Publicado: junio 10, 2026, 12:13 am
Frente a una intimación de la Inspección General de la Justicia (IGJ) que la obligaba a entregar documentación contable en un plazo de 10 días hábiles administrativos, la Superliga Profesional del Fútbol Argentino replicó la estrategia de la AFA y pidió una apelación ante la Justicia para evitar la auditoría del Gobierno.
“No podemos avanzar hasta que defina la Cámara. Imitaron el mismo proceder de AFA”, explicaron a TN desde el Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.
A fines de mayo, la IGJ a cargo de Alejandro Ramírez había apercibido a la Superliga para que presente sus balances en el marco de la veeduría impulsada para revisar toda la documentación societaria, contable y financiera vinculada a su funcionamiento.
La medida respondió al rechazo de la entidad a la hora de cumplir los requerimientos de los veedores y los obstáculos que puso a las tareas de fiscalización. Sin embargo, pese a la amenaza de sanciones mayores, la Superliga no presentó la documentación y requirió una apelación ante la cámara civil para frenar el proceso.
Al igual que sucedió en el caso de la AFA, en el Gobierno sostienen que el recurso judicial obliga a esperar a su resolución antes de poder avanzar con mayores apercibimientos o nuevas medidas administrativas.
El interés del Gobierno sobre los balances contables de la Superliga
Para fundamentar la veeduría, la IGJ sostuvo que la Superliga administró US$348 millones entre 2020 y 2024. En ese sentido, el Gobierno pidió determinar si existe una inconsistencia entre el objeto social de la entidad y las actividades que desarrolla, revisar decisiones económicas y financieras de sus órganos de gobierno, analizar la relación económica con la AFA y examinar los estados contables y financieros desde 2017 hasta la actualidad.
Además, el Gobierno pidió verificar “la eventual relación que pudiera existir, o las operaciones que pudieran haber sido concertadas por la entidad” con diversas firmas hoy bajo la mira de la Justicia por presunto desvío de fondos y lavado de dinero, entre ellas TourProdEnter LLC, el Grupo Sur Finanzas y sus responsables: Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.
Con la apelación ante la Justicia, la entidad hoy dependiente de la AFA -originalmente creada para manejar los contratos de televisación del torneo local entre 2017 y 2020- ganó tiempo mientras avanzan en paralelo una serie de causas en los tribunales que involucran a la cúpula del fútbol argentino.
Las causas judiciales que involucran a la AFA
Por un lado, el Gobierno impulsó a través de ARCA una causa por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto de $ 19 mil millones. A ese expediente se suma la investigación por la mansión de Pilar sospechada de pertenecer al Tesorero de AFA, Pablo Toviggino.
En paralelo, la Justicia investiga los contratos de la AFA con TourProdEnter, la firma a cargo de los negocios de la Asociación en el exterior que habría desviado más de US$40 millones a empresas radicadas en los Estados Unidos sin empleados ni actividad declarada.
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Otra causa ligada a la cúpula de la AFA es la que tiene como protagonista a la financiera Sur Finanzas, sospechada de lavado de dinero, irregularidades en la compra de dólar oficial en 2019 y sus lazos con clubes del fútbol argentino.
