Publicado: noviembre 13, 2025, 5:09 pm
Una decisión judicial en Illinois podría cambiar la vida de cientos de inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en medio de la campaña de deportaciones impulsada por la administración de Donald Trump. El juez federal Jeffrey Cummings ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) revisar la situación de los migrantes arrestados en Chicago y determinar si deben ser liberados bajo fianza, luego de que se denunciaron violaciones a un acuerdo judicial previo.
La orden judicial que pone en jaque a la operación migratoria en Chicago
La decisión del juez Cummings surgió tras un pedido de los abogados del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Illinois, quienes solicitaron al tribunal que hiciera cumplir el consent decree Castañon Nava, un acuerdo que obliga al DHS a documentar cada arresto sin orden judicial. Según los abogados, el gobierno violó ese acuerdo en repetidas ocasiones durante una operación masiva en Chicago, citó The Washington Post.
El magistrado ordenó que el DHS evaluara la liberación de cientos de personas detenidas bajo esas circunstancias.
De acuerdo con Mark Fleming, director asociado de litigios federales del NIJC, “615 detenidos podrían ser liberados bajo fianza o incluidos en programas alternativos a la detención tan pronto como el próximo viernes”.
El juez también dispuso la liberación inmediata y sin condiciones de 13 inmigrantes, tras comprobar que sus arrestos habían violado el decreto judicial.
Fleming advirtió que el alcance de la decisión podría ser aún mayor: “Miles de personas podrían ser elegibles para salir bajo fianza o alternativas a la detención, dependiendo de si el Departamento de Seguridad Nacional incumplió el acuerdo”.
Qué es el decreto Castañon Nava y por qué fue clave en Illinois
El consent decree Castañon Nava fue firmado en 2022 tras una demanda colectiva contra el DHS, y estableció reglas claras sobre los arrestos sin orden judicial en seis estados: Illinois, Indiana, Wisconsin, Missouri, Kentucky y Kansas. El acuerdo obliga al gobierno a presentar documentación específica que justifique cada detención y a garantizar transparencia en el proceso.
En octubre, el juez Cummings ya había determinado que ICE violó ese acuerdo en al menos 22 ocasiones en enero de este año. Debido a esas infracciones, el magistrado extendió la vigencia del decreto hasta febrero de 2026, lo que aumentó así el control judicial sobre las operaciones migratorias del gobierno.
Michelle García, directora legal adjunta de la ACLU de Illinois, explicó a The Washington Post que la solicitud reciente al tribunal se basó en el temor de que las autoridades “intentaran demorar el cumplimiento de la orden, lo que implicaría que las personas seguirían detenidas injustamente o, por desesperación, aceptarían su deportación cuando nunca debieron haber sido arrestadas”.
“Operación Midway Blitz”: el centro del conflicto en Illinois
El DHS lanzó en septiembre la llamada Operación Midway Blitz, una ofensiva enfocada en arrestar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, a quienes describió como “los peores de los peores”. Según datos de la agencia, que citó el Washington Post, hasta el momento se detuvieron alrededor de 3000 personas. Sin embargo, esa cifra se convirtió en el eje de múltiples controversias judiciales y denuncias de abusos.
Las organizaciones demandantes sostienen que gran parte de las detenciones se realizaron sin las garantías exigidas por el decreto judicial. En respuesta a una orden anterior, el ICE presentó una lista de arrestos efectuados entre el 11 de junio y el 7 de octubre, que inicialmente incluía más de 1800 personas. Pero, según Fleming, solo 750 de ellas permanecían en Estados Unidos, y de ese grupo, 615 no estaban sujetas a detención obligatoria, lo que las hacía elegibles para su liberación.
Desde el DHS, la respuesta fue tajante. Tricia McLaughlin, vocera de la agencia, calificó a Cummings como “un juez activista” y afirmó que su decisión “pone en riesgo directo la vida de los estadounidenses al ordenar que 615 extranjeros ilegales sean liberados en la comunidad”, según el medio citado.
