Publicado: diciembre 25, 2025, 5:30 am
Cuando la medianoche del próximo 31 de diciembre suene la última de las doce campanadas y millones de españoles estén masticando -con suerte- la duodécima uva, los Presupuestos Generales del Estado de 2023 se prorrogarán de forma automática por tercer ejercicio consecutivo y pasarán a convertirse en los más longevos de la historia. Ese ‘título’ lo ostentaban, hasta ahora, los aprobados para el ejercicio 2018 por Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda con el PP.
En los siete años que Pedro Sánchez lleva en la Moncloa sólo ha podido sacar adelante tres proyectos de cuentas públicas ante la falta de apoyos suficientes en el Congreso. El pasado 1 de octubre el Ejecutivo incumplía de nuevo la obligación constitucional (artículo 134.3) de presentar ante el Congreso los Presupuestos «al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”, si bien en otras ocasiones sí que han llegado a presentarse fuera de plazo.
En 2024, el Gobierno justificó la prórroga de las cuentas de 2023 por el adelanto electoral en Cataluña (los comicios se celebraron el 12 de mayo del año pasado), al entender que la cita modificaba por completo el tablero político. El año pasado renunció a presentar un proyecto ante la imposibilidad de garantizarse apoyos suficientes entre sus socios de investidura y esto mismo ha impedido, de nuevo, que los de 2026 puedan salir adelante en tiempo y forma.
El Congreso de los Diputados rechazó por segunda vez el pasado 11 de diciembre la senda de déficit y deuda pública propuesta por el Gobierno de cara a los Presupuestos del año que viene. Al igual que dos semanas antes, los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN fueron suficientes para tumbar los objetivos de estabilidad, paso esencial para poder iniciar la tramitación de las cuentas públicas. Con todo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejó claro que seguiría adelante con los trabajos presupuestarios.
Su ministerio se ampara en un informe de la Abogacía del Estado que permite seguir adelante con la tramitación del proyecto utilizando los objetivos de déficit remitidos a Bruselas en el plan Fiscal y Estructural a medio plazo de 2024. Son unas metas más restrictivas para las comunidades autónomas, dado que les exigen despedir el próximo año en equilibrio presupuestario (déficit cero), frente al margen de una décima de déficit que les otorgaban los presentados recientemente por Montero.
Techo de gasto récord y un entorno diferente al de 2022
La ‘número dos’ del Ejecutivo prevé llevar las cuentas a la Cámara Baja hacia el mes de febrero, por lo que la aprobación definitiva -en caso de producirse- no tendría lugar hasta bien entrado el año. Entonces se conocerá el destino en detalle, partida a partida, de los 216.177 millones de euros de gasto no financiero que el Gobierno ha proyectado, el más elevado hasta la fecha, y que asciende a 212.026 millones excluyendo los 4.151 millones de fondos europeos. Este montante, que aumenta un 8,5% con respecto al techo de gasto previo, bebe de una recaudación tributaria que se prevé también histórica al cierre del presente ejercicio.
El tirón del empleo y del consumo han permitido que los ingresos por impuestos alcancen los 278.570 millones de euros hasta octubre, de acuerdo con el último informe mensual de recaudación publicado por la Agencia Tributaria (AEAT). Lo cierto es que la situación actual dista mucho de la que el país atravesaba en diciembre de 2022, cuando las cuentas vigentes fueron aprobadas definitivamente por el Senado, que no incorporó ninguna enmienda al proyecto.
Entonces, el país se encontraba inmerso aún en la crisis inflacionaria (la tasa anual de IPC se situó de media en el 8,4%) y energética y, si bien el PIB había crecido un 6,4% ese ejercicio por los efectos, aún, de la desescalada de la pandemia, la deuda pública se situaba aún en el 109,3% del PIB y el Banco Central Europeo había incrementado ya los tipos de interés hasta el 2,5% (llegaría a colocarlos en el 4,5% apenas unos meses después).
Las falta de cuentas limita la capacidad para reducir la deuda
En su informe de Estabilidad Financiera de otoño, el Banco de España advertía de que la falta de Presupuestos supone un límite para imponer medidas fiscales que ayuden a reducir la ratio de endeudamiento de las Administraciones Públicas. «La reducción del endeudamiento público en España, y también en el conjunto del área del euro, afronta desafíos importantes. Su evolución está sujeta a riesgos al alza vinculados al envejecimiento de la población y las necesidades de gasto para la transformación digital, el cambio climático y la defensa», sostiene la entidad capitaneada por José Luis Escrivá.
No es el único organismo que se ha pronunciado en este sentido. También lo han hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal o el Fondo Monetario Internacional, pese a que este último se ha sumado a la cascada de revisiones al alza de las previsiones económicas que se han dado a conocer recientemente y que sitúan el crecimiento de la economía nacional al cierre de este año muy próximo al 3%.
