Publicado: diciembre 11, 2025, 3:40 pm
El Congreso de los Diputados ha vuelto a rechazar este jueves la senda de déficit y deuda pública propuesta por el Gobierno de cara a los Presupuestos Generales de 2026. Como ya sucedió hace dos semanas, los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN han sido suficientes para tumbar unos objetivos de estabilidad que son un paso previo necesario para poder tramitar las cuentas públicas.
Sin embargo, Hacienda ha dejado claro que seguirá adelante con el proceso presupuestario pese a este nuevo revés. El ministerio se ampara en un informe de la Abogacía del Estado que avala la tramitación de las cuentas públicas aunque las Cortes no hayan dado su visto bueno. Hacienda pretende seguir adelante con el proceso utilizando los objetivos de déficit remitidos a Bruselas en el plan de ajuste estructural de 2024, que son más restrictivos para las comunidades autónomas que los que han fracasado el jueves.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a defender desde la tribuna de la Cámara Baja los mismos objetivos de déficit y deuda que ya fueron rechazados en julio del año pasado y que el Congreso vetó, por segunda vez, hace dos semanas.
Los objetivos rechazados planteaban un déficit público del 2,1% sobre el PIB para el conjunto del país en 2026, que se reduciría hasta el 1,8% en 2027 y el 1,6% en 2028. El motivo que ha vuelto a llevar a Junts a sumarse al resto de formaciones de derechas es el reparto de esos límites. La propuesta de Hacienda pasa por limitar al 0,1% del PIB el déficit público para las comunidades autónomas los tres años.
Una meta para las autonomías que la formación independentista considera insuficiente, pese a que Hacienda defiende que el grueso del ajuste fiscal hasta 2028 recaerá sobre el Estado (e implícitamente sobre la Seguridad Social, porque la mitad del déficit de la administración central se destinará a pagar transferencias a este organismo para cubrir el déficit de pensiones). Los límites de deuda rechazados fijaban un objetivo de pasivo público del 100,9% en 2026, que se reduciría al 100% en 2027 y cerraría en el 99,1% de cara al último ejercicio de las proyecciones.
«Ni objetivos hoy ni presupuestos mañana»
Si había una posibilidad de que la senda de déficit saliera adelante, pasaba por un improbable cambio de postura de Junts, que finalmente no se ha producido. En una escueta, pero directa intervención, el diputado Josep Maria Creuset ha reprochado a Montero que haya presentado los mismos números y no haya incorporado ninguna de las exigencias de Junts. «Incumplir con Cataluña tiene consecuencias, incumplir los acuerdos tiene consecuencias. Ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana», ha zanjado.
En lo que respecta al Gobierno, la vicepresidenta Montero ha vuelto a enfocar sus críticas hacia el Partido Popular, a quien ha reprochado su voto en contra «cuando gobierna en la mayor parte de territorios y son los que van a disponer de un mayor volumen de recursos». La vicepresidenta primera ha sacado de nuevo a relucir los 5.485 millones que, sostiene, perderán las comunidades autónomas. «Quien se perjudica son las propias comunidades, ha señalado».
Por parte de los populares, le ha dado réplica Juan Bravo, vicesecretario de Economía del partido. «Ha venido a hablar del PP porque no puede hablar de su trabajo porque usted es incapaz de aprobar Presupuestos. Todas las personas que nombra de su confianza hoy están imputadas o investigadas», ha señalado Bravo, que le ha espetado que «si hace siempre lo mismo, obtendrá los mismos resultados».
Un plan de consecuencias inciertas
El plan de Montero de tirar con los objetivos remitidos a Bruselas —avalado por la Abogacía— se pondrá a prueba por primera vez en esta ocasión. Hacienda ya manejaba esta posibilidad el año pasado, pero finalmente optó por retirar los Presupuestos ante la falta de apoyos. La maniobra genera dudas legales y previsiblemente será recurrida ante los tribunales por los partidos que hoy han votado en contra.
