Publicado: abril 6, 2025, 6:00 am
En julio de 2019, en medio de una oleada de tomas de tierras y con la campaña electoral en puerta, alrededor de 20 familias desembarcaron en Santa Rosa, La Pampa. Comenzaron a ocupar terrenos privados y municipales que con el tiempo se convirtieron en tres barrios populares de la localidad. Uno de los afectados fue Homero Marqués, un abogado de 54 años que sufrió la usurpación de dos hectáreas de una propiedad que tenía en proceso de sucesión, junto a sus familiares. El lote está ubicado en el límite norte de la ciudad, dentro del ejido urbano, lindante con el parque recreativo Laguna, donde hoy funciona el asentamiento El Nuevo Salitral. LA NACION se contactó con el intendente, Luciano di Nápoli, quien señaló que el inmueble ha sido “declarado de utilidad pública” y sujeto a “expropiación” de conformidad a las normas nacionales.
“En ese momento hubo un conflicto con el gobierno nacional, y el tema fue fogoneado políticamente. Era una muestra de que existían problemas sociales. Me usurparon con un desembarco de 20 familias, pero también vinieron distintas organizaciones sociales con ellos”, relató Marqués a LA NACION. A mediados de 2019 y comienzos de la pandemia, en 2020, hubo en el país varias tomas de tierras. En algunos casos esto derivó en desalojos; sin embargo, en Santa Rosa no solo no hubo desalojos, sino que las tomas se consolidaron con el paso del tiempo y fueron avaladas por el gobierno provincial.
Tras la usurpación, Marqués presentó la denuncia en la fiscalía, pero la causa en el fuero penal fue archivada sin consecuencias para los ocupantes. “La fiscalía no hizo nada. Entonces inició una acción civil. Solicité el reconocimiento de la usurpación, pero el 18 de diciembre de 2023 agregó al expediente que el lugar había sido declarado barrio popular y se suspendió el desalojo. Al principio decían que era un conflicto entre privados, pero luego se convirtió en un conflicto social. Éramos 20 contra uno, y el gobierno lo convalidó”, afirmó. La propiedad se encontraba en proceso de loteo, pero no podía avanzar hasta que se realizara la división municipal y catastral correspondiente.
La causa fue interpuesta por la jueza Susana Ethel Fernández, de la Oficina de Gestión Común. Marqués asegura que a las audiencias asistieron entre 500 y 1000 personas vinculadas a organizaciones sociales como el Movimiento Evita. Juan Grabois, incluso, cada tanto se acerca a hacer sus tradicionales recorridas, dijo. “Iban a presionar a la jueza que nunca avanzó. Ellos llevaban todo el apoyo político y social [para amedrentar a la jueza]. Les han dado materiales de construcción: chapa, cemento, como forma de facilitar las tomas. El límite del avance de las tomas siempre fueron los servicios, que era un freno para el avance”, explicó.
La situación se agravó cuando el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, blanqueó la ocupación y anunció que proveería electricidad y alumbrado público a los barrios populares surgidos en ese contexto. “La participación del intendente le quitó toda posibilidad al desalojo, porque consolidó la toma. Dejó de ser un conflicto entre privados y se transformó en una política habitacional”, indicó.
En noviembre de 2023 se declaró a la zona usurpada como “barrio popular”, y se reconocieron tres asentamientos: El Nuevo Salitral — ubicado en las dos hectáreas de Marqués —, El Amanecer y Michaela García, estos últimos sobre terrenos municipales.
En las últimas semanas, la ordenanza municipal impulsada por el intendente Di Nápoli fue aprobada en el Concejo Deliberante, con el voto definitorio de su presidenta, Romina Montes de Oca, para proveer servicios públicos a estos barrios. “Eso terminó de consolidar el despojo. La propiedad me llegó en sucesión tras la muerte de mi padre, y la toma se hizo en medio de los trámites. Lo del Concejo Deliberante fue el golpe final”, lamentó Marqués. La sucesión se resolvió en julio de 2021.
“Ahora me muevo desde la soledad, pero son todos traspiés. Entre gallos y medianoche, declararon mi propiedad como barrio popular. Estas cosas se veían en otras provincias, pero no en La Pampa, un lugar de paz. Además nadie va a una audiencia acompañado por 1000 personas: les prestan todo el apoyo legal de abogados. Los abogados pertenecen a esas organizaciones”, agregó.
“El crimen se cometió despojando la propiedad privada. Siempre dijeron que era un conflicto entre privados, pero el intendente va a los barrios a tomar mate con la gente. El poder político está vinculado al despojo”, resumió. De las dos hectáreas en cuestión, Marqués proyectaba obtener 40 terrenos loteados, cuyo valor estimado rondaba los US$30.000 cada uno. “La sucesión me hizo demorar el loteo. En esa herencia, se me adjudicó el 50% de la propiedad, mientras que el otro 50% pertenece a mis primos, herederos de mi tío”, explicó.
En comparación con otras provincias, sostuvo que en Santa Rosa hay facilidad de acceso a la vivienda, lo que agrava su sensación de injusticia. “Nunca más fui [al terreno], me da bronca y mucha impotencia. Es una barbarie pasar por ahí y ver todo lo que han hecho. Uno hizo una construcción con cubiertas”, finalizó.
Antes una consulta de LA NACION, el intendente Di Nápoli explicó que la decisión de impulsar el tendido eléctrico se tomó porque ese barrio está declarado por ley nacional como barrio popular en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), lo que impide que cualquier dueño inicie un desalojo y obliga al Estado a urbanizar. Dijo que la mayoría del barrio se encuentra en terrenos municipales y solo una parte está en litigio entre los ocupantes y quien reclama ser su dueño. Asimismo, indicó que, al tratarse de un sector habitado por familias en situación de vulnerabilidad, el municipio optó por realizar las obras de tendido eléctrico para que luego estas familias puedan acceder a ese servicio básico.
Señaló que la declaración del barrio como de utilidad pública implica que las tierras sean sujetas a expropiación según lo que marca la ley nacional, y agregó que, en ese caso, el Estado nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), debería compensar a Marqués.
De acuerdo con un “procedimiento de expropiación”, que facilitó el Jefe municipal, se destaca: la Resolución Nº 2319/2023 del Ministerio de Desarrollo Social, firmada por Victoria Tolosa Paz que incluye los tres barrios populares en el Anexo I, establece un procedimiento de expropiación enfocado en dotar de energía eléctrica a estos asentamientos, sin pretender la regularización dominial de sus terrenos. Según el dictamen, los inmuebles se encuentran declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación conforme al art. 2 de la Ley 27453, siendo el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la AABE, el encargado de la medida, no la Municipalidad de Santa Rosa. Se destaca que, salvo una porción del barrio popular El Nuevo Salitral, que pertenece a un tercero, el resto de los barrios se asienta en terrenos municipales, y la resolución garantiza expresamente el acceso a servicios básicos.
Además, se informa que, a la fecha, no se han firmado convenios entre Nación y Municipio para la instalación del servicio: se está trabajando en el parcelamiento de las tierras y se evaluará la necesidad de futuras ordenanzas de urbanización, mientras que el Certificado de Vivienda Familiar, según el Decreto 358/17, servirá para acreditar los domicilios sin ser el único instrumento válido, y se reitera que la regularización dominial no forma parte del proceso, aunque los inmuebles pertenecientes al Sr. Homero Márquez (SIC) ya “han sido declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación”.
