Publicado: noviembre 19, 2026, 7:04 pm
El 10 de noviembre de 2026, Arsen Gevorgyan, empresario de 46 años y cabeza de lista de Armenia Fuerte, murió en la prisión de Nubarashen, en Ereván, veinte días después de su detención. Según el Servicio Penitenciario, su estado «se deterioró», un sanitario le dio primeros auxilios, se llamó a una ambulancia a las 7.55 y a las 8.30 se certificó su muerte, sin quejas de salud. Sus abogados sostienen que los médicos llegaron con retraso y solo entraron en su celda cuando ya había fallecido.
La ministra de Justicia, Srbuhi Galyan, afirmó que «estos casos ocurren en todo el mundo», citando más de veinte muertes en prisiones armenias en 2025 frente a cuatro en 2026, cifras que en un sistema tan pequeño son un síntoma.
La cronología oficial confirma la defensa: lo atendió un sanitario y no un médico, la ambulancia llegó a las 8.10 y los médicos «fueron admitidos en el centro cuando, en la práctica, ya había fallecido». Pasó más de media hora hasta la ambulancia y cincuenta minutos hasta el electrocardiógrafo, sin que las cámaras aclaren qué pasó en la celda. Aunque hubo autopsia y la Defensora Anahit Manasyan exigió «una investigación exhaustiva», las pesquisas vienen de quienes lo encerraron.
Detenido el 21 de octubre por presunta compra de votos —acusación que negó—, Gevorgyan recibió dos meses de prisión preventiva por un delito no violento pese a tener domicilio y negocio. La diputada opositora Kristine Vardanyan responsabilizó a quienes se burlan de la salud de los presos, recordando al exministro Gagik Khachatryan, de 71 años, sacado en camilla el 1 de septiembre. Tras la muerte, la oposición acusó al Ejecutivo: «Toda la responsabilidad por la muerte de Arsen Gevorgyan recae sobre [el primer ministro armenio Nikol, nota del editor] Pashinyan y su Gobierno».
Su detención forma parte de una campaña desde el verano de 2025 que las capitales europeas se niegan a llamar por su nombre: causas contra candidatos de Armenia Fuerte, arrestos de Gagik Tsarukyan y Robert Kocharyan, y un proceso contra el catolicós Karekin II. Según Brussels Signal, al menos cuarenta personas políticamente hostiles han sido detenidas desde 2023.
En EUobserver, David Grigorian, de Harvard, señala que antes de las elecciones de junio la Comisión Europea declaró apoyar «firmemente» a Pashinyan y anunció 50 millones de euros; tras unos comicios considerados amañados, amplió compromisos hasta 2.500 millones e impulsó el diálogo sobre visados. Pese a las irregularidades de la OSCE/OIDDH, entre funcionarios europeos el argumento era: «Está alejando a Armenia de Rusia». Aktuálně.cz señala que la UE «no desea pronunciarse», y Brussels Signal escribió en octubre que «Bruselas ha permanecido en silencio» ante una oposición con un tercio de los votos.
Protothema, resumiendo a Todor Belenski, observó que Human Rights Watch y Amnistía Internacional callaron sobre este verano armenio, mientras que BBC, CNN, The Guardian y The Independent no difundieron «ni siquiera una breve noticia, ni siquiera sobre el incidente de la camilla». Un criterio uniforme, concluye el autor, implicaría que la reacción estuviera «determinada por la gravedad del acontecimiento, y no por quién es responsable de él y quién termina beneficiándose del silencio». Sin embargo, no llegó respuesta de Bruselas.
El 11 de noviembre, diputados de Armenia Fuerte protestaron frente a la Delegación de la UE en Ereván bajo el lema «Justicia para Arsen Gevorgyan» y entregaron una carta al embajador Vassilis Maragos pidiendo apenas una respuesta pública, como la emitida en horas sobre Azerbaiyán, Georgia o Bielorrusia, sin pronunciamiento.
Pero el silencio también es una postura. Cada detención injusta en Armenia sin respuesta de la UE en Bruselas enseñó a quienes ejecutaron la siguiente la misma lección: una vez más, no habría consecuencias. Arsen Gevorgyan pagó el precio de esa lección.
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