Publicado: marzo 23, 2025, 11:56 am
El Gobierno de Estados Unidos, dirigido por Donald Trump, ha revocado el estatus legal temporal de más de medio millón de inmigrantes de cuatro países: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
A partir del 24 de abril quedarán cancelados los permisos de trabajo y las protecciones contra la deportación de aproximadamente 532.000 personas que ingresaron legalmente a Estados Unidos bajo el programa de libertad condicional humanitaria de la era Biden.
Un aviso publicado por el Departamento de Seguridad Nacional indica: «Las personas en libertad condicional sin una base legal para permanecer en Estados Unidos tras la finalización de los programas de libertad condicional CHNV deben salir del país antes de la fecha de finalización de su libertad condicional».
Según el aviso, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, está revocando las protecciones legales porque «ha concluido que ni razones humanitarias urgentes ni un beneficio público significativo justifican la presencia continua de extranjeros en libertad condicional bajo los programas CHNV y, por lo tanto, los propósitos de dicha libertad condicional se han cumplido».
Agrega que el departamento planea «expulsar rápidamente a los extranjeros que ingresaron a Estados Unidos bajo los programas de libertad condicional CHNV que no salgan del país antes de la fecha de terminación de su libertad condicional y no tengan ninguna base legal para permanecer en Estados Unidos».
El presidente Biden lanzó el controvertido programa en 2022, que inicialmente cubría a los venezolanos antes de extenderse a otros países. Permitió a los inmigrantes con patrocinadores financieros obtener permisos de dos años para vivir y trabajar en Estados Unidos y formó parte de la estrategia de su administración para alentar a los migrantes a utilizar vías legales, al tiempo que reprimió a quienes cruzaban la frontera ilegalmente.
Sin embargo, Trump lo canceló en su primer día en el cargo luego de acusaciones de «abuso generalizado» luego de que una revisión interna del gobierno encontró que miles de patrocinadores de los inmigrantes estaban enumerando números de seguro social o números de teléfono falsos y usando la misma dirección física para miles de solicitudes de libertad condicional.
La decisión del gobierno ya ha sido impugnada en tribunales federales. Karen Tumlin, fundadora y directora del Centro de Acción por la Justicia, una de las organizaciones que interpuso la demanda a finales de febrero, calificó el nuevo anuncio de «imprudente, cruel y contraproducente». Añadió que «causará un caos y una angustia innecesarios a familias y comunidades de todo el país».
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