Publicado: noviembre 8, 2026, 9:11 am
Las demandas por despido han alcanzado un máximo histórico, una evolución que los expertos relacionan, entre otros factores, con el récord de población asalariada y con una mayor estabilidad del empleo, con más contratos indefinidos que obligan al despido para su extinción.
Las demandas por despido presentadas en los juzgados de lo Social ascendieron a 45.230 en el segundo trimestre del año, lo que supone un aumento del 11,2% con respecto al mismo periodo de 2025 y un récord de la serie histórica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Según el informe Efecto de la crisis en los órganos judiciales, el número de demandas por despido ha superado las 41.878 contabilizadas en el primer trimestre de 2013, en plena crisis financiera, y las 41.597 del tercer trimestre de 2020, en el momento más duro de la pandemia. Además, en el segundo trimestre del año los juzgados de lo mercantil registraron 97 expedientes de regulación de empleo (ERE), un 2,1% más que en el mismo periodo del año anterior, pero muy por debajo de las cifras registradas durante la crisis económica.
Atendiendo a los datos del Ministerio de Trabajo, también se observa un incremento de los despidos colectivos, con 1.947 trabajadores implicados en uno en agosto, un incremento del 30,5% respecto al mismo mes de 2025, con un total de 66 empresas implicadas. La mayor parte de esos despidos colectivos, 1.692, se dieron en el sector servicios, con 592 trabajadores afectados más; y especialmente en la hostelería, con 670 empleados implicados; en las actividades administrativas y servicios auxiliares, con 453; o en las telecomunicaciones, con 209.
La mitad de los afectados trabajaban en empresas medianas o pequeñas, sin embargo sólo seis compañías con más de 250 trabajadores despidieron de forma colectiva a mas de 750 personas. Respecto a la causa alegada en los despidos, la mayor parte fueron económicas o técnicas y, dentro de las primeras, por pérdidas actuales, con casi 500 trabajadores afectados.
Aunque los datos van oscilando en función de los meses, hay una tendencia al alza en los datos anuales, con un incremento de los despidos del 10,2 % en todo el 2025, hasta un total de 41.200 trabajadores afectados.
Más empleo y mayor estabilidad
Tras los datos, hay varios aspectos que se deben tener en cuenta, según explica a Efe Francisco Artacho, socio del Área Laboral de KPMG Abogados, que apunta al aumento del número de asalariados. Artacho señala que también han tenido un impacto en la litigiosidad el incremento de los despidos colectivos y los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), así como algunas novedades normativas en materias de conciliación familiar, condiciones retributivas o igualdad.
Añade que la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introduce mecanismos y cambios procedimentales en distintos órdenes jurisdiccionales, incluido el social, que también han implicado nuevas actuaciones procesales que requieren un proceso de adaptación.
Otro factor es el volumen de asuntos y la insuficiencia de recursos en determinados territorios, que provocan retrasos que pueden llegar a situar la primera instancia de los juicios por despido o en otras materias a tres años vista, lo que dificulta la tutela judicial efectiva.
Por otro lado, un estudio elaborado por CCOO apunta a la posibilidad de que se esté produciendo un trasvase de los despidos colectivos a despidos individuales. Y advierte de cómo el aumento de la población asalariada y de la estabilidad del empleo derivado de la reforma laboral, con un incremento de contratos indefinidos, puede estar elevando las reclamaciones de despido por encima del alza del empleo.
«Esto tiene que ver con las expectativas de una mayor indemnización por despido derivada de la mayor antigüedad en las empresas», explica CCOO, si bien advierte de que las cuantías de dichas reclamaciones «son muy bajas». Por ello, tanto CCOO como UGT reclaman una reforma del despido, para cumplir con la carta social europea, que recuperen su carácter disuasorio, con salarios de tramitación, que fijen una cuantía mínima y posibiliten que los tribunales puedan fijar indemnizaciones superiores para reparar el daño causado y acreditado.
