Publicado: octubre 23, 2024, 3:55 pm
En la Unión Europea son habituales los eufemismos: se habla de «vías alternativas» para no decir directamente que se está explorando la opción de establecer centros de detención de migrantes fuera de la UE, siguiendo el modelo de Giorgia Meloni con Albania -que por otra parte no está dando los resultados esperados- y que ya abrazan al menos una decena de socios comunitarios. En la Comisión no lo ven con malos ojos y mantienen esa idea sobre la mesa. «Algunos Estados miembros están pidiendo explorar posibles formas de avanzar en materia de soluciones, como la idea de desarrollar centros de deportación fuera de la UE«, apuntó este miércoles la comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, en un debate en el Parlamento Europeo en Estrasburgo.
Meloni ya colocó su mensaje la pasada semana en el Consejo Europeo, y en paralelo a la cumbre de 27 convocó a varios líderes que siguen o pueden seguir su línea para abordar el asunto. Allí estuvieron Italia, Dinamarca y Países Bajos, Austria, Chipre, Polonia, República Checa, Grecia, Hungría, Malta, Eslovaquia y la Comisión Europea, además de extenderse la invitación por ejemplo al canciller alemán, que como Francia declinó asistir. Se salieron de la misma, eso sí, tanto España como los Bálticos y Pedro Sánchez dejó claro desde un primer momento que está en contra de estos centros, porque los considera «una solución coyuntural».
Pero Bruselas no quiere descartar esa posibilidad porque, aseguró la presidenta Ursula von der Leyen, ese derecho al asilo no tiene por qué recaer siempre en la UE, sino también en «terceros países seguros». Ahora, la realidad es que la Unión no tiene competencias para desarrollar estos centros de manera común, sino que se tata de una cuestión que recae de momento en los Estados miembros. La Comisión ya se pronunció en esta línea hace días. Es decir, ve con buenos ojos la idea, pero no es ella la que la pueda llevar a cabo; de ahí que Italia haya podido acordar con Albania su construcción de manera bilateral.
Dalli, con todo, matizó que se prestará «importante atención al respeto de los derechos fundamentales al considerar medidas como los centros de deportación«, algo que también se recogió -aunque no se mencionaron de forma explícita estas estructuras- en las conclusiones de la cumbre de líderes. Bruselas, dijo la dirigente maltesa, se asegurará de que el Derecho Internacional y el principio de no devolución «siempre se respetan, en todos los casos».
«La migración ordenada, responsable y bien gestionada es la respuesta al reto demográfico que enfrenta Europa y también España», resumió Pedro Sánchez, dando un enfoque distinto al que dan por ejemplo Italia y Hungría. «Nuestra credibilidad ante el resto del mundo depende también de cómo se gestione la migración», sostuvo, volviendo a recordar la labor «de la migración española» hace algunas décadas. «Somos conscientes de que el debate genera posiciones encontradas pero en último término nos dice qué Europa queremos ser». Para Sánchez, la clave está en pensar «en las nuevas generaciones y no en las próximas elecciones» para así «responder ante el reto». España prioriza, por tanto, que se adelante a 2025 la aplicación del pacto común de migración y asilo, prevista para 2026.
El Gobierno español considera que la hoja de ruta de Roma «no soluciona problemas y genera otros nuevos». Así, su apuesta es «un enfoque más integral» que incluya el apoyo con los terceros países. «Más coordinación, anticipación con el pacto migratorio y lógicamente todo lo que tiene que ver con aspectos incluso económicos», terminó Pedro Sánchez. «El planteamiento que hacemos es siempre en positivo», añadió porque la migración para Moncloa es «importante para asegurar también el crecimiento económico».
En esa línea habló en la Eurocámara la líder de los socialdemócratas europeos, Iratxe García. La española considera que esa idea de Meloni «entierra» el pacto migratorio y que supone «renunciar a los valores europeos», por lo que mostró su sorpresa por el hecho de que la presidenta de la Comisión Europea la acepte. «Ahora que la Justicia italiana ha sentenciado que el acuerdo del Gobierno de Meloni con Albania es ilegal, la señora Von der Leyen debe abandonar su propuesta inhumana e ilegal para crear centros de deportación en terceros países», concluyó García, poniendo en valor la decisión de un tribunal romano sobre la medida.
El PP, contra Sánchez
El PP, por su parte, cargó directamente contra Sánchez. Los populares han acusado al presidente del Gobierno de «poner en peligro la seguridad de la UE» por su «inacción e irresponsabilidad» en lo que se refiere a la gestión de la migración. Así lo ha expresado la portavoz de los populares en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, durante el debate en Estrasburgo. Considera además que el Gobierno «no defiende ni las fronteras ni a los cuerpos de seguridad».
La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo cree que el Ejecutivo elude responsabilidades «ante la grave situación» que se vive, dicen, en Canarias, Ceuta y Melilla. Montserrat apuntó desde la tribuna que Sánchez «rechaza la cooperación, desoye a Europa y desprecia la ayuda de Frontex«. Al mismo tiempo, pide que el presidente dimita «ante los casos de corrupción que le acechan en su Gobierno, en su partido y en su entorno personal». Para el PP, al presidente «solo le preocupa seguir en el poder».
