Publicado: noviembre 25, 2024, 5:02 pm
La agrupación de abogados Será Justicia reclamó a la Cámara Federal de Casación que disponga la prisión preventiva de Cristina Kirchner, que la inhabilite para ejercer cargos públicos y que se decomisen sus bienes por 84.835 millones de pesos, tal el monto impuesto en la condena en su contra a seis años de prisión por fraude al Estado en la causa Vialidad.
Será Justicia es una asociación civil de abogados cercana a Pro, que no es parte en este expediente judicial, pero sí ha logrado ser querellante en otros casos relacionados, como el de “la ruta del dinero K”, donde reclaman el procesamiento de la expresidenta.
En este caso, se presentaron como “amigos del tribunal” y señalaron que buscan velar por el respeto de las instituciones y la democracia.
Esta presentación se trata de una medida cautelar que fue presentada ante los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El pedido fue firmado por Raúl Aguirre Saravia, presidente, e Inés Arias, vicepresidenta de la agrupación.
Solicitaron que los jueces que confirmaron la condena de Cristina Kirchner impongan como medida cautelar la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el delito por el que fue condenada.
Indicaron que los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de lucha anticorrupción imponen ser rigurosos en estos procesos. Y señalaron que el delito de fraude por el que fue condenada la expresidenta es de los calificados en la Constitución Nacional como de traición a la patria e importa un atentado al sistema democrático (art 36 CN).
“No puede usar al Congreso como guarida para eludir el cumplimiento de una condena ya confirmada por la Cámara de Casación, lo que frustraría el cumplimiento de las penas que se le impusieron, luego de 14 años de proceso y más de 20 magistrados confirmando su responsabilidad criminal”, sostiene la agrupación.
Asimismo, pidieron que -en el caso de considerarlo necesario- y por los criterios usados en los precedentes del exvicepresidente Amado Boudou y del exgobernador preso Sergio Urribarri, apliquen la prisión preventiva y se inicie el legajo del decomiso de bienes para establecer si durante los procesos que tiene en contra y que conllevan responsabilidad patrimonial, se insolventó de manera fraudulenta.
Los abogados mencionaron que como la causa tiene un doble conforme (la condena del tribunal oral y la de Casación) “debido a la relevancia y gravedad institucional de los hechos, corresponde aplicar la inhabilitación perpetua dispuesta en la sentencia y evaluar la necesidad de dictar la prisión preventiva de Cristina Kirchner”.
Los defensores y el fiscal tiene plazo para recurrir el fallo de la Casación ante la Corte hasta fines de febrero. Pero los integrantes de Será Justicia dijeron que la intervención extraordinaria del máximo tribunal es ajena “a los hechos y a las pruebas, de tal modo que los actos de corrupción verificados en cabeza de Cristina Kirchner no deberían ser modificados”.
Dijeron que pretenden evitar el “absurdo” de que sea electa como legisladora y que a partir de allí tenga fueros que le impidan el futuro cumplimiento de la condena. Agregaron que su bloque del justicialismo en el Senado, mayoritario, “permitiría hacer caer bajo sus designios la selección de los jueces de la Corte que deberán resolver su situación procesal”.
Por eso, pidieron la inhabilitación con argumentos procesales y destacaron que lo hacían “para evitar el entorpecimiento de parte de la condenada de los fines del proceso”.
Será Justicia pidió identificar los bienes de la expresidenta para localizarlos, embargarlos y decomisarlos para el recupero de activos de origen ilícito.
