Publicado: mayo 6, 2026, 3:06 pm
El informe del Parlamento Europeo, elaborado tras la misión de eurodiputados sobre el Estado de derecho en España celebrada los pasados 16 y 17 de febrero, advierte de «un deterioro de la confianza en varias instituciones del Estado y alerta sobre dinámicas que pueden comprometer la percepción de imparcialidad y equilibrio institucional» exigidos por los criterios europeos.
El documento también reprocha al Gobierno su falta de colaboración con la misión parlamentaria, después de que el presidente del Gobierno y varios ministros se negaran a reunirse con la delegación del Parlamento Europeo durante su visita a España. El documento identifica la independencia de la Justicia como una de las principales inquietudes planteadas durante la misión. En concreto, señala que el actual sistema de designación del Consejo General del Poder Judicial sigue generando dudas sobre una posible influencia política en la institución.
El mismo informe, a la vez, recuerda que el método de elección de sus miembros no se ha reformado conforme a los criterios europeos, pese a que el propio Gobierno se había comprometido a hacerlo. El documento advierte, además, de que la acumulación de tensiones institucionales puede acabar erosionando la confianza pública en la Justicia.
Por otro lado, el informe pone el foco en cuestiones concretas como el uso reiterado del decreto-ley, la preocupación sobre la independencia judicial, el deterioro de los indicadores de percepción de la corrupción y las dudas expresadas durante la misión acerca de la neutralidad de determinados organismos públicos.
Además, advierte de que estas tendencias pueden afectar al correcto funcionamiento institucional y erosionar la confianza ciudadana. En particular, la delegación de eurodiputados señala que el uso recurrente del decreto-ley por parte del Gobierno «puede limitar la deliberación y debilitar los mecanismos consultivos», especialmente cuando se aplica a reformas políticamente sensibles.
También recoge preocupaciones sobre el «bloqueo legislativo, la falta de negociación y la creciente dominancia del ejecutivo». El texto también señala el empeoramiento de los indicadores de percepción de corrupción, que se sitúan «en su nivel más bajo desde 2012», y advierte de que los retrasos en causas complejas pueden afectar a la credibilidad de la acción anticorrupción. En este sentido, el informe de la delegación identifica preocupaciones en el ámbito mediático, especialmente en relación con la radiotelevisión pública. En concreto, “expresa su preocupación sobre la gobernanza independiente de RTVE” en un contexto de alta polarización.
El presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE) y copresidente de la misión a España, Javier Zarzalejos (PP), ha asegurado que el informe «pone de manifiesto que existen problemas graves y un deterioro progresivo del Estado de derecho en España que ya no puede seguir siendo ignorado». Zarzalejos ha denunciado que «el Gobierno sigue incumpliendo su compromiso de reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial conforme a los baremos europeos» y ha advertido de «un abuso continuado del real decreto-ley como fórmula para debilitar la deliberación parlamentaria y amordazar al Congreso».
Al mismo tiempo, ha reclamado «una estrategia legal, administrativa y política firme contra la corrupción», porque, expone Zarzalejos, «cuando la corrupción se normaliza o se tolera, acaba contaminando el funcionamiento del Estado de derecho y erosionando la confianza de los ciudadanos en las instituciones».
