Publicado: noviembre 13, 2026, 12:15 pm
La revisión de la Directiva sobre Productos del Tabaco (TPD) y de la Directiva sobre Publicidad del Tabaco (TAD) planteada por Olivér Várhelyi (comisario europeo de Sanidad vinculado al espacio de la extrema derecha) y que pretendía llevar al último Colegio de Comisarios del año está provocando un fuerte debate en el seno de la institución comunitaria.
El debate nace por las dudas en torno a la solidez científica, económica y jurídica de la propuesta del comisario, que se ha encontrado con las objeciones de la propia Secretaría General. Y en el centro de todo, un tema clave: la evaluación del impacto económico y las repercusiones socioeconómicas de las medidas, su proporcionalidad y la evidencia científica utilizada para justificar restricciones sobre las alternativas al cigarrillo.
La discusión cobra especial importancia en estos tiempos, porque una de las grandes cuestiones de la futura TPD será el tratamiento de los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco calentado y las bolsas de nicotina. Por eso la Comisión Europea pone el foco en las restricciones a esos métodos alternativos y pide que estén respaldadas por evidencias científicas robustas, algo de lo que dudan en la revisión que plantea el comisario.
La propia Comisión Europea reconoce que la aparición y el uso creciente de estas categorías plantean nuevos retos de salud pública y precisamente por ello, cualquier restricción debería estar respaldada por evidencia suficientemente robusta. Por ello, pide que cuestiones como el gateway effect, es decir, hasta qué punto el uso de una alternativa conduce posteriormente al cigarrillo, o el dual use, hasta qué punto los fumadores sustituyen completamente el cigarrillo o mantienen ambos productos, sean evaluadas con rigor y no darse por sentadas en un sentido u otro.
Efecto en España
Esta discusión tampoco queda circunscrita a Bruselas. Las decisiones que Europa adopte sobre cigarrillos electrónicos, tabaco calentado, bolsas de nicotina y otras categorías condicionarán en el futuro el marco regulatorio en el que posteriormente tendrá que desenvolverse España.
De ahí la prudencia en la toma de decisiones de las instituciones europeas, centrada en que se adopten después de evaluar rigurosamente la evidencia científica, sus consecuencias fiscales y socioeconómicas, la proporcionalidad de las medidas.
El proceso, no obstante, no se ha detenido y la TPD sigue adelante, pero la evaluación de impacto deberá revisarse, también con una distinción: proteger a menores y no consumidores frente al inicio en el consumo de nicotina y analizar el papel que pueden desempeñar las alternativas para fumadores adultos son dos objetivos compatibles.
