Publicado: mayo 8, 2025, 6:05 pm
No solo deberá enfrentar un juicio oral y público por haber estado, según la Justicia, detrás de una importante estafa inmobiliaria con la venta duplicada de departamentos y locales comerciales en emprendimientos de dos barrios porteños. Alberto José Márcico, ídolo de Ferro, Boca Juniors y Gimnasia Esgrima La Plata, también fue acusado de ser jefe de una asociación ilícita detrás de aquellas defraudaciones.
La imputación incluye a los dos hijos del exfutbolista, Pablo y Lucas Márcico, y a un cuarto sospechoso, identificado como Omar Martiarena, según informaron fuentes con acceso al expediente.
Los cuatro fueron citados a prestar declaración indagatoria. Pero las defensas plantearon nulidades del dictamen del Ministerio Público Fiscal y ahora la cuestión debe ser definida por la Sala IV de la Cámara del Crimen.
Para el fiscal Andrés Madrea, el Beto Márcico fue el jefe de la asociación ilícita, sus hijos los organizadores y Martiarena cumplió el rol de “miembro” de la organización criminal.
“Se ha logrado constatar efectivamente la participación de Martiarena y de Pablo Márcico [en la asociación ilícita]. Concretamente, se ha establecido que ellos publicaban y ofrecían los departamentos sin requerir ningún tipo de documentación al Registro de la Propiedad Inmueble, cuyas ventas eran concretadas con Alberto y Lucas Márcico, quienes firmaban los boletos de compraventa de los inmuebles que ya habían sido vendidos previamente”, explicó el representante del Ministerio Público Fiscal en el dictamen presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°39 donde solicitó que los sospechosos sean citados a prestar declaración indagatoria.
Anteayer, como informó LA NACION, el Beto Márcico recibió un revés judicial. El juez Luis Salas, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°1 rechazó el pedido de suspensión de juicio a prueba solicitado por la defensa de Márcico en la acusación por estafas.
El magistrado rechazó la solicitud de probation ante la enfática oposición de los querellantes y del fiscal Horacio Azzolin, representante del Ministerio Público en el juicio, debido a que el monto ofrecido como resarcimiento económico por los acusados fue “totalmente irrisorio”, según confiaron a LA NACION partícipes de la audiencia, que se realizó de forma remota, vía Zoom.
De esta manera, la acusación por estafas que pesa sobre el exfutbolista y su hijo Lucas se dirimirá en un juicio oral en el que, tal como adelantaron, varias querellas pedirán que los Márcico terminen en la cárcel. Consideran que el concurso real de los delitos que les atribuyen –22 hechos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y 15 hechos de estelionato (vender una cosa que no es propia)– podrían derivar en una eventual condena de prisión efectiva.
Los querellantes cuestionaron no solo el monto ofrecido por los Márcico para resarcir, al menor en parte, a los damnificados, y el plazo para saldar esa cuenta en el marco de la probation. Consideraron que el ofrecimiento era, incluso, peor que uno anterior que habían realizado. Como sostuvo el fiscal general Horacio Azzolin en la audiencia virtual: “Es la primera vez que me pasa que modifiquen para peor las condiciones”.
El abogado Gabriel Palmeiro, defensor de Lucas Márcico, informó a las partes que la propuesta integral era de 295.000 dólares: 180.000 para Marta Zulema Rondinella (que había comprado 16 departamentos y seis cocheras) pagaderas en 23 cuotas (22 de US$7800 y una de 8398), 100.000 para Martín Herrera (exarquero de Boca, donde fue compañero del Beto, comprador de cinco departamentos y un local comercial), en 22 cuotas de 4300 dólares y una de 5381) y 15.000 dólares a repartir en partes iguales entre cinco querellantes que compraron aquellos departamentos, de los que tienen boleto de compraventa y posesión, pero que no pueden escriturar por el actual estado de la causa.
La empresa constructora Edificio Migueletes 1268 SRL, de los Márcico, quebró, y la suerte de aquellos inmuebles y sus compradores aún se dirime en el fuero Comercial.
Sobre el ofrecimiento, Palmeiro sostuvo: “Esta división en cuotas entendemos que no genera merma alguna en cada uno de los interesados, razón por la cual puede tomarse ese monto global a los efectos de ese ofrecimiento en los términos de la suspensión del juicio a prueba como absolutamente valedero, lógico y con la mantención del valor para cada uno de ellos”.
Su colega Martín Ezequiel Villar, abogado del exvolante ofensivo que jugó en la selección argentina, adhirió a la propuesta y agregó que el ofrecimiento se ajusta a las posibilidades reales del señor Márcico».
El abogado Claudio Caffarello, representante en la querella de Rondinella, fue el primero en manifestar su oposición a la propuesta. “Respecto de este nuevo ofrecimiento con el que nos sorprenden las defensas, recordemos que el primer ofrecimiento fue de 180.000 dólares, pero en 18 cuotas, y no en 23, como ahora. Recordemos también que al comienzo del proyecto Rondinella adquirió unidades por 750.000 dólares”, sostuvo.
“No discutimos el monto, que queda lejos del perjuicio ocasionado. Bajo ningún punto de vista, y menos ahora, a los 80 años, la señora Rondinella le puede aceptar a Márcico el pago a dos años. ¿Quién le podría aceptar a un quebrado 23 cuotas? Aceptar esto es admitir o permitir que los Márcico hicieran con el dinero recibido lo que quisieron», afirmó Caffarello, que consideró “irrazonable” la propuesta de reparación del daño producido.
Luego, en cuanto a la viabilidad de la probation, el representante de Rondinella ponderó que “en caso de que en este proceso recaiga una condena difícilmente sea de cumplimiento en suspenso”.
Yael Jaifetz, abogada del exarquero xeneize Herrera, también se opuso al pago del resarcimiento a plazos. “Es darles un beneficio de pagar un 10% en cuotas, lo que no consentimos bajo ningún punto de vista, por lo que rechazamos el ofrecimiento”, sentenció.
Julián Subías, abogado de una pareja integrante del tercer grupo de querellantes, fue enfático en el rechazo: “El ofrecimiento de 3000 dólares en una cuota no satisface en lo más mínimo el daño causado a mis mandantes. Por más que tengamos la posesión, ellos no compraron la posesión, compraron un departamento y no lo tienen, lo tienen que seguir peleando, hace 25 años que vienen peleándolo. La última hipoteca tuvieron que ir a levantarla ellos mismos; debieron pagar más de 50.000 dólares para que no los saquen de la casa. Lo que gastaron supera ampliamente los montos que ofrecen ahora para tratar de solucionar este conflicto».
