Publicado: marzo 17, 2025, 5:07 pm
En un esfuerzo por proteger los derechos de los inmigrantes y limitar la colaboración entre las fuerzas locales y las autoridades federales, el Senado de Nueva York trabaja en una ley que prohibiría a los agentes de policía, funcionarios estatales y empleados municipales investigar o divulgar el estatus migratorio de las personas. Esto marca un distanciamiento de las políticas federales como la liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El objetivo de la ley: proteger a los inmigrantes de Nueva York
El proyecto de ley, conocido como el Senate Bill S2235, fue presentado por el senador Andrew Gounardes y respaldado por una amplia coalición de legisladores demócratas. Su objetivo principal evitar que los recursos públicos se utilicen para fines de control migratorio.
Según el texto de la normativa, los agentes de policía, los funcionarios de correccionales y los empleados estatales no podrán cuestionar, investigar o detener a personas basándose únicamente en su estatus migratorio.
Además, se prohíbe la transferencia de custodia de individuos a las autoridades de inmigración, a menos que exista una orden judicial válida emitida por un juez federal.
La ley define términos clave como “autoridades de inmigración”, “aplicación de la ley de inmigración” y “detenedor migratorio”, lo que establece límites claros sobre cómo y cuándo las autoridades locales pueden interactuar con ICE. Por ejemplo, se prohíbe el uso de bases de datos gubernamentales para registrar el estatus migratorio de las personas, a menos que sea necesario para administrar un programa público o beneficio específico.
Restricciones para las fuerzas locales: cómo funcionaría la nueva ley de Nueva York
Uno de los aspectos más destacados de la ley es la prohibición expresa de que los agentes de policía y los funcionarios municipales colaboren con ICE en tareas de inmigración. Esto incluye:
- Prohibición de interrogatorios: ningún agente podrá cuestionar a una persona sobre su estatus migratorio, nacionalidad o país de origen, a menos que sea requerido por ley o necesario para administrar un beneficio público.
- Limitación en la transferencia de custodia: no se permitirá la entrega de individuos a ICE sin una orden judicial válida.
- Uso de recursos públicos: se prohíbe el uso de tiempo, personal o propiedad pública para fines de control migratorio.
Además, la ley establece que las autoridades de inmigración no podrán actuar como intérpretes en casos relacionados con la aplicación de la ley local, lo que busca evitar conflictos de interés y proteger los derechos de los detenidos.
Protección de la información personal de los inmigrantes en Nueva York
El proyecto también incluye medidas para salvaguardar la privacidad de los inmigrantes. Según el texto, los funcionarios estatales y municipales no podrán compartir información personal, como nombres, direcciones, números de seguridad social o datos médicos, con las autoridades de inmigración. Esta disposición busca evitar que el ICE utilice los datos obtenidos para llevar a cabo deportaciones.
En caso de que el ICE solicite acceso a un individuo bajo custodia local, se requerirá un formulario de consentimiento escrito en varios idiomas, en el cual se explicaría que la entrevista es voluntaria y que la persona tiene derecho a negarse o a tener un abogado presente.
Próximos pasos: cuándo podría salir esta nueva ley para inmigrantes
El proyecto se encuentra en el Comité de Códigos del Senado de Nueva York, donde se espera que sea debatido y sometido a votación en los próximos meses. Si se aprueba, el Estado del Imperio se uniría a otros adoptaron políticas similares para limitar la colaboración con el ICE, como California e Illinois.
La Senate Bill S2235 representa un esfuerzo por parte del estado de Nueva York para proteger a los inmigrantes indocumentados y limitar la influencia del ICE en las comunidades locales. Si se convierte en ley, marcaría un precedente importante en la lucha por los derechos de los extranjeros y la autonomía de los estados frente a las políticas federales.
