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“No sirve”: empresarios piden “motosierra” para un ente regulador que fija precios

Publicado: octubre 21, 2024, 6:00 am

POSADAS.- Buscando sumarse a la ola desreguladora que impulsa el presidente Javier Milei y que tiene como uno de sus grandes ejecutores a Federico Sturzenegger, empresarios madereros de Misiones le pidieron al gobierno provincial que elimine un ente que fija precios por la materia prima como los rollizos o el chip.

En dos cartas del mismo tenor y casi con las mismas palabras, la Asociación Maderera y Afines del Alto Paraná (Amayadp) y la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (Apicofom) le pidieron al gobernador Hugo Passalacqua que elimine el Instituto Forestal Provincial (Infopro) o lo reestructure drásticamente. Las empresas aglutinadas en estas cámaras representan más del 30% de la madera que se consume en la Argentina.

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El Infopro es un organismo provincial que se puso en marcha en 2019 con el objetivo de fijar precios mínimos para la materia prima forestal, es decir, los rollizos de madera, el chip, el raleo y otros subproductos que se extraen de los montes implantados (en su mayoría con pino y eucaliptus).

La fijación del precio de los rollizos, principalmente de pinos y eucaliptus, es una de las potestades que tiene el Infopro

Se considera que en la Argentina esta producción forestal tiene el precio más bajo del mundo, en parte porque hay una gran sobreoferta en contraste con una demanda industrial que no es tan fuerte como se preveía hace 40 o 50 años cuando empezaron a plantarse todos esos bosques. “La gestión del Infopro de fijar precios de la materia prima y subproductos no colabora con el desarrollo y crecimiento del sector forestoindustrial de la región”, señaló Amayadap en una carta firmada por su titular, el ingeniero Gabriel Marangoni.

El empresario propone como mecanismo de fijación de precios “la libre comercialización entre los actores de la cadena forestoindustrial”. El organismo “no ha logrado cumplir con sus objetivos propuestos”, dijo la misiva. Por su parte, Apicofom reiteró casi los mismos argumentos: “Consideramos que el Infopro no ha llegado a cumplir con su objetivo fundante: la defensa del pequeño productor forestal”.

La entidad argumentó que el Infopro centró su actividad “en la actualización de costos y precios de la materia prima de manera artificial” sin “considerar otras fuerzas propias del mercado, como la caída de ventas y de exportaciones”. Esa cámara también pide ir a una articulación de “las fuerzas del mercado” que componen la cadena forestoindustrial.

Piden “motosierra”

Además de que se termine la fijación de precios del Infopro -que se realiza 3 o 4 veces al año en una votación donde también intervienen representantes de estas dos cámaras- pidieron el achicamiento de las estructuras estatales. Amayadap afirmó que el Infopro “es un ente adicional que debemos financiar desde el sector privado”. Mientras que Apicofom dijo que “con los recursos obtenidos por su gestión no se verifica contraprestación alguna”.

En diálogo con LA NACION, el titular de Amayadp, Gabriel Marangoni, admitió que las críticas y reclamos al Infopro vienen de larga data, pero que ahora “con la crisis y también a tono con los nuevos tiempos”, a las dos cámaras les pareció pertinente elevar el pedido al gobernador Hugo Passalacqua.

El Infopro es un organismo provincial que se puso en marcha en 2019 con el objetivo de fijar precios mínimos para la materia prima forestal, es decir, los rollizos de madera, el chip, el raleo y otros subproductos que se extraen de los montes implantados (en su mayoría con pino y eucaliptus)

Defensa

El Infopro es un ente de derecho público no estatal, una suerte de Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), pero con rango provincial. En su seno están representados todos los eslabones de la cadena, las grandes productoras de pasta celulósica y papel (Arauco Argentina y Papel Misionero/Arcor), la industria de los aserraderos (Amayadp y Apicofom tiene un director) y también los trabajadores, las cooperativas, los productores forestales y el gobierno de Misiones.

Para fijar el precio se reúne el directorio y se vota. Las fuentes del Infopro consultadas por LA NACION destacaron que los valores se fijan siempre “por consenso”. A diferencia de lo que dicen los empresarios, no es un ente que cobra o impone algún tipo de contraprestación a las empresas forestoindustriales, pero a partir de los mayores precios pagados terminan abonando una mayor Tasa Forestal, que es un canon que cobra el Estado provincial a cada camión cargado con rollizos y subproductos que sale de los bosques y transita las rutas misioneras.

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En julio (último dato publicado) la recaudación por Tasa Forestal ascendió a 208 millones de pesos, según la página web de la Agencia Tributaria de Misiones. “El Infopro no tiene empleados, todo el directorio trabaja ad-honorem, incluyendo su presidente Hugo Escalada, tampoco tiene oficinas ya que ocupa unas que les presta otra repartición”, comentó la fuente. Escalada es un dirigente radical que fue diputado provincial y fue el impulsor del organismo que nació con fuertes resistencias de las industrias, tanto de las productoras de pasta celulósica y papel, como de los aserraderos.

La estructura del Infopro es mínima y, según el Presupuesto 2025 aprobado en la Legislatura de Misiones, el organismo insumirá 224 millones de pesos el año entrante, menos del 0,01% del total de las partidas aprobadas.

El reclamo de estas cámaras madereras llegó justo cuando el jefe del oficialismo provincial, Carlos Rovira, impulsa la creación de un ente provincial similar al Infopro para apuntalar el precio de la materia prima yerbatera (la hoja verde) ahora que perdió sus facultades regulatorias el INYM.

Algunos defensores del Infopro veían en este pedido un intento de desalentar la creación de este organismo por parte del empresariado misionero, que también se pronunció en la misma línea a través de la Confederación Económica de Misiones (CEM), que aglutina a todos los sectores, en especial a los rubros forestal y yerbatero.

“Un ente regulador provincial, no sirve”, repiten los empresarios, casi advirtiendo al Gobierno y la Legislatura que no avancen con el intento por regular al sector yerbatero.

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