Publicado: marzo 23, 2025, 8:55 am
El ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, quiere que los extranjeros condenados en Francia cumplan sus penas en su país. Esta es una forma de aliviar la situación en las prisiones francesas, con una tasa de ocupación muy elevada, pero también de expulsar a personas consideradas «indeseables».
En una circular cuyo contenido se ha filtrado este domingo en la prensa, Darmanin pide una «política penal firme» dirigida a los «detenidos de nacionalidad extranjera condenados de forma definitiva» teniendo en cuenta que en las cárceles francesas hay «82.000 internos para 62.000 plazas».
En una entrevista publicada por Le Journal du Dimanche coincidiendo con la filtración de la circular, señala que en Francia hay «más de 19.000 presos extranjeros», entre los que están en prisión provisional y los que ya han sido sentenciados, lo que representa un 24,5% del total.
De todos esos extranjeros, 3.068 tienen nacionalidad de algún otro Estado de la Unión Europea (UE), 16.773 de países terceros y 686 de los que «no se conoce la nacionalidad». «El cálculo es sencillo -según el ministro-: si esos extranjeros o incluso una parte de ellos purgaran sus penas en sus países, no tendríamos problemas de hacinamiento. Y eso sin tener que liberar a los que no hay que liberar».
A partir de ahí, lo que reclama a su Administración es identificar a los extranjeros condenados de forma definitiva (que no estén esperando un recurso ni tengan otras causas pendientes), pero también examinar la posibilidad de una liberación anticipada para algunos cuando su condena contemple su expulsión de Francia al finalizar la pena.
El titular de Justicia quiere hacer más fluido con «países socios» el procedimiento de expulsión mediante una liberación condicional, que necesita que el extranjero encarcelado haya cumplido al menos la mitad de su pena en Francia y que sea objeto de una orden de expulsión. Entre los países de la UE hay una decisión marco, que está transpuesta al derecho francés, para facilitar la transferencia de presos y que cumplan en sus país de origen las penas que se les han impuesto en el extranjero.
Las condiciones son más complejas con los países extracomunitarios, para los que hace falta acuerdos bilaterales. Esta iniciativa se explica en buena medida por la agenda política del derechista Darmanin, al que se le presumen ambiciones como candidato a las presidenciales de 2027.
La cuestión de la expulsión de los extranjeros «indeseables» es una de las prioridades de los pretendientes de la derecha a una candidatura presidencial, en competencia por esa cuestión con la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen.
