Publicado: mayo 20, 2026, 2:13 pm
El gobierno nacional avanzó con la reglamentación operativa del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta creada para estimular proyectos productivos en distintos sectores de la economía mediante beneficios fiscales y mecanismos de promoción destinados principalmente a pequeñas y medianas empresas.
La medida quedó formalizada a través de una resolución conjunta firmada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) y la Secretaría de Energía (SE), que estableció las condiciones que deberán cumplir las empresas y entidades interesadas en acceder al esquema.
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El régimen fue creado por la Ley 27.802 y reglamentado posteriormente mediante el Decreto 242/2026 con el objetivo de incentivar inversiones nacionales y extranjeras consideradas estratégicas para el desarrollo económico, la generación de empleo y el fortalecimiento de cadenas de valor.
Entre los beneficios previstos aparecen la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA para inversiones vinculadas a bienes amortizables y obras productivas realizadas en el país.
Un esquema para acelerar inversiones
La reglamentación oficial también puso especial atención sobre sectores vinculados al agro y la energía, considerados claves dentro de la estrategia económica del Gobierno. Según el texto, podrán ingresar al régimen inversiones relacionadas con sistemas de riego, equipos de eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes, aun cuando no alcancen los montos mínimos establecidos para otros proyectos.
La implementación práctica del esquema quedará centralizada en un nuevo sistema digital denominado “Sistema de Gestión de Inversiones” (SGI), una plataforma web administrada por ARCA donde deberán registrarse las inversiones, seleccionarse los beneficios y realizarse todos los trámites vinculados al régimen.
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El objetivo oficial es simplificar procedimientos y acelerar la validación de proyectos productivos, especialmente aquellos impulsados por micro, pequeñas y medianas empresas.
Requisitos y controles
La resolución también definió quiénes podrán acceder al RIMI. El régimen estará destinado a sujetos alcanzados por el impuesto a las ganancias que cuenten con certificado MiPyME vigente y que estén registrados formalmente dentro de las categorías habilitadas.
Además de las empresas privadas, el esquema contempla la posibilidad de incorporar entidades sin fines de lucro, como asociaciones civiles, fundaciones y mutuales, siempre que cumplan determinados requisitos administrativos y económicos establecidos por la normativa.
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Uno de los puntos destacados de la reglamentación es la incorporación de mecanismos de verificación y auditoría sobre las inversiones declaradas. Para acreditar avances de obra o ejecución de proyectos, los beneficiarios deberán presentar facturas, informes técnicos, certificados profesionales y documentación respaldatoria que permita validar el destino productivo de las inversiones.
En paralelo, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Energía podrán realizar controles específicos según el tipo de proyecto involucrado, mientras que ARCA verificará la situación fiscal de las empresas antes de habilitar el acceso a los beneficios.
El esquema también prevé sanciones en caso de incumplimientos. Si se detectan irregularidades o inversiones que no se ajusten a los parámetros establecidos, el Estado podrá reclamar la devolución de créditos fiscales otorgados, exigir diferencias impositivas y aplicar multas.
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La reglamentación llega en un contexto donde distintos sectores productivos vienen reclamando herramientas que faciliten el acceso a financiamiento e incentivos fiscales para sostener inversiones en medio de costos crecientes y condiciones económicas complejas.
Dentro del agro, la inclusión de sistemas de riego, infraestructura para protección climática y tecnologías vinculadas a eficiencia energética fue interpretada como una señal orientada a fortalecer inversiones destinadas a mejorar productividad y adaptación frente a eventos climáticos extremos.
El Gobierno apuesta a que el régimen funcione como un mecanismo para movilizar capital privado y acelerar proyectos que impacten sobre producción, exportaciones y generación de empleo.
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Aunque todavía resta conocer el volumen real de inversiones que podrían ingresar al sistema, la reglamentación marcó el inicio operativo de un esquema que buscará transformarse en una de las principales herramientas de promoción productiva para las medianas inversiones durante los próximos años.
