Publicado: agosto 25, 2026, 10:41 am
El etiquetado y la información sobre el origen de los alimentos que incluye sigue generando polémica cada cierto tiempo. La última ha derivado en una denuncia conjunta de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, para que indague sobre la posible comercialización en España de frutas y hortalizas procedentes de territorios palestinos en disputa etiquetados como israelíes. Desde las patronales del sector han declinado pronunciarse sobre la denuncia, a solicitud de este medio.
La denuncia presentada bebe de los indicios del informe ‘Importando la Ocupación’, que elabora el centro de litigación Global Echo después de 4 años de investigación y de una reciente indagación del medio español ‘Público’. Este periódico habla de la entrada dentro del mercado europeo de frutas y verduras de los asentamientos israelíes en territorio palestino en disputa, sin que su origen quede reflejado en el etiquetado. Lo que, siempre según esta investigación, habría permitido su posible comercialización en supermercados españoles.
Importaciones israelíes hortofrutícolas
CECU y COAG toman como referencia esta investigación, y destacan, que en los últimos años España se ha convertido en un mercado importante para alimentos procedentes de Israel. Ambas organizaciones apuntan que, solo en 2025, se importaron 43.825 toneladas de patatas por un valor de 26,59 millones de euros y cerca de 2.900 toneladas de dátiles por unos 17 millones de euros.
Además, añaden CECU y COAG, que las frutas, hortalizas y semillas supusieron el 81% de las importaciones españolas desde Israel. Unas cifras que, en su opinión, hacen relevante que se garantice la trazabilidad de estos alimentos y que el etiquetado refleje fielmente su origen para que el consumidor reciba una información correcto. Para ambas organizaciones esto supondría una competencia desleal para los agricultores españoles, que cumplen con la legislación comunitaria y española.
En la denuncia también solicitan que se indague, si las frutas y hortalizas importadas, estuvieran incumpliendo el Real Decreto Ley 10/2025 que prohíbe la importación desde España de productos originarios de los territorios palestinos ocupados por Israel, así como del uso de certificados fitosanitarios y ecológicos que no cumplirían con la legislación europea. En este sentido, piden a la Dirección General de consumo que ejerza sus competencias de inspección para cerciorarse de su origen.
«La transparencia es imprescindible»
Para el director de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), David Sánchez Carpio, con la denuncia se busca garantizar la veracidad de la información sobre el origen de los productos y cree que «la transparencia es imprescindible para que cada persona pueda ejercer un consumo informado y acorde con sus valores». Sánchez pide que Consumo impulse «una investigación exhaustiva» y haga cumplir la legislación.
Para el secretario general de COAG, Andrés Góngora, no se puede permitir que entre productos procedentes de los territorios que disputan israelíes y palestinos «en un contexto de genocidio» comercializándose con orígenes diferentes. Lo que, para Góngora, no solo vulneraría el derecho de los consumidores sino que «supone una grave distorsión de la competencia para agricultores y ganaderos que producen bajo las exigentes normas europeas».
