Publicado: enero 16, 2025, 7:13 am
Desde la bancada de Unión por la Patria (UxP), el diputado Eduardo Toniolli presentó un pedido de interpelación al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el que se exige información detallada y explicaciones sobre los despidos de trabajadores en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
La iniciativa contó con el respaldo de la justicia. De hecho, mientras busca sumar el apoyo del kirchnerismo a su candidatura para la Corte Suprema, el juez Ariel Lijo dictó un fallo para preservar los espacios de la memoria y mantener el personal que se desempeña en estas áreas.
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En esta línea, el magistrado ordenó a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación que “arbitre los medios necesarios con el objeto de garantizar una dotación de personal capacitado para que los espacios de memoria que funcionan en los ex Centros de Detención y Tortura Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos permanezcan en funcionamiento”.
Esta resolución se debió a la presentación de una denuncia penal contra el ministro Mariano de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, realizada por la legisladora porteña Victoria Montenegro, “por el desmantelamiento de la secretaría de Derechos Humanos”, según fundamentó la diputada porteña.
Montenegro es hija de desaparecidos y preside en la Legislatura la Comisión de Derechos Humanos. “La justicia le ordenó a la secretaría de Derechos Humanos que garantice el funcionamiento de los sitios de la memoria. Muchas de las tareas estaban afectadas por los cientos de despidos que decidieron Alberto Baños y Mariano Cúneo Libarona. Frente a la avanzada de este Gobierno, que desmantela las políticas de derechos humanos y ataca a los organismos, conseguimos un pronunciamiento judicial que pone en valor los compromisos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, posteó en las redes Victoria Montenegro
Además, el juez Ariel Lijo ordenó “preservar los acervos y los archivos generados hasta la fecha”, y pidió que continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas” en los espacios.
Pedido de interpelación en Diputados
El pedido del diputado Eduardo Toniolli cuestiona “el vaciamiento y degradación de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia” y menciona la denuncia hecha por la Comisión Provincial por la Memoria sobre “actividades de inteligencia ilegal durante el abrazo a la Ex ESMA, realizado el viernes 27 de diciembre de 2024”.
El legislador de UxP le dijo a TN que “el fallo del juez Ariel Lijo es correcto, va en línea con lo que venimos sosteniendo. Pretendemos que los funcionarios, den explicaciones por los despidos y por el desguace y desfinanciamiento que están llevando adelante en materia de derechos humanos”.
Entre los fundamentos, el diputado Toniolli señaló que “las políticas públicas de garantía de la vigencia de los Derechos Humanos están siendo reducidas a su mínima expresión, a través de su parálisis y falta de presupuesto. En particular, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar, están siendo vaciadas y degradadas. No cabe otra interpretación cuando se analizan los datos referidos a la situación del personal en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Al inicio de la gestión total había un total de 1050 trabajadores, mientras que al 8 de enero de 2025 solo quedan 540 trabajadores”.
Y agregó que “ninguna de las personas despedidas fue reemplazada, por ende, las tareas se dejaron de hacer o tuvieron que ser asumidas por otros trabajadores. Dentro del conjunto de trabajadores despedidos encontramos personas con hasta 30 años de antigüedad, con diversas experiencias y niveles de formación importantes: administrativos, abogados, sociólogos, psicólogos y psiquiatras, comunicadores, educadores y conservadores”.
El diputado de UxP sostuvo que la política de derechos humanos atravesó los años de recuperación democrática en nuestro país. “Entre los mojones más altos en materia institucional cabe mencionar el trabajo de la CONADEP y el Informe Nunca Más (1984), el Juicio a las Juntas militares (1985), la jerarquía constitucional de los Tratados Internacionales sobre derechos humanos incorporada en la reforma de la Constitución Nacional (1994), la anulación de la ley 23492 de Punto final y de la ley 23521 de Obediencia debida (2003), la inconstitucionalidad de los Indultos declarada por la Corte Suprema de Justicia (2010) y el desarrollo de los juicios por los crímenes de lesa humanidad en tribunales de todo el país”.
La Constitución Nacional establece que cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir explicaciones e informes que estime convenientes. Mientras que el Reglamento de la Cámara de Diputados dispone que “todo diputado puede proponer la citación de uno o más ministros del Poder Ejecutivo y juntamente con ellos la de los secretarios de Estado que corresponda”. El proyecto de resolución deberá ser aprobado por el Cuerpo legislativo.
El pliego de Ariel Lijo
El tratamiento de su postulación fue habilitado por el presidente Javier Milei en la convocatoria a sesiones extraordinarias a partir del próximo lunes 20 de enero. En la comisión de Acuerdos que preside Guadalupe Tagliaferri (Pro), el magistrado Ariel Lijo defendió su postulación en una audiencia pública celebrada el año pasado, ahora se está firmando el despacho de comisión. El pliego de Lijo cuenta con las nueve firmas reglamentarias. Lo respaldaron los senadores Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), Carlos Espínola y Juan Carlos Romero (Provincias Unidas), Beatriz Ávila (PRO), Eduardo Vischi (UCR), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia de Misiones), Sergio Uñac, Claudia Ledesma y Lucía Corpacci (Unión por la Patria).
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El candidato al máximo tribunal de justicia del país necesita convencer a las dos terceras partes del Senado. Una Cámara que cuenta con 34 legisladores del kirchnerismo, sobre 72 integrantes.
