Publicado: noviembre 27, 2025, 10:22 am
El Gobierno de España quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra la pobreza infantil, un problema estructural que afecta a cerca del 30% de los hogares con menores, según los últimos datos de Eurostat. Con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, el Consejo de Ministros aprobó una declaración en la que subraya la importancia de garantizar que todos los niños puedan desarrollarse con libertad, dignidad y autonomía.
Además de la declaración, se plantean medidas como la creación de una prestación universal por crianza, una ayuda de 200 euros mensuales por hijo hasta los 18 años, propuesta por la coalición Sumar y el Ministerio de Juventud e Infancia. Dicha medida busca reemplazar el actual sistema asistencial, que no alcanza de manera uniforme a todas las familias, y reducir de forma significativa la tasa de pobreza infantil.
La idea de una ayuda «para todos»
La idea de universalidad es, sin duda, lo más importante. Todas las familias podrían recibir la ayuda, sin importar su renta ni su situación laboral, lo que eliminaría barreras burocráticas y garantizaría que ningún niño quede fuera de la protección social. Actualmente, muchas familias que podrían beneficiarse de deducciones fiscales o del ingreso mínimo vital no lo hacen, ya sea por desconocimiento o por no cumplir con requisitos administrativos.
No obstante, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado la necesidad de evaluar antes los mecanismos existentes para evitar duplicidades y asegurar que los recursos se empleen de manera eficiente. Según Montero, las ayudas actuales han permitido que España superase crisis económicas recientes, lo que demuestra que «los instrumentos vigentes son útiles, aunque pueden requerir ajustes».
Y es que esta propuesta de prestación universal también se enmarca en un contexto europeo, donde España figura entre los países con mayor riesgo de pobreza infantil, solo por detrás de Bulgaria, Grecia y Rumanía. Otros Estados miembros ya cuentan con ayudas universales de crianza, que en algunos casos superan los 200 euros al mes por hijo, y destinan un mayor porcentaje de su PIB a protección social de la infancia.
Cabe aclarar que la ayuda sigue siendo una propuesta. Aún no existe normativa que la regule, no hay tramitación parlamentaria que la haya aprobado, ni es posible solicitarla, pues es necesario que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondientes. Tampoco hay fecha fija para su entrada en vigor.
Otras medidas para la protección de la infancia
Además de la dimensión económica, la declaración institucional del Gobierno también aborda la protección de los menores frente a la violencia y la explotación. Se destacan iniciativas como la ampliación de la Ley de Protección a los Menores frente a la Violencia (LOPIVI) y la regulación de los entornos digitales para prevenir riesgos como el ciberacoso o la explotación económica de menores.
La protección se centra especialmente en los niños más vulnerables, incluidos menores tutelados, migrantes no acompañados y otros grupos en riesgo de exclusión, con el objetivo de garantizar derechos universales sin discriminación.
