Ricardo Rojas, exjuez en lo criminal, se reunió con Santiago Caputo, el asesor presidencial, en Casa Rosada. El objetivo de la reunión fue proponerle ser el reemplazo de Rodolfo Barra en la Procuración del Tesoro.
Este lunes, Rojas llegó antes de las 16 a Balcarce 50. Sin embargo, el oficialismo prefirió mantener la incertidumbre sobre el tema. “Está en proceso”, dijo una fuente del Gobierno a TN, para referirse a las negociaciones que existen para que ocupe el cargo.
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“Por ahora no hay una definición, el Presidente decidirá en breve. Mañana a la mañana habrá una definición en función a los candidatos que tenemos”, agregó una alta fuente de Gobierno.
El autor de “La inflación como delito” tiene una cercanía personal e ideológica con Javier Milei: “El Presidente mantiene un estrecho vínculo con Rojas y tiene una admiración por él”. Por ejemplo, el mandatario se basó en su libro para impulsar un proyecto que pena a los funcionarios que habiliten la emisión monetaria junto con los legisladores que aprueben un presupuesto con déficit. Esas similitudes en sus pensamientos hicieron que Rojas sea el primero en la lista para ocupar el lugar de Barra.
Además, el abogado tiene trayectoria como secretario letrado de la Corte Suprema, donde trabajó entre 1986 y 1993. Fue juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 24 de la Capital Federal (2001-2006) y luego ofició como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 18 de la Capital Federal hasta 2011.
El exjuez también publicó un libro sobre Venezuela que presenta un prólogo de María Corina Machado y escribió otro con un prefacio de Adrián Ravier, el economista que integra el directorio de la Fundación Faro.
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Los motivos de la salida de Barra
La semana pasada, se dio a conocer el malestar que la Casa Rosada tenía con Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro. Integrantes del Ejecutivo lo acusaron de pasar casi la mitad del año afuera del país, en España, sin que Milei esté al tanto.
Asimismo, fue acusado de dictaminar en contra del Estado en relación con una denuncia de una empleada del Ministerio de Justicia, que exigía que le pagaran un incentivo que recibían todos los empleados contratados por el organismo a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
La cartera dirigida por Mariano Cúneo Libarona había recontratado a algunos empleados despedidos del Ministerio, pero con la condición de no pagar esa bonificación. Tras lo ocurrido, Barra debió expedirse sobre el tema y los resultados no fueron bien vistos por el oficialismo.
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