Publicado: diciembre 11, 2025, 3:01 am
El Consejo de Ministros de Pesca de la UE (Agrifish) de los próximos 11 y 12 de diciembre no es una cita más en el calendario comunitario, es el encuentro en el que se decide, con cifras concretas, qué margen tendrá en 2026 la flota española para operar en las aguas de la Unión Europea (UE), incluyendo el caladero nacional y otras aguas comunitarias. Teniendo en cuenta que nuestra flota realiza cerca de un 40% de sus capturas en aguas de la UE, este Consejo determina en buena medida la capacidad para generar actividad, empleo y alimento saludable de una de las grandes economías pesqueras de la Unión.
En la negociación se fijan los Totales Admisibles de Capturas (TAC) de numerosas especies clave en aguas comunitarias y los días de pesca para los barcos de arrastre del Mediterráneo y conviene recordarlo: detrás de cada tonelada autorizada o recortada no hay una estadística, sino barcos faenando o amarrados, tripulaciones con jornadas o en el paro, y puertos que viven o se apagan, según el pulso de la actividad extractiva.
España afronta estas decisiones esta semana con incertidumbre y preocupación. Las propuestas de reducción de las cuotas de abadejo en el Cantábrico Noroeste o de cigala en el Golfo de Cádiz tienen en tensión al sector. Pero la preocupación mayor la tenemos por la propuesta de la Comisión Europea para el Mediterráneo, donde, como punto de partida, propone una reducción del 65% de los días de pesca de los 557 buques de arrastre españoles, es decir, un punto de partida de 9,6 días de pesca de media por barco. El plan plurianual de gestión pesquera del Mediterráneo Occidental, que se aplica desde el año 2020, ha llevado a la flota de arrastre a un punto límite. Nuestros pescadores llevan años realizando un esfuerzo notable de adaptación, inversión y cumplimiento, y ese compromiso debe reflejarse en decisiones equilibradas y basadas en hechos, recompensando los esfuerzos del sector.
Por eso, la negociación debe conjugar sostenibilidad y viabilidad, porque sin la segunda no es viable la primera. La fijación anual de TAC y cuotas no puede ignorar tres principios. Primero, el rigor científico, incorporando la mejor evidencia disponible y actualizada. Segundo, una visión socioeconómica realista, porque la Política Pesquera Común (PPC) y la normativa aplicable obligan a considerar el impacto en las comunidades costeras. Y tercero, la cadena de valor de la pesca. La actividad no termina en el desembarque, sino que se extiende a la lonja, a la industria transformadora, a los comercializadores, al transporte, a la industria del frío, los suministros, los astilleros, la reparación naval y un entramado de pymes que genera economía y cohesión territorial.
Cuando se aplican recortes desproporcionados o decisiones arbitrarias, el daño se multiplica. Para el armador, supone incertidumbre y dificultad para planificar campañas, inversiones y financiación. Para el pescador, menos días de mar, menos ingresos y menor atractivo para el relevo generacional. Pero, además, para las industrias auxiliares, menor carga de trabajo y pérdida de competitividad frente a terceros países y para el consumidor, menos oferta de producto, mayor dependencia de importaciones con menor trazabilidad y, en un contexto inflacionario, presión al alza sobre los precios.
España necesita que este Agrifish reconozca el valor estratégico de la pesca como generadora de empleo, economía azul y soberanía alimentaria. Pedimos decisiones basadas en ciencia, sí, pero también proporcionalidad, estabilidad y una transición que no deje atrás a nadie. Está en juego el futuro de un sector que quiere seguir siendo parte de la solución.
