Publicado: octubre 21, 2026, 5:50 pm
El Gobierno de Cuba ha calificado este miércoles de «acto infame» la orden de arresto emitida por la Justicia de Florida contra el expresidente Raúl Castro y ha advertido de que Estados Unidos «tendrá que cambiar» su política hacia la isla, en medio de una escalada de tensiones entre ambos países.
El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, ha asegurado durante una rueda de prensa que la orden de arresto contra Castro «no tiene ningún valor legal ni ético ni práctico». Asimismo, ha acusado a la Administración de Donald Trump de impulsar medidas destinadas a «incrementar la asfixia» y «cerrar toda válvula de escape» a la población cubana.
Rodríguez ha reconocido que en los próximos meses podrían producirse nuevas actuaciones de Washington contra La Habana, pero ha defendido que la política estadounidense acabará cambiando, ya sea «con este Gobierno o con el siguiente, o con el próximo». El canciller ha apelado a la «resistencia victoriosa» del pueblo cubano y ha asegurado que la mayoría de los estadounidenses se opone al sufrimiento impuesto a las familias de la isla.
Las declaraciones llegan después de que la Fiscalía de Florida obtuviera este lunes una orden de arresto estatal contra Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado, relacionada con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un ataque en el que murieron cuatro personas.
La investigación fue reabierta el año pasado por orden del fiscal general de Florida, James Uthmeier, para esclarecer la presunta participación de Castro, que entonces ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El expresidente cubano, de 95 años, también fue acusado formalmente en mayo por la Justicia federal estadounidense por su supuesta implicación en los hechos.
Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos atraviesan uno de sus momentos de mayor tensión en décadas, marcadas por la profunda crisis económica de la isla y la política de «máxima presión» impulsada por Washington desde comienzos de 2026, que incluye restricciones al suministro de petróleo y sanciones destinadas a disuadir a las empresas extranjeras de operar en el país.
