Publicado: octubre 15, 2025, 3:00 am
Antes de llegar a España, no sabía que Inglaterra tenía, desde los tiempos de Franco, la fama de ser un refugio seguro para las mujeres españolas que necesitaban un aborto. Lo que me sorprende es que esa fama que empezó durante la dictadura, cuando los abortos eran ilegales, siga hoy en el imaginario español, como hemos visto de las reacciones al comentario de Isabel Díaz Ayuso, con titulares diciendo: “Ayuso nos manda a abortar a Londres”.
Incluso hay una página web, financiada por el gobierno español, recomendando Inglaterra como primera opción para un aborto si la ley española no lo permite; es decir, si una mujer está embarazada de más de 22 semanas y el feto no tiene anomalías.
La página explica que, en esa circunstancia, “las opciones pasarían por el extranjero. En primer lugar Inglaterra donde se pueden hacer abortos hasta la semana 23 + 6 días”. La ironía es que la ley británica es sobre el papel mucho más restrictiva que muchos se creen.
De hecho, la ley sobre el aborto en Inglaterra, Escocia y Gales es bastante parecida a la ley española de 1985. Los abortos son ilegales según una ley victoriana pero, desde 1967, se pueden realizar hasta las 24 semanas con el beneplácito de dos médicos, si ambos aseguran que la continuación del embarazo representa un mayor riesgo a la salud física y mental que una terminación del embarazo.
Y ojo, que en la más religiosa Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, el aborto fue ilegal hasta el año 2019.
¿Por qué la fama de poder abortar fácilmente entonces? Probablemente porque sí es cierto que el sistema ha ayudado a muchas mujeres a abortar con seguridad en clínicas bien reguladas que necesitan el permiso del Ministerio de Salud para operar. Los médicos parecen interpretar la ley pensando en el bien de la mujer. Hubo unos 214.000 abortos de mujeres que vivían en Inglaterra o Gales en el año 2021, con el 99% financiados por el NHS y el 77% realizados en clínicas privadas.
Sin embargo, la letra pequeña de la ley británica ha terminado penalizando a mujeres vulnerables que actúan por su cuenta, por desesperación o ignorancia, o las que han tenido un aborto natural sin culpa alguna. En los últimos años, la policía y los fiscales británicos han investigado o llevado mujeres a juicio por abortos ilegales, o supuestamente ilegales, destacando el hecho de que sigue siendo un delito según una ley penal de 1861.
Entre ellos, está el caso de Laura, que pasó dos años en la cárcel por haber tomado pastillas abortiva. Su pareja, que abusaba de ella y la obligó a ingerirlas, no se enfrentó a ningún cargo. Casos así han motivado a médicos, enfermeros y psicólogos a presionar por la despenalización del aborto, acordado por el Parlamento Británico en junio, pero que todavía tiene que pasar por la Cámara de los Lores
La despenalización – una simple enmienda a dos leyes para evitar que las mujeres pueden ir a la cárcel – se celebró como el mayor cambio a la ley del aborto en Inglaterra, Escocia y Gales en más de 60 años, pero no cambió la obligación de pasar por la aprobación de dos médicos ni de cumplir las excepciones especificadas en la ley de 1967 para justificar un aborto.
Curiosamente, es ahora la ley en Irlanda del Norte la que es, sobre el papel, la menos paternalista y restrictiva del Reino: hasta 12 semanas sin condiciones o explicaciones (y hasta 24 semanas con las mismas condiciones que en Inglaterra), y sigue lejos de la ley española.
En España hay un derecho al aborto, no una prohibición victoriana, pero muchas mujeres españolas constatan una paradoja: puede haber una ley supuestamente moderna, pero sin la posibilidad de acudir fácilmente a una clínica segura, sin coste, en cualquier autonomía, en uno de los momentos más duros que las mujeres podemos vivir.
