Publicado: octubre 1, 2026, 3:01 am
El filósofo chileno Humberto Giannini declaró un día que «la memoria es el acto de recoger la dispersión que produce el tiempo y el olvido«. Quizá por esto necesito volver a lugares que han tenido un gran impacto emocional en mi vida como periodista y persona, que me ha servido para mantener una visión más humanista de los desastres que provocan las dictaduras, las guerras y la maldad humana.
La Caravana de la muerte del general Sergio Arellano y los demás oficiales chilenos llegó a la Serena el 16 de octubre de 1973 a las once de la mañana. El máximo responsable, que actuaba como oficial delegado del dictador Augusto Pinochet, ordenó la formación de un consejo de guerra para juzgar a 15 prisioneros políticos, tres de los cuales ya habían sido condenados a penas de prisión en un anterior juicio. En menos de dos horas, los prisioneros yacían muerto en el campo de tiro del regimiento.
Los cadáveres fueron lanzados al fondo de una fosa común en el cementerio. Los familiares tuvieron que esperar 25 años para la exhumación de la fosa clandestina tras la orden dada por un juez. «Hicimos la petición ante el juzgado el mismo 16 de octubre de 1998, coincidiendo con el 25 aniversario de los fusilamientos. Poco después de que acabásemos el acto de homenaje nos enteramos de la gran noticia: Pinochet había sido detenido en Londres», me contó hace dos décadas Ana Merino, presidenta de la Coordinadora de Derechos Humanos de la Serena. El 9 de noviembre de 1998 empezó la exhumación de los cuerpos. Un mes más tarde, los familiares pudieron velar los restos y enterrarlos con dignidad.
Hace 25 años entrevisté a Guillermina Cepeda, de 75 años, esposa de Carlos Alcayaga Varela, dirigente sindical y albañil, padre de sus siete hijos, y a su hija Marlinda Alcayaga, de 36 años, un poco más joven que su padre cuando fue ejecutado. Fue detenido dos días después del golpe y fue liberado a las horas porque no había pruebas contra él. Siempre se había opuesto a la utilización de armas. Pero unas horas después fue llamado para prestar declaración y ya no salió de prisión.
«Lo vi tres veces. Iba siempre con seis de mis hijos. Al mayor, de 16 años, nunca le dejaron entrar. Pidió a mi segundo hijo que ejerciera de mayor con los más pequeños durante su ausencia ya que había sido condenado a 20 años de cárcel», me contó Guillermina ya fallecida. Un funcionario de la prisión le dijo un día que «había sido ejecutado», aunque ella no entendió el significado de la palabra. «Ha sido fusilado», le respondieron con frialdad y le ordenaron que se fuera porque no le iban a entregar su cuerpo.
Nueva vida
Abandonaron Vicuña, un pueblo conservador famoso porque en él nació Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en 1945, y empezó una nueva vida en La Serena como viuda con siete hijos entre 16 y 4 años. Felix Enrique, su hijo mayor, enfermó e intentó escapar del país, pero se lo devolvieron desde la frontera porque no llevaba autorización paterna. Nunca pudo recuperarse de la pérdida de su padre.
Marlinda, una de las hijas, accedió a hablar en aquel tiempo y hoy, 25 años después, permite que regresemos al cementerio para hacerle una fotografía ante la tumba de su padre y de otros compañeros fusilados. “Me enteré en el colegio porque una compañera me enseñó su nombre en el diario. Se lo ocultamos a nuestro hermano mayor porque se pasaba todo el día llorando ya que no le dejaban ver a su padre durante las visitas a la cárcel”, recordó Marlinda. El adolescente acabó enterándose y se volvió loco. Iba al cementerio y ponía flores en una huesera. Pensaba que los restos de su padre estaban allí.
«Mi hermana Oriana se casó dos años después de la ejecución. Era una niña de 16 años. La relación con su marido fue un desastre. Tuvieron tres hijos y se separaron en 1989 tras años de aguantar palizas y borracheras», me contó Marlinda.
La llegada de la democracia en 1990 provocó su frustración tanto política como personalmente y empezó a militar en un grupo armado. Tres años después, en octubre de 1993, fue detenida tras un enfrentamiento a tiros en el que murieron cuatro civiles, un carabinero y tres miembros del grupo armado. Fue condenada por varias causas a decenas de años de cárcel.
Marlinda siempre creyó que hubo una relación directa entre la ejecución de su padre y el activismo armado de su hermana. La impotencia y la rabia le influyeron para buscar apoyo en el grupo armado y luchar por los mismos ideales de su padre. En abril de 2000 escribió una carta pública desde la cárcel: «Mi padre fue un gran dirigente sindical y político que luchaba junto al pueblo por sus derechos. Muchas veces le acompañé. Aunque era una niña de 12 años, sentía la fuerza de su lucha y su entrega«.
En 2026, todo ha cambiado empezando porque los restos de su padre en la tumba no eran los suyos. Se encontraron diseminados e incompletos en tres lugares distintos.“Fue muy doloroso y ya necesitamos cerrar el ciclo de dolor y angustia” explica Marlinda ahora sí ante la tumba de su padre. Su madre se murió en 2016 sin saberlo o «quizá se creyó que era su marido como puro consuelo», comenta la mujer.
Condenas a militares
Las condenas de los militares implicados fueron entre cinco y quince años por 15 crímenes. Los soldados de bajo rango se llevaron las penas más altas y, el entonces teniente Juan Emilio Cheyre, la más baja. Cuarenta años después, este oficial fue nombrado, ya como general, comandante en jefe del Ejército durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos.
¿Cómo se llama a un estado que re victimiza a las víctimas? «Todos los gobiernos de los últimos 36 años de una pseudemocracia llamada Chile son culpables de esta situación, especialmente los gobiernos más izquierdistas que se olvidan de sus obligaciones con las víctimas y sus familiares en cuanto alcanzan el poder», comenta Marlinda con impotencia.
Entre los ejecutados de La Serena el caso del abogado Roberto Guzmán fue muy especial porque su madre, Josefina Santa Cruz Soto, era muy de derechas, pertenecía a la aristocracia chilena y tenía relaciones muy influyentes. Fue activista de la organización Patria y Libertad, grupo de choque de extrema derecha y el 11 de setiembre de 1973 «fue un día muy feliz y celebré el golpe de Estado», me contó hace un cuarto de siglo.
Y entonces mataron a su único hijo. «Intenté entrevistarme con Pinochet, pero nadie se quería hacer responsable de su asesinato. Sentí que todo el mundo era el asesino de Roberto», me explicó. Sus amigas, todas pinochetistas, le dieron la espalda. Intentaron comprar su silencio, otorgándole una pensión de gracia por la muerte de su hijo, que ella rechazó escandalizada.
Cuatro años después, en 1977, se incorporó a la Agrupación de Ejecutados Políticos que al principio desconfío de ella por su marcado perfil extremista. «Quería encontrar su cuerpo y clamaba porque se hiciera justicia. Comencé a entender la lucha de mi hijo, lo único que me quedaba en esta vida«, contó.
Años después supo que había sido condenado a cinco años por un tribunal militar que acabó rebajada a 541 días de cárcel. Hubiera quedado libre el 26 de julio de 1975, 21 meses después de su ejecución. Josefina tenía muy claro que «el principal responsable de todas estas muertes fue Pinochet».
Hilda Rosas Santana me enseñó las cartas que su marido Mario Ramirez le escribió desde la cárcel antes de ser ejecutado. Los militares chilenos intentaron presentar a las víctimas como personajes diabólicos, pero este profesor universitario tenía una sensibilidad muy especial. En un párrafo escribió: «Siempre convencido que en el mundo no hay gente mala sino equivocada, ignorante y falta de cultura que son remediables a través de la educación en valores humanos». Un día antes de morir dedicó un poema a su nieta Paolita: “Cuando ya madura tu mirada vuelva a atrás, dirás que la vida es, a la vez, llanto y sinfonía”. En su última carta, fechada el 16 de octubre de 1973, le confesó a su esposa Hilda: «No sabes cuánto te recuerdo y te echo de menos«. Horas después fue asesinado y lanzado a una fosa en el cementerio.
