Publicado: agosto 7, 2025, 6:04 pm
En una apuesta fuerte por reforzar la seguridad pública y mejorar el funcionamiento del sistema judicial, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la entrada en vigor de una serie de reformas a las leyes de descubrimiento penal. A partir del jueves 7 de agosto, comienzan a regir nuevas enmiendas aprobadas dentro del presupuesto estatal del año fiscal 2026, con el objetivo de apoyar a víctimas de delitos graves, garantizar juicios rápidos y justos, y terminar con las excarcelaciones provocadas por errores técnicos en el proceso penal.
En Nueva York: cambios clave a las leyes de descubrimiento
Durante una conferencia de prensa celebrada en Albany junto a fiscales, defensores de víctimas y autoridades policiales, la gobernadora Hochul presentó los puntos centrales de esta reforma judicial. Según explicó, el actual sistema de descubrimiento penal —que obliga a los fiscales a entregar toda la evidencia disponible a las defensas— derivó en la anulación de múltiples casos por cuestiones técnicas menores. Esta situación afectó a víctimas de violencia doméstica, abuso sexual y otros delitos graves.
“Esta semana entran en vigencia reformas que harán nuestras leyes de seguridad pública más sólidas —cambios que nos permitirán apoyar mejor a las víctimas y cerrar la puerta giratoria de nuestro sistema judicial”, afirmó Hochul, en declaraciones reproducidas por el portal oficial del Gobierno de Nueva York.
Los principales puntos de la reforma son:
- Evaluación integral del trabajo del fiscal: los jueces deberán considerar el esfuerzo general del fiscal a la hora de entregar pruebas, en lugar de invalidar un caso por detalles mínimos que no hubieran perjudicado de manera significativa a la defensa.
- Reducción del alcance de pruebas irrelevantes: se acota el tipo de información que debe ser compartida, evita la pérdida de tiempo en la recopilación de pruebas no relacionadas directamente con los cargos.
- Flexibilidad ante demoras en la recolección de pruebas: los fiscales podrán avanzar con el caso si demostraron haber actuado con diligencia, incluso si algunos documentos aún están pendientes.
- Control sobre el uso del reloj del juicio rápido: se impide que las defensas manipulen los plazos legales, obligándolas a plantear objeciones en las etapas iniciales y a dialogar con los fiscales para resolver cualquier disputa.
- Protección de testigos sensibles: se fortalecen los mecanismos para resguardar la identidad y seguridad de testigos, lo que promueve un entorno en el que más personas se animan a declarar sin temor a represalias.
Un respaldo financiero de US$135 millones para garantizar el cumplimiento
La implementación de estas reformas viene acompañada de una inversión significativa. El presupuesto aprobado para el año fiscal 2026 contempla un fondo de US$135 millones destinado a fiscales y defensores públicos, y así cumplir con las normas sin afectar el debido proceso ni la celeridad judicial.
Según indicó la comisionada del Departamento de Servicios de Justicia Penal del Estado, Rossana Rosado, “la gobernadora Hochul entiende que mejorar la seguridad pública requiere un enfoque integral, que incluya tanto la rendición de cuentas de los delincuentes como el apoyo a las víctimas y las comunidades más afectadas por el crimen”.
Este nuevo paquete de reformas también se enmarca dentro de un programa más amplio de seguridad pública que el Estado comenzó a reforzar. En total, el presupuesto del año fiscal 2026 prevé US$347 millones en prevención de violencia con armas de fuego, mayor presencia policial en el subte de Nueva York, combate contra los delitos de odio y medidas contra la violencia sexual, doméstica y el tráfico de personas.
“Las leyes de descubrimiento que tenemos son de las más fuertes del país en términos de derechos del acusado, pero también deben funcionar para las víctimas y los agentes del orden. Con estos cambios, reequilibramos la balanza de la justicia en Nueva York”, remarcó la gobernadora.
A partir del 7 de agosto, la justicia comienza a operar bajo este nuevo esquema, con el objetivo de agilizar los procesos, proteger mejor a las víctimas y fortalecer el sistema judicial.
