemismo. Aun así, sus 13 meses en el Gobierno fueron irregulares y no cultivó una relación directa con el Presidente. Puede haberlo perjudicado también la salida de Nicolás Posse como jefe de Gabinete, ya que fue a través de sus equipos que llegó al puesto.
Dos hechos distantes marcaron su paso por el Gobierno. Uno fue su defensa a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y otro, su apartamiento de la cuestionada estatización de YPF en 2016.
El punto de quiebre con la gestión libertaria fue la demanda de una empleada pública. La trabajadora del Ministerio de Justicia había sido contratada a través de un convenio con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Aquellos involucrados en ese convenio recibían un incentivo incorporado en su recibo de sueldo.
En este marco, y tras los despidos de los empleados encuadrados en dicho convenio, el Gobierno no quiso continuar con el pago del incentivo a aquellos que se mantuvieron en sus trabajos y fueron incorporados a la planta del ministerio. Aunque muchos empleados aceptaron que su salario se redujera, una empleada pidió la impugnación de la decisión de la cartera.
Ahí fue cuando el ministerio, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, le pidió a la Procuración del Tesoro que se expida sobre el caso. El dictamen justificó el accionar del Gobierno, pero no fue conclusivo. Además, mencionó el carácter remunerativo de los incentivos que se incorporaron al sueldo. El documento advirtió que hay un trámite pendiente de parte del Poder Ejecutivo: sostuvo que debía intervenir la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia para resolver cómo se cumplirá la resolución que puso fin a las contrataciones vía Acara.
Este gesto fue especialmente delicado para una gestión que llevó adelante una gran cantidad de despidos y que busca realizar potenciales planteos en el fuero laboral. Aunque el dictamen fue firmado por el segundo de Barra, Marcos Serrano, las consecuencias cayeron sobre el procurador.
Si bien Serrano defendió a lo largo del dictamen la resolución firmada por Cúneo Libarona, el suprocurador aludió al carácter remunerativo del ingreso que reclamaba la agente. “Todo lo anterior, no implica desatender la jurisprudencia de la Corte Suprema que la propia Resolución N.º 376/24 (firmada por Cúneo Libarona) recoge al mencionar el reconocimiento del carácter remunerativo del incentivo abonado por entes cooperadores”, señaló Serrano. Al parecer, sería esta afirmación la que molestó más a la Casa Rosada.
Según confirmó Adorni, el reemplazo de Barra será definido este lunes. Tal como publicó este medio, en las últimas horas comenzaron a sonar algunos nombres, el primer de ellos, el de Ricardo Manuel Rojas, ex secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia y exjuez en lo criminal de la Ciudad. También resuenan los de Carlos Laplacette (que se desempeñó en el estudio Cassagne, el mismo en el que trabajaba la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal) y Santiago Castro Videla (abogado y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral que se desempeña en el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla Abogados).
