Publicado: agosto 22, 2025, 9:08 am
Las llamadas comerciales y de spam son probablemente la razón por la que te lo piensas dos veces antes de coger el teléfono. Hoy día, no cabe duda de que es uno de los problemas más molestos para los consumidores en España. Ante esta situación, desde junio de 2023, el artículo 66.1 de la Ley General de Telecomunicaciones prohibió expresamente este tipo de comunicaciones sin consentimiento previo.
Sin embargo, la práctica no deja de ser habitual, según una encuesta de Facua, para 2024, un año después de la entrada en vigor de la medida, el 98 % de los usuarios aseguró seguir recibiendo este tipo de llamadas, muchas de ellas repetitivas y en horarios poco apropiados. Y para empeorar la situación, no se hace nada debido a la escasa cantidad de denuncias presentadas (solo un 2,1 % de los afectados llega a formular una queja formal).
No hay consecuencias sin denuncias
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es el organismo con competencias para actuar en estos casos, tal y como establece el artículo 114.1.b de la propia Ley General de Telecomunicaciones. Este organismo tiene potestad para investigar y sancionar a las compañías que insisten en realizar llamadas spam, pero su intervención suele producirse únicamente cuando existe una denuncia acompañada de pruebas.
El abogado digital Eduard Blasi, especialista en protección de datos, ha señalado para Newtral que, pese a la existencia de una norma clara, las empresas aprovechan la baja tasa de denuncias para seguir utilizando estas prácticas como estrategia de captación, asumiendo que el riesgo de sanción es mínimo frente al beneficio potencial.
Las empresas deben registrar sus prefijos
Ante la situación, el Ministerio de Consumo ha propuesto reforzar la normativa obligando a las empresas a registrar los prefijos que utilizan. De esta forma, los números no registrados podrán ser bloqueados, lo que ayudaría a reducir la circulación de llamadas fraudulentas o no autorizadas.
Las sanciones por incumplir varían en función de la gravedad de la infracción, el número de llamadas realizadas y la duración de la práctica. Un caso reciente muestra que una compañía fue multada con 30.000 euros por menos de 50 llamadas a usuarios inscritos en la Lista Robinson, un sistema de exclusión publicitaria que debe consultarse antes de realizar comunicaciones comerciales.
La existencia de este sistema no implica que quienes no estén inscritos pierdan su derecho a la privacidad: si no existe consentimiento expreso, cualquier llamada de este tipo puede ser sancionada.
¿Cómo presentar una denuncia de llamadas spam?
Según datos de Facua, apenas un 9,9 % de los consumidores sabe cómo tramitar una queja formal. La AEPD exige aportar información precisa para abrir una investigación. Por ejemplo, capturas de pantalla del número llamante, grabaciones de la llamada, identificación de la línea receptora y, en algunos casos, documentación que acredite que la persona afectada es titular del servicio.
Existen varias recomendaciones para reducir el riesgo de recibir spam telefónico. En primer lugar, conviene prestar atención a los formularios online y evitar marcar casillas de consentimiento de forma automática. También es importante conocer el derecho a oponerse. Al recibir la primera llamada, el usuario debe ser informado de cómo ejercer esa oposición y obtener un número de referencia de la misma.
