Publicado: octubre 3, 2026, 3:00 am
El real decreto ley que prorroga hasta el próximo 31 de diciembre la ayuda de 20 céntimos el litro para el gasóleo agrícola y de uso en la pesca no ha convencido ni a las organizaciones agrarias ni al sector pesquero. Sin embargo, la norma -que ya esta en vigor a la espera de su convalidación- incluye una disposición poco habitual: la solicitud del Gobierno a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de «un estudio sobre el funcionamiento y el grado de competencia» de la cadena agroalimentaria, con especial mención a la «incidencia sobre los precios». ¿Un gesto de cara a la galería? ¿O un aviso a navegantes?
En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se explica que, al margen de las competencias de la CNMC como regulador de los mercados, se encarga a este órgano «un seguimiento de la evolución de los precios de los productos alimentarios». Esto se hará a través de un informe que analice «el funcionamiento y el grado de competencia a lo largo de la cadena de valor de dichos productos» y su impacto sobre los precios.
El Ejecutivo solicita a Competencia «un estudio sobre el funcionamiento y el grado de competencia» de la cadena agroalimentaria, con especial mención a la «incidencia sobre los precios».
El Gobierno añade que, el estudio de la CNMC, debe prestar «especial atención al contexto de incremento de los costes energéticos y de fertilizantes, y a las medidas fiscales y económicas adoptadas para contener su traslación a los precios finales». Lo que supone comprobar la efectividad de unas ayudas que, en Agricultura, elevan hasta un total de 1.174 millones de euros desde que estalló el conflicto de Oriente Próximo.
Un encargo que se basa en su labor como órgano consultivo sobre el funcionamiento de los mercados y la Competencia para las administraciones públicas. Además, especifican desde el Gobierno, el informe incorporará «recomendaciones relativas a las materias analizadas y dirigidas a garantizar el correcto funcionamiento de los mercados».
Por qué se ha preferido a Competencia
Fuentes del sector consultadas por este medio argumentan que la entrada en escena de Competencia frente a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que es un órgano autónomo vinculado al Ministerio de Agricultura y encargado de velar por el funcionamiento de la cadena alimentaria, se debe «al mayor rango administrativo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)» así como a su prestigio, entre otras razones. Cabe recordar que el Congreso de los Diputados rechazó elevar la AICA a la categoría de agencia estatal en marzo de 2025.
Según fuentes consultadas, detrás de la irrupción de Competencia, hay motivos como «el mayor rango administrativo» del regulador, y un régimen sancionador más duro
A lo que se suman, según estos interlocutores, tres motivos más: la CNMC cuenta con un régimen sancionador más potente, esta más familiarizada con la legislación y el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, no oculta su interés por seguir de cerca lo que pueda suceder con los precios de los alimentos y la inflación. Esta semana se publicaba el dato adelantado del IPC de septiembre, que escalaba hasta el 4,9%. A la espera de la estimación definitiva por subgrupos, en agosto los alimentos ya repuntaron el 2,5%.
Sobre esto último, el número dos del Ejecutivo aseguró durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes que están siguiendo de forma «muy pormenorizada» la evolución de los precios de los alimentos. Lo que ha justificado en que, tras «un shock energético», puede haber más subidas en la cesta de la compra y cita como ejemplo lo sucedido con el estallido de la guerra en Ucrania.
Regímenes sancionadores diferentes
Competencia puede imponer multas por hasta el 10% del volumen de negocios mundial (ingresos) del último ejercicio cerrado de la empresa infractora, en el caso de las infracciones más graves. Sin embargo, también tendrá en cuenta criterios como la dimensión del mercado afectado o la cuota de mercado. También esta habilitada para sancionar con hasta 60.000 euros a los representantes legales o directivos implicados.
Frente a lo anterior, la Agencia de Información y Control Alimentarios vigila el normal funcionamiento de la cadena alimentaria y, desde su creación en 2014, acumula ya 991 sanciones por un montante de casi 28 millones de euros. A lo que se añaden 399 inspecciones realizadas solo el año pasado superando las 8.400 en sus 12 años de existencia.
Competencia puede imponer multas por hasta el 10% del volumen de negocios mundial de la empresa infractora, la AICA impone sanciones de hasta un millón de euros
Las cuantías de las multas son inferiores a las de la CNMC. El órgano autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, puede establecer multas de hasta un millón de euros en los expedientes más graves. Tampoco podrán ser inferiores al beneficio económico obtenido por el infractor, ni superar el 5 o 10% de los ingresos brutos de su último ejercicio.
Colaboración entre Competencia y AICA
En el sector agrario la irrupción de Competencia se ve con una mezcla de escepticismo y cierta expectación. Fuentes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ven con buenos ojos que el real decreto encargue un estudio sobre el funcionamiento de la cadena agroalimentaria al regulador. «La AICA debe colaborar en el informe con la CNMC, para analizar como se configuran los costes de producción», señalan.
El secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andrés Góngora, coincide también en la valoración positiva de UPA «porque ante una situación de crisis, hay que vigilar el comportamiento de los precios» aunque centra su interés en el valor de los fertilizantes y, sobre todo, el gasóleo agrícola que son dos insumos muy relevantes. «Creemos que no debe bastar solo con vigilar, sino que hay que establecer sanciones para los que especulen», apunta Góngora.
COAG cree que, además de vigilar precios, «hay que establecer sanciones para los que especulen». UPA llama a que Competencia y la AICA colaboren y Luis Cortés, de Unión de Uniones, habla de «una iniciativa muy importante si se toma en serio»
Para el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, se trata de «una iniciativa muy importante si se toma en serio» y considera que es «un gesto que no le cuesta dinero al Gobierno». A Cortés le llama la atención que se haya anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y recuerda que «la mayoría de las sanciones de la AICA rondan los 3.000 euros, en cambio, en la CNMC es un porcentaje de la facturación».
