Publicado: septiembre 19, 2024, 11:57 am
La Comisión Europea ha abierto este jueves el procedimiento de seis meses para que Apple cumpla con las reglas europeas para Mercados Digitales (DMA) que le obligan a permitir el acceso «gratuito y efectivo» a sus sistemas operativos de iPhone e iPad por parte de desarrolladores y empresas competidoras. En concreto, Bruselas inicia sendos procesos de «especificación» para asesorar a la multinacional estadounidense con los pasos que debe dar para garantizar la interoperabilidad a desarrolladores y empresas terceras con funciones de ‘hardware’ y ‘software’ controladas por los sistemas iOS e iPadOS. Con este paso, los servicios comunitarios formalizan el diálogo con Apple sobre sus nuevas obligaciones legales con la Unión Europea y que permiten a Bruselas, por propia iniciativa, especificar las medidas que un ‘guardián de acceso’ debe aplicar para garantizar que cumple con las obligaciones de la DMA . El primer proceso se centra en varias características y funcionalidades de conectividad de iOS que se usan en dispositivos conectados como relojes inteligentes, auriculares y cascos de realidad virtual. Las firmas que comercializan estos artículos dependen de una interoperabilidad efectiva con los smartphones y sus sistemas operativos , por lo que la Comisión quiere dejar claro el modo en que Apple abrirá funciones como las notificaciones o el emparejamiento de dispositivos a dispositivos de sus competidores. El segundo dosier aborda las peticiones de interoperabilidad presentadas por desarrolladores para acceder a iOS e iPadOS, un punto sobre el que Bruselas apunta que es fundamental que el proceso de solicitud sea «transparente, oportuno y justo para que todos los desarrolladores tengan un camino eficaz y predecible hacia la interoperabilidad y puedan innovar». Esta fase prevé un plazo de seis meses para que los servicios comunitarios asistan a Apple en la toma de medidas para responder a sus obligaciones, pero el Ejecutivo comunitario advierte de que ello no impide que pueda tomar medidas si concluye que la compañía incumple las normas, medidas que pueden llevar también a la imposición de sanciones económicas.
