Publicado: julio 10, 2026, 3:00 am
El líder de la oposición ha anunciado ante empresarios vascos que, si gobierna, recortará salario y prestaciones a las personas trabajadoras en situación de incapacidad temporal, con acuerdo sindical o sin él. Para justificarlo recurrió a una expresión tan desafortunada como reveladora: calificó el absentismo de «cáncer».
El problema es que, cuando se mezclan deliberadamente el absentismo, los permisos retribuidos y las bajas médicas, se acaba trasladando a la opinión pública la idea de que quien enferma constituye un problema económico antes que una persona a la que proteger.
No hace falta demasiada imaginación para saber a quién beneficia ese planteamiento. El presidente de la patronal de Castilla-La Mancha se adelantó unos días antes calificando de «memos» a los jóvenes que causan baja por problemas de salud mental porque, según él, «les ha dejado la novia». Pocos recordaron entonces que también dirige una mutua colaboradora con la Seguridad Social. Ahí reside el verdadero debate: hay quienes siguen confundiendo la salud de las personas trabajadoras con una partida de gasto que conviene reducir cuanto antes.
«Si de verdad preocupara la salud de los trabajadores, se hablaría de prevención y no de recortes, de reforzar la sanidad pública y reducir las listas de espera, no de sembrar sospechas sobre los partes médicos»
Los datos desmontan ese relato. Estar de baja en España no compensa a nadie: los tres primeros días no se percibe prestación alguna y, posteriormente, la cobertura oscila entre el 60% y el 75% de la base reguladora. La negociación colectiva, que la Constitución reconoce y protege y que todo responsable público debería respetar, ha paliado parcialmente esa pérdida de ingresos durante décadas, pero en la mayoría de los casos quien enferma continúa perdiendo salario.
La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿es razonable que una persona con cáncer, una fractura o pendiente durante meses de una intervención quirúrgica por el colapso de determinados servicios públicos de salud vea además reducido su salario? En el sector del metal, treinta días de incapacidad temporal pueden suponer más de 400 euros de pérdida; en el campo, alrededor del 12% del salario mensual; en los sectores más precarios, varios meses de baja significan miles de euros menos. Nadie escoge enfermar. Lo que sí es una decisión política es penalizar económicamente a quien enferma.
Conviene recordar, además, que el supuesto descontrol sencillamente no existe. El artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores permite a las empresas verificar médicamente las situaciones de incapacidad temporal y, cuando existen indicios de fraude, nuestro ordenamiento ya ofrece instrumentos suficientes para combatirlo.
«Hay quienes siguen confundiendo la salud de las personas trabajadoras con una partida de gasto que conviene reducir cuanto antes»
Las mutuas disponen, desde la reforma de la Seguridad Social de 1994, de amplias facultades de seguimiento y control, una reforma tan lesiva para los derechos de las personas trabajadoras que desembocó en la huelga general convocada contra el Gobierno socialista de la época. En Alemania, por el contrario, la empresa mantiene el 100% del salario durante las seis primeras semanas de baja. Allí nadie plantea que proteger a quien enferma sea un problema para la economía.
Por eso, cuando el líder de la oposición habla del «cáncer» del absentismo y determinados dirigentes empresariales califican de «memos» a quienes padecen problemas de salud mental, ambos comparten una misma visión: la enfermedad preocupa únicamente cuando deja de producir beneficios. Ninguno habla de las interminables listas de espera en Traumatología, de que apenas el 5% de las empresas dispone de planes de prevención de salud mental, de que las dieciocho mutuas españolas apenas cuentan con 16 psiquiatras y 70 psicólogos para todo el país, de las cargas excesivas de trabajo, del acoso, del estrés o de las horas extraordinarias que siguen sin pagarse. Hablan del coste económico de la enfermedad. Esa es la diferencia entre gestionar personas y gestionar mercancías.
Y existe un riesgo añadido. Este discurso cala especialmente entre una generación que ya soporta salarios insuficientes para emanciparse, enormes dificultades para acceder a una vivienda y una creciente incertidumbre vital. Si además se transmite que quien enferma merece sospecha o incluso castigo económico, el mensaje es devastador: no solo cuesta llegar a fin de mes; también cuesta ponerse enfermo.
Si de verdad preocupara la salud de quienes trabajan, se hablaría de prevención y no de recortes, de reforzar la sanidad pública y reducir las listas de espera, no de sembrar sospechas sobre los partes médicos; de actualizar de una vez la Ley de Prevención de Riesgos Laborales —negociada durante diecinueve meses en el diálogo social— y no de anunciar reformas al margen de él. Porque las bajas laborales no se reducen empobreciendo a quien enferma, sino evitando que las personas enfermen. Todo lo demás es, como diría el propio dirigente empresarial, de memos. Pero no precisamente de quienes están de baja.
