Publicado: abril 4, 2025, 6:11 am
Las visas H-2B, que permiten contratar trabajadores extranjeros para empleos temporales no agrícolas, llegan con retrasos que afectan de forma directa a la gastronomía y la construcción en Florida. Según un reciente reporte, la situación complica a pequeñas y medianas empresas que dependen de esa fuerza laboral para operar con normalidad.
Qué son las visas H-2B y cuántas se otorgan por año
Las H-2B son visas que autoriza el Gobierno de Estados Unidos para la contratación de empleados extranjeros temporales. Se otorgan 66.000 por año, distribuidas en dos períodos: la mitad se asigna a empresas que inician sus actividades entre octubre y marzo, y el resto para las que lo hacen entre abril y septiembre.
Empresarios consultados por Univision Noticias aseguran que los tiempos de espera se duplicaron y que, sin respuestas concretas, deben cerrar locales o reducir servicios por la falta de personal disponible.
Restaurantes en crisis: “Cerramos los lunes”
Alma Aguilar es dueña de un restaurante de comida mexicana en Florida y preside la Cámara de Comercio Mexicoamericana del estado. En el informe de Univision, relató que solía contratar empleados mexicanos con visa H-2B, pero que ahora enfrenta graves dificultades.
Además, afirmó: “Tuvimos que cerrar los lunes por falta de trabajadores. Estamos cubriendo los turnos como familia: mi hija ayuda, mi esposo está full time y yo lavo platos y atiendo mesas”.
Por otra parte, Aguilar señaló que intentaron contratar personal local mediante avisos de empleo, pero que los candidatos no tienen disponibilidad horaria o no cuentan con documentación legal para trabajar.
Freno en obras por falta de obreros con visa
La construcción también sufre el impacto. George Carrillo, empresario del rubro y presidente del Consejo Hispano de Construcción, explicó que el 85% de las compañías no tiene la mano de obra suficiente para avanzar con sus proyectos.
“El proceso de aprobación está tan lento que no podemos planificar. Estamos usando al máximo al personal que tenemos, pero no alcanza”, dijo. Agregó que buscar trabajadores estadounidenses “es muy difícil”, ya que la mayoría no acepta las condiciones y horarios del sector.
Empresarios presionan por soluciones ante la demora federal
El informe también advierte que algunos empresarios ya consideran reducir operaciones o incluso cerrar definitivamente sus negocios si no se resuelve la situación.
A la lentitud burocrática, se suma el endurecimiento de las medidas migratorias y la falta de cupos suficientes, lo que genera un cuello de botella que golpea especialmente a negocios familiares y pequeñas constructoras.
Las deportaciones masivas perjudican a la economía de EE.UU.
Un informe del Carsey School of Public Policy concluyó que las deportaciones masivas de inmigrantes no autorizados tendrían efectos económicos negativos para ciudadanos estadounidenses y migrantes con estatus legal.
El estudio muestra que acciones de este tipo en el pasado redujeron el empleo y los salarios de los nacidos en EE.UU. Entre 2008 y 2015, la deportación de más de 454 mil personas bajo el programa Secure Communities redujo el empleo en un 0,5% y los salarios en un 0,6%.
En un escenario futuro, se estima que una deportación masiva podría contraer el Producto Interno Bruto entre un 2,6% y un 6,2%, lo que equivale a pérdidas de hasta US$1,7 mil millones. También habría una caída del empleo de hasta el 3,6% y aumentos inflacionarios significativos.
Actualmente, unos 8 millones de inmigrantes no autorizados forman parte de la fuerza laboral, especialmente en sectores como agricultura, construcción y manufactura. Su salida provocaría menos consumo, menos recaudación fiscal y mayores costos para el gobierno, que se calculan en más de US$100 mil millones solo para la remoción inicial.
Lejos de beneficiar al mercado laboral local, la evidencia muestra que estas políticas afectan de forma negativa también a los trabajadores legales, especialmente en estados como Arizona, donde la salida de inmigrantes redujo el PIB y el empleo sin mejorar los indicadores laborales de los ciudadanos.
